La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Carolina Poma Salvadores, condenó al capataz de la empresa La Moraleja, Higinio Ernesto Sánchez, a dos años de prisión condicional por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una trabajadora rural. La pena condicional implica que no irá preso, sino que queda en libertad y deberá acatar una serie de medidas impuestas, entre ellas, la de capacitarse en género.
La denunciante, A.R., manifestó ante Salta/12 su desacuerdo con "el hecho de que (el agresor) ande por ahí" en libertad. Dijo que esta condena "no detendrá al resto de capataces, (no impedirá) que sigan haciendo lo mismo a las mujeres, cualquiera se sentirá con derecho porque no lo condenan como tiene que ser". La trabajadora había expresado antes que radicó la denuncia para poner un freno a este tipo de violencias que se ejerce en empresas rurales como La Moraleja.
"Ya me habían explicado que sería poca la condena que se le daba por abuso sexual simple. No va a estar encerrado, lo primero que va a hacer será burlarse. Para mí está bien que lo hagan capacitarse en género, para que aprenda sobre el trato que debe tener con las mujeres", expresó. Consideró que Sánchez por lo menos debería haber sido sometido a prisión "domiciliaria", dijo que tiene miedo de que tome represalias contra ella o su familia. La Fiscalía calificó el hecho como abuso sexual simple, pese a que la denunciante contó que estos delitos fueron continuados durante tres años y que le provocaron daños en su salud psicológica hasta la fecha, y por lo que además quedó sin trabajo.
A.R. contó que en el juzgado ya le habían advertido que la condena a Sánchez sería difícil por tratarse de un capataz de La Moraleja, "una empresa grandísima", y con poder en la zona. Además, dijo que le señalaron que no tenía testigos directos, "cómo me pueden pedir un testigo directo", lamentó. Y describió que precisamente, cuando ella estaba trabajando con sus compañeras, el capataz buscaba el momento para mandarla "a otro lado sola, me decía que eran órdenes del ingeniero, me mandaba a despuntar pimientos, pelones. Yo iba a hacer ese trabajo que me ordenaba y ahí aprovechaba él". Indicó que presentó un papel manuscrito por el capataz con un mensaje que dejó "me decía 'te amo y cuánto me gustaría estar con vos'", pero luego el ahora condenado no quiso someterse a la prueba caligráfica y tampoco, a la pericia psicológica.
La sentencia ordena a Sánchez fijar domicilio en el radio del tribunal por el término de dos años. Además, le prohíbe acercarse al domicilio de la denunciante y su grupo familiar y ejercer cualquier tipo de violencia contra ellxs. Y deberá someterse a un tratamiento psicológico y realizar un curso o capacitación en perspectiva de género.
La fiscala María Celeste García Pisacic había pedido 3 años de prisión condicional y que hiciera un curso de perspectiva de género. También solicitó que la empresa se capacite en género en todas sus jerarquías, pero la jueza solo hizo lugar respecto del imputado.
"Me castigaban a mí"
La denunciante, que se desempeñaba en Apolinario Saravia, dejó de trabajar en La Moraleja en abril de 2018, precisamente por esta situación de acoso sexual. La mujer contó que esperaba que al informar a las autoridades de la empresa, todos hombres, el capataz fuera sancionado, pero eso no pasó. “Yo sentía que no me estaban defendiendo, que me castigaban a mí y no al capataz. Me sentía descuidada por la misma empresa. Decidí hacer la denuncia”, contó.
A.R. relató que la primera situación abusiva de Sánchez fue cometida cuando la separó de los grupos de trabajadoras en los invernaderos y la envió sola a uno, “donde estaban más altas las plantas de melones". Y ahí "Me quiso abrazar y besar”. Para zafarse, ella lo empujó y se escapó diciéndole que no le hiciera eso, que no la molestara y avisó a su superior, el ingeniero Ramón Palma.
Pero las situaciones de acoso y de abuso siguieron. “Todas las veces yo iba y avisaba en la oficina o en la casa del ingeniero Palma en la ciudad de Apolinario Saravia, nunca le han dicho nada al capataz", expresó. En una ampliación de denuncia relató que cada vez que se quedaba sola en su trabajo el capataz la sometía a manoseos e intentaba besarla por la fuerza. La denunciante dijo que todas esas situaciones vividas le afectaron psicológicamente, se enfermó de gastritis, y que en ese momento no tuvo asistencia psicológica del Ministerio de Derechos Humanos. Este año el Área de la Mujer y de la Diversidad Sexual de Apolinario Saravia le gestionó el plan Potenciar Trabajo para víctimas de violencia de género. Sin embargo, en el juicio fue a declarar a sola, sin ningún acompañamiento.
En La Moraleja A.R. hacía distintas actividades pero después de sus denuncias ante los superiores, la pusieron a limpiar las oficinas. Sin embargo, a pesar de eso el capataz la esperaba cuando salía y la acosaba en el camino de regreso.
La trabajadora relató que Sánchez llegó a decirle que si la tenía que hacer separar de su marido, que también era trabajador rural en la empresa, lo haría con tal de "darse el gusto". Y luego, como ella seguía sin aceptar sus pretensiones, se alió con otros trabajadores, con los que la hostigaban, y que fueron llamados a declarar como testigos en el juicio. Relató que dos veces la enviaron a cerrar una llave de las mangueras del invernadero y allí la esperaba el capataz, que en una ocasión la quiso empujar hasta donde habían unas bolsas pero ella logró escapar. Luego descubrió que era un complot entre el capataz y el grupo de trabajadores, que la enviaron allí para que Sánchez la esperara e intentara abusar de ella.
A.R. manifestó que contó a su marido sobre el acoso, él le dijo que avisara a los directivos de la empresa pero también advirtió que era revictimizada. Por esta situación ambos buscaron otro trabajo por dos años pero no lo encontraron, por ello debían regresar a trabajar cuando les llamaban por temporada. Luego ambos no regresaron a este lugar. La mujer relató que también sus familiares, hermanos, sobrinos, hermana y cuñado trabajaban allí y el capataz la amenazaba con no tomar a ninguno si ella no regresaba al trabajo. "El temor mío era que tomen represalias con mi familia", sostuvo. Por ello permaneció en la empresa hasta que la situación se tornó cada vez más grave y ella sentía que la castigaban con las tareas que le asignaban, ya que la querían enviar a otro lugar de la finca que le quedaba más lejos para que no se cruzara con el capataz, mientras que él no era sancionado.
A.R. dijo que por recomendación de una abogada denunció despido indirecto. La empresa le ofreció 63 mil pesos de indemnización pero no aceptó porque llevaba 16 años trabajando en categoría de “permanente discontinua”.
