Desde Santa Fe
El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) repudió la remoción de Marcelo Sain de su cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y denunció que el operativo de la Legislatura para echarlo “es un escándalo jurídico” y “un nuevo acto de persecución inaceptable” que tendrá “grave implicancia institucional”. “Es una advertencia de domesticación para aquellxs que se atreven a investigar los delitos del poder. De esta manera, se entrega el MPA a la política y se debilita el rumbo de las investigaciones complejas donde se entrelazan poder político, policía, grupos económicos y crimen organizado”, advirtió.
El pronunciamiento del ILSED se conoció con un título que alerta: “La cooptación política del MPA ya es un hecho”. Lo firman su fundador, Alberto Binder, su presidente, Mariano Ciafardini y otros siete criminólogos y expertos en el tema. Binder es una referencia en Santa Fe, fue asesor técnico en los procesos de reforma judicial en muchos países de América Latina y junto al ex ministro de Justicia Héctor Superti, comparte la paternidad del nuevo sistema judicial de la provincia que creó el MPA y al que ahora denuncia que “fue entregado a la política”.
La represalia a Sain se definió el 4 de noviembre, en una sesión conjunta del Senado y Diputados, en la que los legisladores denunciantes ni siquiera tuvieron el decoro de abstenerse de votar el castigo. Entre ellos, el senador radical Lisandro Enrico, que cumplió tres roles: formalizó la denuncia, operó como acusador y luego se asumió como juez porque votó la sanción; el diputado Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri y el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, entre otros. Ya se sabe que la legislatura es gobernada por una mesa que integran los senadores de Traferri, sus colegas de la UCR que lideran Felipe Michlig y Enrico y los diputados radicales y socialistas que responden a Pullaro y Farías. El operativo Sain también tuvo el apoyo de macristas y los bloques celestes.
El proceso de la legislatura de Santa Fe para sacar a Sain de su cargo –dijo el ILSEP- “es un nuevo acto de persecución inaceptable que atenta contra todos los principios que enrolan el fortalecimiento de los ministerios públicos fiscales en nuestro país para lograr impactos positivos en fenómenos criminales complejos con protección estatal".
“La remoción de Sain tiene una grave implicancia institucional: es una advertencia de domesticación para aquellxs que se atreven a investigar los delitos del poder. De esta manera, se entrega el MPA a la política y se debilita el rumbo de las investigaciones complejas donde se entrelazan poder político, policía, grupos económicos y crimen organizado”.
“También es un escándalo jurídico” porque “se aplicó -de manera ilegal- la ley 14.016, conocida públicamente como Ley anti Sain. Es decir, una ley hecha a medida, con nombre y apellido, sancionada únicamente para lograr su remoción institucional. Utilizando dicha norma, se juzgaron sus conductas como funcionario del MPA acusándolo de proselitismo por un tuit que realizó desde su cuenta personal".
“El problema real no es el tuit, sino la molestia que genera el avance de las investigaciones sobre criminales que tienen protección del poder público e incluso, donde se encuentran reprochados judicialmente legisladorxs que votaron a favor de la remoción de Sain. Nunca estuvo tan claro: personas con responsabilidad política investigadas votando la remoción de quienes lxs investigan”.
“No es una mera casualidad que esto suceda cuando, por primera vez en la historia el MPA, se avanzaba desde la persecución penal sobre financiamiento ilegal de la política. Pareciera que cuando el MPA empieza a mostrar las uñas, en vez de fortalecerlo, lo debilitan, con la complicidad y convalidación de funcionarixs del propio MPA. ¿Es posible que la conducción del MPA prefiera tener las uñas cortas para no afectar a los poderes fácticos y sean capaces de entregarlo a la supremacía de la política o, más precisamente a quienes están siendo investigadxs por delitos, y a quienes los protegen? La remoción de Sain, entre otras cosas, deja al descubierto que sí”.
“Han logrado remover a un funcionario justificándose en una expresión en una red social, con la gravedad que eso tiene a nivel institucional. Una expresión no es politizar el MPA, y eso lo saben quienes dieron impuso al proceso de remoción. El verdadero problema de cooptación política del MPA es su subordinación frente a la legislatura y a los actores políticos cuando se investiga al poder”.
“El debate no debe ser personificado, ya que se correría el riesgo de ocultar las reales intenciones que tienen algunos sectores de preservarse a cualquier precio, transformando al MPA en una institución inaprensiva. Sain es la gran excusa para lxs que tratan de que los rumbos de la justicia penal se mantengan como una maquinaria ineficaz y cómoda, funcional a las organizaciones criminales con protección estatal. Eso es lo que aquí está en juego”, advirtió.
El documento lo firman el presidente del ILSED, Mariano Ciafardini y sus colegas Alberto Binder, Martín Angerosa, Carola Cóncaro, Santiago Fernández, Darío Kosovsky, Hernán Olaeta, Nicolás Rodríguez Games y Tobías Schleider.
