De a poco la Convención Constituyente conformada para reformar la Carta Magna provincial va tomando color y calor y se va metiendo en tema. Si bien esta semana no hubo actividad debido a que varios de sus integrantes son candidatos en las elecciones del domingo, y otros acompañaron en la campaña, desde la semana pasada todas las comisiones que debatirán los artículos a modificar comenzaron a recibir especialista, de acuerdo a las temáticas a abordar.
La última comisión fue la que le dará la redacción final a la reforma, y que será presidida, como todas las que se constituyeron, por una oficialista: la secretaria General de la Gobernación Matilde López Morillo.
En tanto, ya pasaron por el recinto algunos invitados, como los miembros del FOCIS (Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta), el ahora ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, e integrantes del Colegio de Abogados, para hablar ante la comisión de Poder Judicial sobre el método de selección y duración de los jueces de la Corte y de los tribunales inferiores.
Todos los expositores coincidieron en que el mandato de los jueces no puede ser vitalicio sino que debe tener un período que atraviese al menos más de un mandato de gobernador y sin posibilidad de ser reelecto. “Acotar mandatos es la tendencia internacional del derecho comparado”, sostuvo el ex titular del Ministerio Público Fiscal, Abel Cronejo. A su vez consideró que el número apropiado de integrantes del máximo tribunal debe ser siete, y solicitó a la Corte que se expida sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados, antes que concluya la Convención.
Desde el FOCIS, los abogados Armando Caro Figueroa y Santos Jacinto Dávalos recordaron que ese Foro advirtió cuatro grandes problemas de institucionalidad. Se mostraron críticos con el modo de selección de jueces por parte del Consejo de la Magistratura, pidieron que se aplique justicia con perspectiva de género, y se limiten los poderes de la Corte, que hoy ejerce funciones institucionales en el Consejo de la Magistratura, y comoTribunal Electoral, la Escuela de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Jurado de Enjuiciamiento y como Tribunal de Ética Judicial; además de funciones de gestión como las de superintendencia, auditoría de recursos tecnológicos y de recursos humanos, siendo en la práctica un cuerpo hiper presidencialista.
Reiteraron que la Ley 8239, que habilita la reforma parcial de la Carta Magna, indica que el tratamiento debería ser por materias y no solo por artículos. Y también aprovecharon para criticar la falta de resolución por parte de la Corte de las acciones de inconstitucionalidad presentadas.
Por el Colegio de Abogados , su presidente, Pedro Burgos, dijo que para la selección de jueces se debe crear un Consejo de la Magistratura específico para cargos en la Corte, integrado por el Poder Legislativo; magistrados y Colegio de Abogados; más un Consejo Académico y Social, compuesto por asociaciones intermedias, que tenga a su cargo organizar concursos públicos y abiertos de los cuales surjan las ternas de candidatos, que serían elevadas al gobernador y que el Senado será quien preste acuerdo con mayoría agravada como sucede actualmente.
Los próximos expositores externos serán Ana Fernández, de la Comisión de Familiares contra la Impunidad, y los abogados Omar Carranza, Ricardo Gómez Diez y Alejandro Saravia.
La Comisión de Organismos de Control de la Convención Constituyente recibió a expertos para hablar del artículo 169 a reformar, y que se refiere a la Auditoría General de la provincia. El contador especialista en auditoría y control de gestión y docente de la Universidad Católica, Sebastián Cristofari, opinó que al tratarse de un organismo de control externo que reporta su labor al Poder Legislativo, la Auditoría debería estar compuesta por cinco integrantes, dos contadores, dos abogados y un ingeniero en sistemas, quienes deberían tener acuerdo por cinco años, sin posibilidad de reelección. Además, planteó que la actuación de sus miembros debe ser conjunta y no por áreas, como es en la actualidad.
Sobre el sistema de selección de los auditores, dijo que debe seguir en manos del Poder Legislativo, con una comisión permanente que se integre con siete miembros: el presidente de la Cámara de Diputados, más otros seis legisladores que representen a la oposición, siendo el Senado la Cámara que deba prestar el acuerdo.
La otra comisión que ya recibió especialistas fue la de Asuntos Municipales. El primer invitado fue el abogado y exconcejal Martín Ávila, que opinó que para que una localidad sea declarada municipio debería tener 5.000 habitantes y no 1.500 como se solicita actualmente. Aunque aclaró que se deben contemplar excepciones para localidades fronterizas, donde resulta necesario ejercer soberanía.
Respecto a la composición de los concejos deliberantes, explicó que en Salta actualmente hay 25 municipios con 3 concejales; 10 comunas con 5 ediles; 12 con 7; 10 municipios con 9 concejales, uno con 11 (Tartagal); otro con 12 (Orán), y la Capital con 21. En total, hay 343 concejales en los 60 municipios, de los cuales 218 (el 63,5%) pertenecen a los 25 municipios más poblados y 125 ediles (el 36,5%) a los 35 municipios menos poblados (58,3%).
