En 2006 los hermanos Castedo mandaron a matar a Liliana Ledesma por sus denuncias que los involucraban, junto al entonces diputado provincial José Ernesto Aparicio, en actividades vinculadas al narcotráfico en la zona de frontera con Bolivia, algo que Gendarmería Nacional y la Justicia Federal venían investigando ya desde 2003, cuando una denuncia anónima presentada en Buenos Aires alertó sobre la existencia de varias organizaciones o clanes familiares de Salvador Mazza que se dedicaban al tráfico de estupefacientes. 

Aunque estos datos ya se habían difundido en la cobertura periodística del homicidio de Ledesma, cometido el 21 de septiembre de 200 en Salvador Mazza, extremo norte de Salta, donde residía la víctima, los testimonios escuchados ayer en la segunda jornada del juicio que ante el Tribunal Oral en lo Federal 1 de Salta se sigue contra siete personas acusadas de integrar una organización ilícita para realizar actividades de narcotráfico y lavado de activos, entre otros delitos, volvieron a poner en crisis que el asesinato se tramite en la Justicia provincial, por sus evidentes vínculos con el narcotráfico y porque ya había una causa federal en la que se investigaba a los Castedo y a Aparicio. 

La Justicia de Salta todavía no juzgó a Delfín Reynaldo Castedo y Raúl Amadeo "Hula" Castedo, procesados en calidad de autores intelectuales del homicidio. El Poder Judicial de Salta informó ayer a Salta/12 que este debate se hará una vez que termine el que se está realizando ahora en la Justicia Federal, es decir, sigue sin fecha. 

Las demoras del Tribunal de Juicio de Orán, donde debe hacerse ese debate, tienen correlación con las que tuvo en su momento el juez de Tartagal, Nelso Aramayo, que investigó el homicidio. A pesar de que la misma noche del asesinato, el padre de Liliana, Eugenio Ledesma, presentó una denuncia penal en la que responsabilizó a Aparicio y a los Castedo por el homicidio de su hija, el magistrado solo convocó a los hermanos a una declaración informativa y se tomó días en decidir que debían ser indagados, pero para entonces los hermanos ya habían huido. Y Aparicio falleció en 2013, sin ser investigado por este hecho. 

Aramayo indagó a los Castedo recién diez años después, en 2016, cuando a instancias del Ministerio Público Federal, "Hula" Castedo fue extraditado de Bolivia (donde cumplió una condena por narcotráfico) y Delfín fue detenido en la provincia de Buenos Aires. Ayer Eugenio Ledesma y sus hijos Jesús "Zula" y Rodolfo coincidieron en recordar que "Hula" alardeaba con que existía un vínculo directo entre Aparicio y Aramayo. 

Diez mil dólares para "liquidar" a la familia 

La familia de Liliana Ledesma declaró ayer por videoconferencia, desde el Escuadrón de Gendarmería en Salvador Mazza. Eugenio Ledesma sostuvo que el enfermero Juan Moreno le contó que los Castedo habían reunido "diez mil dólares para liquidar a toda la familia Ledesma". Sus hijos Jesús y Rodolfo ratificaron esa afirmación. 

En 2010 Moreno (fallecido) fue condenado a 4 años de prisión por la entonces Cámara en lo Criminal de Orán (ahora Tribunal de Juicio) por encubrir el crimen de Liliana. En ese debate se condenó a prisión perpetua a los autores materiales de este hecho, María Gabriela Aparicio (hermana de José Aparicio), Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres. Y Patricia Guerra fue condenada a 10 años, también por encubrimiento. 

Ayer, en el juicio federal, la Fiscalía consultó sobre Aparicio y los Castedo, y la finca El Pajeal, donde surgió el conflicto con los Ledesma, que crían vacunos en un puesto ubicado más allá de este campo, en Ipaguazu. Los testigos dijeron que al principió la finca estaba en poder de Aparicio pero luego quedaron a cargo los Castedo, y que también era habitual que fueran los Yudi. Alberto, Luis y Mario Alberto Yudi están siendo juzgados aquí como parte de la asociación ilícita. 

Élida Romero, madre de Liliana, y Eugenio Ledesma coincidieron en que Delfín Castedo, que en este juicio está siendo juzgado como jefe de la organización narcocriminal, tuvo un crecimiento patrimonial rápido. "No tenía nada y después ya empezaba a hacerse el capo", sostuvo la mujer. Ledesma dijo que al principio Delfín pasaba a Bolivia caballos de carrera de Yudi y "después hacía pasar líquidos". "Según dicen, que es para preparar la merca", respondió cuando el fiscal Carlos Amad le preguntó de qué líquidos hablaba. Aclaró que él mismo lo vio y que Delfín le dijo que eran para "la merca". 

