En Ushuaia, 19 policías quedaron imputados, acusados por haber detenido ilegalmente a una familia quechua aymara mientras participaba de un ritual por el Día de los Muertos en el cementerio Parque del Mar, de Tierra del Fuego. La acusación fue decidida por el fiscal mayor de Ushuaia, Eduardo Urquiza, quien firmó un "requerimiento de instrucción" en el que imputó a los policías investigados.

De acuerdo con la denuncia presentada por la socióloga Mariana Daniela Quisver, el 2 de noviembre ella, su padre y su hermanos fueron interceptados por los policías cuando salían del cementerio. Luego, los tres fueron torturados en un patrullero y llevados por la fuerza a una comisaría, donde quedaron retenidos varias horas.

El requerimiento fiscal indicó que los policías, que de acuerdo con la investigación preliminar se movilizaban en dos patrulleros, quedaron imputados por "lesiones leves, apremios ilegales y abuso de autoridad". En la resolución, Urquiza también pidió al juez de instrucción 1, Javier De Gamas Soler, a cargo de la investigación, una serie de medidas probatorias.

Una tradición ancestral

La denunciante Quisver, relató que el 2 noviembre el pueblo aymara celebra la "ayamarkayquilla" o "fiesta de los muertos", una ceremonia cultural y ancestral para comunicarse con las almas de los seres queridos fallecidos. Ella, que también es docente y música, fue invitada por la viuda de un amigo para participar del ritual. Por eso, Quisver acudió junto con su padre y su hermano para tocar música en el lugar.

Quisver explicó, también, que la fiesta suele comenzar en la casa del homenajeado y continúa en el lugar de su sepultura, donde los invitados comparten comidas y bebidas caseras llevadas especialmente para la ocasión al lugar. "Es parte de una práctica de los pueblos preexistentes a los Estados Nacionales, y la sostenemos como reconocimiento de nuestra identidad quechua aymara (...) Es parte de un derecho de los pueblos andinos", advirtió la mujer en la denuncia.

"Sucios", "indios", "bolitas"

Quisver indicó que, inicialmente, los policías acusaron a los participantes de la ceremonia de estar produciendo "ruidos molestos" y después, de consumir bebidas alcohólicas, ya que en el ritual se consume "chicha", una bebida casera de "leve a mediana graduación alcohólica".

Luego, explicó, sobrevinieron las agresiones físicas, como consecuencia de las cuales ella sufrió lesiones sangrantes, le quedaron moretones en las piernas y el brazo izquierdo hinchado. Cuando estaban en la comisaría, a ella y su familia los policías los trataron de "sucios", "indios" y "bolitas". "Se rieron de nuestro apellido y de lo que estábamos haciendo en el cementerio, y nos dijeron que nos volviéramos a nuestro país", relató.

El caso, dijo Quisver a la agencia de noticias oficial, no es aislado, ya que se registran periódicamente "persecuciones a nuestras celebraciones ancestrales en distintos lugares del territorio, como es el caso del Cementerio de Flores, donde cada 2 de noviembre se monta un operativo de control policial arbitrario y violento".

La abogada de Quisver, Solange Verón, requirió la intervención del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y que se informe lo sucedido al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura creado por la ley 26.827