Con estos números propuso que para compensar esa asimetría y mejorar el funcionamiento de los concejos, se debe elevar el número de 3 a 5 ediles en los casos de municipios más pequeños, y pidió que la norma establezca esa cifra para municipios en general de hasta 10.000 habitantes. Ávila consideró que con un número mínimo de 5 ediles se podría establecer un sistema de renovación parcial, como el que tienen los cuerpos legislativos provinciales. Y la duración de los mandatos debería ser de cuatro años, con posibilidad de una reelección, al igual que para el caso del intendente. Los próximos invitados serán los juristas Ricardo Gómez Diez y Omar Carranza.
La Comisión de Poder Ejecutivo resolvió invitar para el próximo miércoles 17 vía online al jurista Luis Caro Figueroa, y en forma presencial a la conducción del Colegio de Abogados y a miembros de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica. Y la comisión de Poder Legislativo avanzará el mismo día escuchando a las abogadas Mónica Menini, Graciela Abutt Carol, los abogados Alejandro Saravia, Marcelo López y al presidente de ese Colegio profesional.
Para el integrante de la bancada del Frente de Todos, Guillermo Martinelli, todas las opiniones fueron enriquecedoras y sirven para sacar algunas conclusiones en cuanto a la independencia política que deben tener los órganos de control como la Auditoría General de la provincia, o el Poder Judicial. Así como subrayó que los opinantes coincidieron con su postura de que el mandato que deben tener los magistrados de la Corte “tiene que ser acotado y no ilimitado, y una vez que se termina se van a sus casas, nada de reelección”.
Martinelli planteó algunos reparos sobre el lapso, que para Abel Cornejo debe superar los 10 años, mientras para él no debe ser de más de 8. “Pero fue muy preciso en cuanto a las demás cuestiones que planteó”, sostuvo. Y con respecto al mandato del gobernador, contó que su espacio seguirá insistiendo con un solo período sin reelección, aunque reconoció que eventualmente negociarán hasta dos períodos como máximo, “sean seguidos o alternados, pero después nunca más”.
El convencional anticipó que sobre los asuntos municipales deberán seguir profundizando en el tema, porque para él no es la solución duplicar la integración de los cuerpos deliberativos, “no estoy de acuerdo que se deba aumentar la planta política, no es la misión de esta Convención”. Dijo que cree que se deberán dejar sin efecto esos puntos y seguir renovando todos los concejos cada dos años, “para que puedan funcionar mayorías y minorías, ya que si no, con concejos de 5 en lugar de tres, que se renuevan a la mitad cada dos años, siempre va a prevalecer la mayoría y la minoría no va a tener ni voz ni voto nunca”. “Y si hay un lugar en donde tiene que estar representado el contexto de toda la vecindad, es precisamente allí, que es lo más cercano que tienen los ciudadanos”, subrayó.
Pero insistió que dentro de las comisiones se deben fortalecer las decisiones consensuadas “sobre el cambio institucional político de la provincia”, ya que si no es así quedará un sector aislado decidiendo todo por mayoría.
El ex legislador provincial afirmó que no podrán cumplir con el plazo estipulado de 60 días y que por lo tanto utilizarán la prórroga prevista, “seguramente llegaremos hasta el 20 de diciembre”, fecha tope para tener la aprobación definitiva de la reforma en plenario.
Otra integrante de la Convención, la diputada Nacional Verónica Caliva, lamentó que todo el proyecto de reforma llegó “amañado por parte de la mayoría oficialista”. No obstante ello, confió en que darán la discusión en cada una de las comisiones para incluir otras miradas como las de género y de pueblos originarios, “que no están contemplados y son derechos fundamentales como el derecho al agua o a la tierra”. “Vamos a intentar que nos den la posibilidad de discutir estos temas en las comisiones y que se vean plasmadas al menos desde la perspectiva en cada una de las modificaciones”, acotó.
La convencional deseó que a la hora de tomar las decisiones finales no vuelva a suceder lo que ya pasó cuando eligieron autoridades de comisiones, y que “entiendan que es una Convención soberana y no la de Gustavo Sáenz”. “No queremos una reforma express en donde apliquen la mayoría, porque eso le va a provocar un gran daño a la democracia y a la provincia”, manifestó.
Como Martinelli, aplaudió las opiniones externas que hasta aquí se escucharon “fueron en ese sentido, de ampliación de derechos y de abrir el horizonte”, y dijo que espera que sean tenidas en cuenta a la hora de la reforma, así como las venideras, sobre todo en la que van a participar referentas de las organizaciones de mujeres de Salta.