Antes de que la familia Ledesma declarara el defensor de los Castedo, Mariano Alvarez, objetó: "Vienen con una carga subjetiva importante" por un interés emocional y económico, aseguró, y los calificó de "okupas" de la tierra en litigio, dijo. El Pajeal, igual que la finca vecina, El Aybal, que totalizan unas 28 mil hectáreas, fueron embargadas por la Justicia Federal a fines de 2016 y ahora son administradas por la UBA. 

Romero y los Ledesma también contaron que en 2005 o 2006 tuvieron problemas a raíz del robo de vacunos de parte de "Hula" Castedo, que estaba a cargo de El Pajeal. Jesús Ledesma discutió con Hula, fue entonces que alardeó con los contactos de Aparicio con el juez Aramayo: "Yo tengo a Aparicio, al juez Aramayo". 

Poco después Aparicio y los Castedo pusieron tres portones en el camino vecinal de 24 kilómetros que une Salvador Mazza con Ipaguazu, pasando por El Pajeal y otros puestos. Y también habían cerrado otro camino. La Asociación de Pequeños Productores Ganaderos de Madrejones reclamó pero no consiguió respuestas, y en ese marco Liliana Ledesma y Sergio Rojas (hijo del puestero Pilar Rojas) viajaron a la capital provincial para amplificar sus denuncias. Entonces Liliana vinculó el cierre del camino vecinal con el narcotráfico y el contrabando de otros bienes. 

A raíz de esas denuncias discutió con Aparicio, con Delfín y "Hula" y fue amenazada por los tres, aseguraron sus hermanos. También ellos recibieron amenazas. Rodolfo contó que un día cuando iba en su vehículo con su compañera y su hijita, "Hula" lo apuntó con un arma desde otro vehículo. Rodolfo dejó a su familia y volvió a buscarlo: lo confrontó, pero "Hula" no bajó de la camioneta y, en cambio, siguió profiriendo amenazas. 

El testigo Jorge Enrique Castro, amigo de los Ledesma y que solía ir a su puesto, ratificó que Liliana y sus hermanos estaban amenazados. "Ella decía no les tengo miedo", recordó. 

Un portón a Bolivia

Jesús Ledesma dijo que tras el cierre del camino vecinal "entraban (a El Pajeal camiones con grano y pasaban a Bolivia", porque esa finca linda con el vecino país, "por el monte". También Rodolfo Ledesma y Castro hablaron de estos camiones.

Estos testimonios tienen correlación con el del gendarme Claudio Vega, que estuvo en la investigación iniciada en 2003 sobre clanes familiares dedicados al narcotráfico en Salvador Mazza y participó de dos allanamientos en El Pajeal, y recordó que en la frontera con Bolivia esta finca tenía un portón o tranquera que estaba con candado, y cualquiera, con solo tener la llave, podía pasar, porque no había ningún tipo de control. 

En 2003 la Justicia Federal había abierto el expediente 563/03 para investigar la denuncia anónima que daba cuenta de la existencia de organizaciones narcocriminales en el norte. Ayer el gendarme Fernando Baños Cruz mencionó algunas de estas organizaciones: el clan Ferreyra, el clan Motok, Farfán, Severo Guzmán. 

El gendarme Juan Córdoba dijo que en las escuchas telefónicas surgían amenazas de los Castedo hacia los Ledesma y a otros puesteros. Estas escuchas fueron aportadas por la Justicia Federal a la Justicia salteña, en la causa por el homicidio, y "a nosotros se nos cayó la causa", relató. 

"Siempre surgían problemas con los vecinos", pero lo más destacable fue cuando advirtieron en las escuchas el ataque a Liliana Ledesma, contó a su turno el comandante Raúl González, también parte de esa investigación. Por un lado, "Hula" alardeaba con que conocía todos los movimientos de "La Negra", como la llamaban, y luego uno de ellos comentó que "a Lino se le había ido la mano y la terminó matando" cuando solo pretendían asustarla. 

El oficial recordó que de las escuchas surgían vínculos entre los Castedo y "Mamila", el apodo de Aparicio. Asimismo, señaló que Castedo se dedicaba a la actividad agropecuaria y en una ocasión compró herramientas en Mendoza y se las pagó Yudi. 

"Yo solo fui su mujer"

Melba del Carmen Araujo, también acusada en la asociación ilícita, declaró ayer. Empezó presentándose: de 45 años, madre de cinco hijas, tres de ellas menores de edad, todas concebidas con su ex pareja, Delfín Castedo. Y enseguida aseguró que es inocente. 

"Yo solo fui su mujer. Y ser su mujer no me hace parte de una banda criminal", aseguró. Y luego contó que a raíz de su detención sus hijas menores, sobre todo, están pasando una situación emocional muy difícil.