La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró su competencia para determinar si fue legal o ilegal un convenio firmado en 2018 por el gobernador Gerardo Morales y el en ese entonces secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman.

El objetivo del convenio fue la desafectación de unas mil hectáreas del Parque Nacional Calilegua en las que hubo impacto ambiental por la explotación histórica de 25 pozos petroleros nunca remediados. Al pasar las tierras a la provincia, el Ejecutivo jujeño tendría la potestad de iniciar juicios contra las petroleras que explotaron los pozos para reclamarles lo que corresponda por la remediación. Y es que ni provincia ni Nación habían comprometido fondo alguno para remediar ambientalmente las afectaciones de la actividad hidrocarburífera.

Esa fue la explicación que brindó el referente de Greenpeace, Hernán Giardini, al detallar los objetivos del amparo colectivo que presentó esta organización junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra la provincia de Jujuy y el Estado nacional y contra la decisión administrativa de desafectar las tierras del Parque Nacional.

Al asumir como gobernador, Morales decidió dejar de otorgar permisos de explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, un reclamo ya histórico. Pero al momento de disponer la remediación ambiental por la afectación que podrían producir los pozos, la Secretaría a cargo de Bergman informó que “no se hará cargo de los gastos que la remediación demande”. Ante ello se firmó un acuerdo por el cual “el Estado Nacional renuncia a interponer acciones de reparación ambiental a favor de provincia de Jujuy, quien se la reserva para sí, pero sin obligarse a realizarlas en un plazo determinado".

Ante la firma del acuerdo por vía administrativa las organizaciones ambientalistas demandaron a los estados nacional y provincial ante la CSJN, con el pedido de medidas cautelares que suspendan la falta de jurisdicción de Administración de Parques Nacionales sobre ese sector del PN Calilegua.

Si bien la Corte rechazó la cautelar sí se declaró competente para revisar la legalidad del convenio firmado que, a entender de los ambientalistas, es ilegal. La Corte también solicitó al Estado nacional, a la APN y a la provincia de Jujuy “el informe circunstanciado (…) que deberá ser contestado en todos los casos en el plazo de 30 días”.

Giardini, por su parte, afirmó que en la zona de las mil hectáreas hay pozos “con petróleo a la vista y que están contaminando las aguas” dentro del Parque Nacional. Añadió que hay “muchos pozos abandonados en medio de la selva sin que se pueda llegar”. Y recordó que el año pasado se generaron incendios dentro y fuera del PN Calilegua, lo cual representa un peligro adicional, si el fuego llegara a los pozos. Dijo que por esto, la presentación ante la Corte debe ser resuelta de manera urgente.