Marta Leaños es campesina, ingeniera agrónoma, docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), y referente de la agricultura familiar de la Finca El Pongo, ubicada en Perico, en el departamento jujeño de El Carmen. Marta nació en el lugar. Y al menos tres generaciones de su familia vivieron y viven en la zona produciendo en algunas parcelas antes de que llegara al lugar Plinio Zabala, quien luego donó las tierras a la provincia.
Ella, como otras familias, no paga el arriendo que exige el gobierno jujeño. También inició en 2016 un juicio posesorio con el objetivo de que las tierras que trabajó le fueran reconocidas como propias. Pero el lunes último fue detenida tras ser denunciada por la administración provincial a cargo de Gerardo Morales por “usurpación” e “incendio”. La decisión fue detenerla inmediatamente y fue liberada el miércoles en horas de la tarde.
“La fueron a buscar tres patrulleros completos con agentes armados”, dijo a Salta/12 José Luis Fuentes, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), al contar los momentos antes de que Leaños fuera detenida. Según se pudo reconstruir por el relato del abogado de Leaños, Rogelio Llanes, tras enterarse de los hechos, dado que en ese momento la referente no estaba en el lugar, ambos comparecieron ante la delegación periqueña del Ministerio Público de la Acusación. Llanes afirmó que fue entonces que Leaños quedó detenida por orden del Juzgado de Control N° 4, a cargo de Javier Salvatierra.
La directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (en adelante SAFCeI), María José Castillo, presentó una nota colaborativa ante el fiscal interviniente, Luis Marcelo De Aparici, informando sobre la realidad de Leaños y su familia, con quienes instituciones como el INTA y Ministerio de Producción jujeño han desarrollado experiencias piloto en los predios a cargo de los agricultores y también financiaron diferentes líneas para el desarrollo productivo. Además, recordó los derechos que la asisten como poseedora y la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, a la libertad y acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, en este caso, una mujer campesina.
La visión de los entrevistados apunta a una única conclusión: Leaños fue exhibida como muestra para disciplinar al resto de los campesinos en tierras que la provincia puso a disposición de la producción de cannabis medicinal. La empresa estatal Cannabis Avatara se instaló en El Pongo y está dirigida por Gastón Morales, hijo del gobernador, además de ser una Sociedad del Estado asociada a la privada Green Leaf Farms, de origen estadounidense. Fuentes aclaró que no se oponen al cannabis medicinal, sino a la forma de producción que se incentiva desde la gestión de Morales.
Ante la consulta de Salta/12 el gobierno de Jujuy sólo respondió que hay una “tergiversación” de los hechos relatados, y que los sectores que lo acusan son “ultrakirchneristas”, interesados en afectar el proceso eleccionario de este domingo.
Quema de malezas: entre el delito y la práctica cultural
Los incendios forestales han tomado repercusión en los últimos tiempos ante los intereses que los incentivaban, muchas veces de índole inmobiliaria o para facilitar los desmontes. En el caso de los campesinos de El Pongo, es una práctica cultural que realizan para poder preparar el suelo para las cosechas.
“Es que hay que pagar un arriendo todos los años”, sostuvo Fuentes, el militante del MNCI de la zona, quien afirmó que a veces los precios aumentan. “Las quemas que hizo Marta son menores a las que hoy estaba haciendo la empresa Cannava”, afirmó el campesino. Castillo, por su parte, aseguró que “no hay seguridad jurídica para quienes trabajan esas tierras”, por los constantes cambios en el canon que se cobra en calidad de arriendo a quienes se dedican a la pequeña producción.
“En modo alguno se los puede calificar de usurpadores porque viven desde siempre allí. Claramente hay un exceso”, sostuvo Llanes al indicar que si bien su defendida quedó en libertad, aún se encuentra imputada, por lo que solicitará el sobreseimiento.
“Si querían un ámbito de discusión tendría que haber sido la Justicia Civil, porque allí se inició en 2016 un juicio posesorio”, sostuvo por su parte Castillo ante las determinaciones tomadas en la Justicia jujeña, que llevó al ámbito penal un conflicto del fuero civil.
Ayer, en tanto, desde el MCNI se realizó una conferencia de prensa de repudio a la detención y la imputación a Leaños.
Rechazo a un desmonte de más de 400 hectáreas
A fines de marzo se realizó una audiencia pública en la cual Leaños junto a la antropóloga, investigadora y actual técnica de la SAFCeI, Eugenia Calvó, presentaron un escrito para rechazar la convocatoria y pedir su nulidad por falta de información y participación de quienes trabajan las tierras, unas 500 familias en total.
La audiencia era para informar sobre el desmonte de 440 hectáreas que se destinarán al cultivo de cannabis. El desmonte se propuso sobre un monte nativo y fue autorizado a mediados de abril por el Ministerio de Ambiente de Jujuy. “El 80 por ciento de los que fuimos a esa audiencia nos opusimos”, dijo Fuentes al recordar aquel hecho, en el que participaron pequeños productores rurales.
La férrea negativa de los agricultores fue manifestada por Leaños en esa audiencia. En el medio, el temor expresado por Fuentes es que este sea el inicio de una persecución más fuerte (dado que, afirmó, siempre hubo resistencia del Ejecutivo, sin importar el color político) contra los pequeños productores periqueños. A su entender, el objetivo final es que las tierras queden a disposición de la provincia y su proyecto de cannabis medicinal.
En el escrito que presentaron Leaños y Calvó en la audiencia por el desmonte se afirma: “Hay un aspecto que no puede quedar de lado en ningún análisis que tome como referencia a finca El Pongo: es uno de los mayores centros hortícolas de la provincia, allí los productores producen alimentos que abastecen a las principales ciudades de la región”, lo cual contribuye a la tan mentada soberanía alimentaria.
