María Lilia Gómez Alonso integra desde hace 33 años la Sala B de la Cámara Nacional Comercial, que es donde tramita la causa del Correo Argentino y donde la familia Macri logró dilatar el trámite de la deuda millonaria que tiene con el Estado nacional. El próximo miércoles 15, Gómez Alonso cumplirá 75 años, la edad a la que deben retirarse los magistrados, según marca la Constitución Nacional. Sin embargo, la jueza presentó una demanda contra el Estado para quedarse más allá de esa edad y consiguió que el juez Pablo Cayssials dicte una cautelar a su favor. Desde el gobierno nacional, ya anticiparon a Página/12 que apelarán la medida. No pocos consideran que la intención de la jueza de quedarse, avalada por un sector de la justicia, está relacionada con el futuro de la quiebra del Correo que deberá revisar el tribunal que integra.

En septiembre Gómez Alonso entabló una demanda para quedarse más allá de los 75. El argumento central de la jueza es que ella ejerce ese cargo desde mucho antes de que la reforma constitucional de 1994 estableciera el límite de los 75 años. Desde entonces, la única alternativa que tienen los magistrados o magistradas que quieran seguir trabajando después de esa edad es conseguir un acuerdo del Senado para permanecer por cinco años más.

Gómez Alonso entró en la justicia en 1968. Fue meritoria, secretaria de un juzgado, defensora oficial y, desde 1982, ejerce como jueza. Desde 1988, como integrante de la Sala B de la Cámara Comercial. Según ella explica en la demanda, en 1994, todos los jueces de ese tribunal que juraron por la nueva Constitución hicieron una reserva sobre el artículo que establece el retiro a los 75 años.

El Estado nacional se opuso a que siga en el cargo. Pero, por el momento, el juez Cayssials dictó una cautelar a favor de la jueza que impide su jubilación o que se le pida acuerdo al Senado para que permanezca en la Cámara Comercial. La decisión del juez es transitoria mientras se discute el fondo de la cuestión.

Lo singular es que Cayssials para darle la razón a Gómez Alonso se aferró a una doctrina que la propia Corte Suprema dejó en el olvido. Cayssials sostuvo que el planteo de la camarista es análogo al que había hecho el supremo Carlos Fayt, que decía que él no estaba limitado a retirarse a los 75 años porque había jurado como juez antes de la reforma constitucional de 1994. En 1999, Fayt había conseguido que sus compañeros del máximo tribunal lo apoyaran. Los tiempos cambiaron. Por el contrario, la Corte Suprema en 2017, en el que se conoce como el fallo Leopoldo Schiffrin, reconoció la validez del límite de los 75 años.

Desde el Ministerio de Justicia evaluaron el fallo como “cien por ciento político” y dijeron que apelarán. Cayssials tuvo una serie de fallos contrarios a los intereses del gobierno nacional. Este año, anuló las resoluciones del Ejecutivo que frenaban los aumentos en las prepagas. En 2017, en una demanda presentada por el conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo, sostuvo que no era necesario el juicio político para remover a la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó, cuyo sillón Mauricio Macri reclamaba desde antes de llegar a la presidencia. Dos años antes, el juez había frenado --a pedido de un grupo de periodistas de Clarín-- la adecuación de oficio del grupo de acuerdo a lo que establecía la ley de medios.

Gómez Alonso no es solo una mujer de larga trayectoria en la justicia, sino de importante ascendiente en los tribunales. En 2016, fue la primera mujer en convertirse en presidenta de la Asociación de Magistrados. Es una de las referentes de la Lista Bordó, la agrupación interna que menos afinidad tiene con el gobierno nacional. Su hija, Agustina Díaz Cordero, fue designada jueza durante el gobierno de Macri.

La jueza hizo saber a su entorno que tenía intenciones de permanecer en la Cámara al menos un año más. La explicación que dio Gómez Alonso es que en 2022 la presidencia del tribunal quedará en manos de la Sala B, donde ella es la jueza decana, y que ella quisiera retirarse ocupando ese cargo.

Las versiones menos benévolas indican que en pocas semanas llegará a la Sala B el dictamen de la fiscala Gabriela Boquín sobre la quiebra del Correo, que la jueza Marta Cirulli decretó en julio pasado y apeló la familia Macri. Esa decisión deberá ser revisada por la Sala que hasta ahora integra Gómez Alonso junto con Matilde Ballerini y Guadalupe Vásquez, recientemente integrada al tribunal.

“Quizás estoy siendo ingenuo, pero todavía confío en que finalmente las reconocidas camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini tendrán el coraje que no han mostrado en los últimos años y podrán poner un límite a los abusos y disparates que plantea la fiscal Boquín, para que mi familia pueda terminar con esta persecución que viene sufriendo desde hace casi dos décadas”, escribió Macri en su libro Primer Tiempo, depositando sus esperanzas en las dos camaristas.

El portal El Destape reveló que la jueza concurrió el 12 y el 14 de septiembre de 2018 a la Casa Rosada. A la semana, la Sala B de la Cámara Comercial le concedió 180 días a la Procuración del Tesoro --de Macri-- para evaluar la nueva propuesta que había presentado el Correo, que, en rigor, era la misma que había presentado en 2016 y que fue denunciada por la fiscala Boquín.