A principio de los 90, durante la fiesta de privatizaciones de empresas públicas, los gobiernos de Carlos Menem en la Nación y de Carlos Grosso en la Ciudad de Buenos Aires vendieron a precio vil a un grupo de feriantes parte de la plaza Salvador María del Carril, en Retiro, que el Estado le había cedido a la Ciudad en 1924. La venta ilegítima de ese terreno en una de las zonas más caras de CABA, donde hoy funciona el “Paseo de compras Retiro”, derivó en una causa penal que se elevó a juicio en 2017. La novedad es que, invocando los casi 30 años transcurridos, Grosso pidió la prescripción de los delitos, planteo que rechazó el fiscal federal Diego Velasco. La última palabra la tendrán los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, que debería conducir el juicio en el que también está imputado el ex ministro Domingo Cavallo.

La causa se inició en 2001 a partir de una denuncia del titular adjunto de la Defensoría del Pueblo porteño, Antonio Elio Brailovsky. El trasfondo de la maniobra fue el decreto 1757/90 de reforma del Estado y emergencia económica, que ordenó regularizar inmuebles estatales en condiciones de ser vendidos. El paso siguiente fue de Grosso: un decreto en la misma línea que en 1990 ordenó desafectar los inmuebles que funcionaban como centros de abastecimiento municipal (CAM) y otro de 1991 que dispuso la venta directa de los mismos y de mercados comunitarios enumerados en un anexo que incluían el predio en cuestión.

El problema era que el terreno había sido cedido a la Ciudad en uso precario para crear una plaza y, según el código de planeamiento urbano, se trataba de una “Urbanización parque” destinada a espacios verdes o parquizados de uso público, por lo que la municipalidad sólo podía autorizar obras que no alteraran ese carácter. Pero nada frenó el negocio. El predio se vendió a la empresa Nuevo Retiro SA por 400 mil dólares a través de un mecanismo excepcional de venta directa, sin que haya constancias de desafectación previa del bien de dominio público del Estado Nacional.

La causa tuvo un largo recorrido y, además de Cavallo y Grosso, tiene como imputados a María Fernanda Márquez Miranda, ex funcionaria del Ministerio de Economía, y a Luis Herminio Villamil, comprador por Nuevo Retiro SA. El fallecido juez Norberto Oyarbide los indagó en 2006 y los sobreseyó en 2007. Al año la Cámara Federal revocó esa resolución y los procesó (incluido al también fallecido Menem) por “defraudación en perjuicio de la administración pública”. Casación suspendió el trámite por un planteo de prescripción, que finalmente desestimó en 2012. En 2016 la fiscalía pidió la elevación a juicio y el expediente llegó al TOF 7 en 2017. En marzo de 2018 citó a las partes a juicio y tres años después, la semana pasada, comenzó la instrucción suplementaria. Fue en esa instancia que Grosso pidió la prescripción de los delitos por violación de la garantía del plazo razonable. El fiscal Velasco se opuso y ahora deberán pronunciarse los jueces.