El juez de Violencia Familiar y de Género, Carmelo Paz, de la ciudad de Metán, ordenó a una mujer trans que fue víctima de violencia física, sexual y psicológica y que no tiene ingresos económicos que pague el alquiler de su hermano que padece de esquizofrenia y brotes psicóticos, a quien ella denunció por hechos de violencia. 

J.R., la mujer trans sobre la recayó la orden del juez, advirtió que su hermano cometió abusos sexuales y otras acciones violentas contra ella y otras personas.

El juez Paz ordenó que debido a que el hombre con patologías de la salud mental recuperó la percepción de sus haberes jubilatorios, se le alquile una habitación o departamento y que se le procure un tratamiento psicológico a los fines de evitar descompensaciones y se pueda reemplazar con ese tratamiento la ingesta de medicamentos. 

El juez también dispuso que la obra social PROFE, o "la que fuere", lo visite al domicilio que se denuncie como alquilado, para asegurar el suministro de los medicamentos y el tratamiento que sugiera.

Además, el magistrado dispuso que se abra una cuenta a nombre de este hombre, y que J.R. le pague un tercio del valor del alquiler de la vivienda familiar que habita, fijó de este modo un monto de $6.000 durante 6 meses. En caso de que el cobro de haberes del hermano fuera afectado por medidas cautelares o préstamos, el juez dispuso que otra hermana, de 75 años, que era la curadora de este hombre, deposite el monto de los haberes que él debería percibir.

"Yo trabajo el día a día, no tengo esa cantidad para pagarle a él. Hace un año estoy sin luz. Es revictimizarme, pero mostré fotos de como está mi casa, que no es como la pinta el juez, es de adobe revocada, está deteriorada y se puede caer en cualquier momento. El juez dice que la casa está dentro de una zona residencial y céntrica, pero no es así, está en el barrio Lugano de Metán", manifestó la mujer. Además, aclaró que es un barrio de gente trabajadora y no es de clase media.

 J.R. tiene 56 años, padece fibromialgia, está en situación de vulnerabilidad social y económica, dado que si bien es enfermera, está desempleada y pese a que trabajó más de 30 años en una clínica de la que sostiene que la despidieron por sus problemas de salud, no se puede jubilar porque en la Anses le indicaron que le faltan 11 meses de aportes. Su estrechez económica es tal que vive sin servicio de energía eléctrica desde el año pasado debido a que no pudo pagar las boletas. Sin embargo, a pesar de ese contexto socio económico y de género el juez le ordenó que pague el alquiler de su hermano de 73 años, con el que ella no puede vivir porque la atacó muchas veces. Según contó, la última vez quiso golpearla con un hierro y aunque ella pudo escapar, mató a sus perras.

La asesora de incapaces Karina Singh intervino por el hombre con patologías de salud mental. J.R. contó que esta funcionaria le pedía que vuelva a vivir con el hermano o que le dejara la casa. 

Audiencia 

El 10 de noviembre hubo una audiencia en la que declaró el psiquiatra Claudio Nebreda, del Hospital del Carmen, que atiende al hombre con patologías de salud mental. El médico aseguró que debido al tratamiento, el hombre se mantiene estable, que cumpliendo con la medicación se mantiene tranquilo. Que tiene un comportamiento óptimo y no tiene problemas con el personal o los pacientes del Hospital. Aseveró asimismo que el hombre no es agresivo y que "si podría responder de mala manera es porque se defiende de una agresión" o porque está descompensado por falta de sus medicamentos. "Si no tiene la medicación, como cualquier paciente psiquiátrico, puede tener actitudes anormales", señaló y dijo que por ello se recomienda la medicación de por vida. 

El psiquiatra también dijo que el hombre necesita apoyo familiar y aseguró que pese a que no lo tiene, desde hace tiempo lo ve estable. Además, sostuvo que debería estar en su casa, ya que en el Hospital hay muchas personas con virus y podría contraer una enfermedad intrahospitalaria.

Nebreda afirmó que estando controlado, el hombre puede manejar su medicación y sus recursos económicos. También señaló que "no necesariamente puede controlarse con medicamentos, que existen otras opciones, como la contención familiar, que puede hacer que él se mantenga estable".

Pero J.R. sostiene que su hermano siempre fue agresivo con su familia, pese a que su hermana hizo esfuerzos por ocuparse de él y también sus padres cuando estaban con vida. Relató que su hermano abusó sexualmente de ella en la infancia, que una vez intentó prender fuego al grupo familiar y que siempre lxs ha golpeado. "Es violento (...). Nunca aceptó tomar medicación, si la tomara no andaría a las 3 o 4 de la madrugada en la calle. Lo ven los vecinos. Se venía a parar al frente de la casa a insultar. Ahora ya no tanto porque llamo a la policía. Él entra y sale cuando quiere del Hospital. Hay cosas que no son como las han planteado en la audiencia, no ha habido un equipo interdisciplinario que intervenga", manifestó. 

Asimismo, J.R. dijo que no es verdad que el psiquiatra vio a su hermana hace tres años y que esa fue la última vez que su hermano se puso un poco agresivo, sino que ella fue muchas veces a pedirle por favor que lo internara. "Ella terminó con depresión por todo esto. Fue todo el tiempo a hablar con el psiquiatra pero no hubo respuesta. Él le decía que lo contenga y que lo lleve a la casa porque no lo podía internar y no podía hacer nada. Nunca le dio una solución a mi hermana", expresó. 

J.R. señaló además que una trabajadora social, que sería de la Asesoría de Incapaces, hizo entrevistas a lxs vecinxs y ellxs le pidieron "que hagan algo con este hombre" y advirtieron que podía "matarla". Y aseguró que su hermana mayor renunció a la curatela porque ya no podía controlar la agrevisidad de su hermano, que la golpeaba a ella y al grupo familiar.

Por otro lado, J.R. añadió que la llamaron desde el programa "Acercar derechos", del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y "dijeron que verán de ayudarme para que reciba alguna ayuda económica". 

La Defensoría de Género, a cargo de Mónica Dahud y su auxiliar Patricia Viñas, quienes representan a J.R. desde este año, cuando denunció a su hermano por hechos de violencia, se opuso a lo dispuesto por el juez Paz. Las defensoras argumentaron que no se le puede imponer una obligación pecuniaria a una víctima porque se estaría favoreciendo al agresor.