Eran socias en un estudio jurídico de Rafaela. Entre 2016 y 2019, iniciaron juicios ejecutivos en los que denunciaban como domicilio de sus demandados el de una de ellas y otros que no correspondían. De esta manera, los jueces emitieron resoluciones en las que disponían embargos de sueldos, inhibiciones y/o sentencias ejecutivas de sumas de dinero que perjudicaban a los demandados. Las abogadas Juliana Inés Odetto y Analía Verónica Romera admitieron que cometieron reiteradas estafas procesales por lo que deberán pagar 4.900.000 pesos en concepto de multas, indemnizaciones, donaciones y gastos. Así fue resuelto por la jueza Cristina Fortunato en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.