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Desde Santa Fe
El fiscal federal Walter Rodríguez apeló ayer ante la Cámara Federal de Rosario una resolución del juez Marcelo Bailaque –a cargo del Juzgado Federal Nº2 de Santa Fe– que benefició con falta de mérito a 18 directivos de siete empresas investigadas por supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud” en el Parque Industrial de Sauce Viejo. La decisión plantó interrogantes y sospechas. Uno de los hechos está a la vista. El 19 de diciembre de 2019, el fiscal Rodríguez solicitó una medida cautelar y la clausura preventiva de las bocas contaminantes de esas empresas –que vuelcan sus efluentes a un desagüe pluvial en la zona norte del Parque-, lo fundamentó en razones de urgencia y en la necesidad de “hacer cesar el estado antijurídico advertido como consecuencia del delito de contaminación ambiental”. Bailaque dictó la cautelar en los papeles, pero en la práctica nunca ejecutó la orden, al punto que aún se discute ante la Cámara Federal, que tampoco resolvió. Ahora, a casi dos años del siga-siga, el juez benefició a los 18 empresarios con falta de mérito al considerar que “no se ha podido establecer una relación directa y objetiva entre los imputados y los hechos por los cuales fueron indagados”, escribió.
La carátula de la causa es: “Envenenamiento y adulteración de aguas”, invoca el artículo 55 de la ley de Residuos Peligrosos que pena la supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud” con tres a diez años de cárcel. En diciembre de 2019, el fiscal Rodríguez pidió el allanamiento del Parque Industrial, aseguró pruebas de los volcamientos de efluentes a un desague pluvial a cielo abierto en la zona norte –que desemboca en el río Coronda-, convocó a expertos y científicos de la Universidad del Litoral y el Conicet que analizaron las muestras.
De las nueve empresas que estaban bajo la lupa, se probó que una no contaminaba. Otra fue la contracara de las demás porque sus tres directivos –después de las indagatorias- pidieron un proceso abreviado y acordaron con el Ministerio Público inversiones millonarias para construir una planta de tratamiento de efluentes industriales y reparar el daño ambiental. De esa manera, quedaron excluidos del juicio.
Las otras siete empresas no imitaron el ejemplo. Así que ahora, el juez Bailaque benefició con falta de mérito a los 18 directivos de esas firmas, a pesar de que la cautelar que había pedido el fiscal Rodríguez en diciembre de 2019 para clausurar las bocas contaminantes, nunca se cumplió. El magistrado nunca ejecutó la orden y la Cámara tampoco se expidió.
En la apelación, el fiscal Rodríguez planteó seis agravios con los que impugnó la falta de mérito a los 18 empresarios. Advirtió un desconocimiento alarmante del juez acerca del contexto en el que ocurrieron los hechos. Planteó que la valoración del magistrado parece reflejar una realidad distinta a las pruebas de la causa. Lamentó que Bailaque se hubiera inclinado de manera arbitraria a favor de las conclusiones de los peritos de parte, designados por los imputados. Y al mismo tiempo, que hubiera omitido toda referencia sobre las conclusiones del perito oficial.
El fiscal alertó que Bailaque tampoco consideró otra prueba clave: la “absoluta e injustificada informalidad” en la que operaran las empresas. Cuando se realizaron los allanamientos y la toma de muestras de los efluentes volcados en el desagüe pluvial a cielo abierto ninguna de ellas tenía “autorización de volcamiento” extendida por autoridades competentes.
Otro agravio del Ministerio Público es que el juez arriesgó un juicio de valor antojadizo y dubitativo acerca de la labor del perito oficial y su dictamen técnica que versa sobre una ciencia extraña al conocimiento jurídico. Es evidente –insistió Rodríguez- que Bailaque incurrió una arbitraria valoración de la labor de los expertos y hasta adoptó una postura sobre el tema sin fundamentos jurídicos.
Uno de los testigos de la causa es el director del Instituto de Limnología, doctor Pablo Collins, investigador del Conicet, docente universitario. En las muestras de los efluentes industriales -reveló el científico- “se observan una alta concentración de materia orgánica que va a generar problemas de eutrofización en el río Coronda con potenciales crecimientos de algas que generan toxinas. Y valores muy altos en coliformes fecales que pueden provocar enfermedades gastroentéricas”.
