El procurador de la Corte provincial, Jorge Barraguirre, aconsejó al Tribunal Electoral que declare la "inidoneidad" del presidente comunal de la localidad de Santa Clara de Buena Vista, Juan Manuel Caudana, para participar de las elecciones de mañana en las que es candidato a la reelección al frente de la comisión comunal. Al mismo tiempo aconsejó que el tribunal lo excluya de participar de la elección y que proceda a su sustitución en la lista.

Caudana quedó en el ojo de la tormenta por una situación que lo llevó a las páginas y pantallas de medios nacionales y que motivó que el representante legal del partido Movimiento de Afirmación Comunitaria lo denunciara el 3 de noviembre porque habría estado promoviendo la distribución de fondos públicos en dinero efectivo a cambio de la obtención del voto del supuesto beneficiario para su partido político oficialista, de tal forma que prometería una suma al momento del sufragio y otra suma aún mayor con posterioridad si ganara las elecciones.

La denuncia –hay otra en sede penal promovida por la diputado de Juntos por el Cambio Lucila Lehmann– fue acompañada con una serie de audios de Caudana. En uno de ellos sostiene: "Si tengo que comprar votos para que no ganen, lo hago. Lo importante es que el pueblo siga creciendo y bien. Puede preguntarle a los vecinos quién soy yo".

"Estamos frente a un hecho extremadamente severo y chocante que nos devuelve a más de cien años atrás, con anterioridad a la sanción de la ley conocida como ley Saenz Peña, que instituyó el voto universal (masculino), secreto y obligatorio entre cuyos propósitos que lo inspiraron (en base al carácter secreto) estaba el de permitir que las conciencias de los votantes se expresen libremente", explica en su dictamen el procurador Barraguirre. 

Continúa: "La forma en que buscó obtener sufragios favorables tiene impacto directo en la formación de las preferencias electorales y es totalmente espuria e ilegítima, que lo califican como candidato sin idoneidad ética para participar de este sagrado proceso. Su actuación, más allá de las cuestiones estructurales, sistémicas y complejas que el Estado ­en todos sus niveles­ debe resolver y están pendientes desde hace décadas, carcome aun más nuestras frágiles y en franco deterioro instituciones republicanas".

Para Barraguirre, no hace esperar que la Justicia penal determine si se cometió un delito electoral para que el Tribunal Electoral tome medidas: "No tiene por qué depender para formarse un criterio acerca de la eticidad de la conducta cuestionada que alguien declare algo sobre un supuesto delito".