Los ediles de la ciudad de Salta crearon el Programa de Regularización e Integración de barrios populares después de que el proyecto estuviera más de un año en las distintas comisiones. La iniciativa fue llevada adelante por el concejal José García (Yo Participo), quien aseguró que se trata de una herramienta más para dar cumplimiento a la Ley Nacional N° 27.453, que establece el Regimen de regularización dominial para la integración socio urbana.

Durante el tratamiento del proyecto estuvieron distintos representantes de la Mesa de Barrios Populares de la Capital que mantuvieron a fines de septiembre una reunión de trabajo con funcionarias de la gestión de la intendenta Bettina Romero y los propios concejales. Por ello, García dijo sentir una "felicidad muy grande", debido a la tarea que vienen llevando adelante "en la defensa de los barrios populares, no sólo de la ciudad, sino también de la provincia y el país".

Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que nació bajo el decreto nacional 358/17, en el departamento Capital existen 46 barrios populares; aunque 7 de ellos, bajo la jurisdicción del municipio de San Lorenzo. Algunos de esos se constituyeron hace más de dos décadas y todos carecen de servicios esenciales como el agua potable, el saneamiento y la luz eléctrica. 

"Los vecinos siempre pidieron la posibilidad de que se busque la forma y la manera de tener obras estructurales, en definitiva, poder mejorar su calidad de vida", aseguró el edil, que renovará su banca durante los próximos dos años. Por eso, García insistió en la legislación nacional que "apareció para eso"; reconociendo que para que "funcione" es preciso que como legisladores "se hagan las tareas, se generen herramientas" que la pongan en marcha. 

En ese sentido, agradeció a funcionarios nacionales que mantuvieron un encuentro mientras se diseñaba el proyecto, ya que con este programa la ciudad de Salta "es la primera de Argentina, en legislar de la mano de la ley nacional". García afirmó que la nueva ordenanza no va a generar un cambio inmediato, pero sí se convierte en un "complemento frente a la tarea que se viene realizando", dado que le brindará a la ciudad "la posibilidad de tener orden y control y, lo más importante, una continuidad en el tiempo" para los vecinos. 

Por su parte, la concejala del Frente de Todos Laura García, subrayó los fondos nacionales que se están enviando al municipio a través del Fondo de Integración Socio Urbana. Esto posibilitó que distintos barrios que están dentro del Renabap cuenten con obras, como la instalación de redes de agua y cloacas, de alumbrado público, pavimento y cordón cuneta. Actualmente 3 barrios son beneficiarios: Sanidad 2,  23 de Agosto y Juan Manuel de Rosas. 

Por eso, la concejala exigió que la nueva ordenanza se ponga en vigencia, porque "de qué sirve que le demos una herramienta más a la Municipalidad", cuando hay "tantas ordenanzas que no se aplican". En la misma línea estuvo la edil Rosa Herrera (Partido Propuesta Salteña), quien aseguró que el gobierno de Romero cuenta con una nueva norma para que ejecute de manera más efectiva los fondos nacionales.

Sostuvo que para ello tiene que haber "una posición política de Estado", en la que se priorice mejorar los barrios populares, que "existen, son una realidad, tienen una necesidad" porque hoy "no tiene servicios esenciales", señaló Herrera. 

Por más microcréditos 

En la sesión también se aprobó el proyecto de ordenanza de la concejala Paula Benavides (Salta Independiente), que propone crear el Fondo Municipal de Apoyo y Promoción de microemprendimientos productivos, que se llamará "Mi Emprendimiento". La edila sostuvo que se trata un "importante proyecto" que surge de las consecuencias que viene dejando la pandemia, ante el abrupto cierre de puestos laborales. 

"Se reclama la necesidad de llevar el pan a sus casas, de tener trabajo", señaló la concejala. La iniciativa fue una propuesta que realizó durante su campaña en la que salió victoriosa, por lo que volverá a ocupar una banca en el Concejo. Aseguró que se debe fomentar el comercio para erradicar la creciente informalidad del trabajo que se registra en la ciudad. "Hay que tratar de volver a la legalidad", afirmó. 

En ese sentido, el Fondo posibilitará la entrega de hasta 12 salarios mínimos, dependiendo de las distintas propuestas que se presenten. El dinero permitará la compra de herramientas, insumos, mejoras  de infraestructura, o el desarrollo de oficios independientes. Los montos saldrán de un porcentaje de los ingresos no tributarios, que podrá ser hasta de un mínimo de 5%, que equivale a 10 millones de pesos.  

La gestión de Romero ya viene trabajando con microcréditos, a través del Programa Municipal de Microcréditos para Mujeres Emprendedoras, que tiene como objetivo promover la autonomía económica de las mujeres. Por eso, para Benavides, su iniciativa permitirá que también se pueda llegar a hombres jóvenes y mayores, que tengan un proyecto o un oficio. "Es un crédito que tiene un fin social, que se apoya en el trabajo autogestivo y que promueve la economía social y solidaria", afirmó. 

Durante la sesión, también se aprobó la renuncia de Susana Pontussi (PARES), quien fue nombrada a inicios de este mes como interventora de la Subsecretaría de Espacios Públicos del municipio.