La falta de participación de las comunidades en los trabajos que se realizan en el marco de la emergencia sanitaria que rige en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, y la discriminación hacia los pueblos originarios de la zona fueron algunas de las observaciones del último informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que estuvo en la zona a fines de octubre.

ACIJ emitió un documento en el que indicó que en el recorrido, que abarcó Alto la Sierra, en departamento Rivadavia; Yacuy y Misión la Loma, en el departamento San Martín, y Misión San Francisco, en el departamento Orán, se confirmó la continuidad de la vulneración de los derechos de las poblaciones indígenas. “Durante el recorrido, detectamos serias dificultades y obstáculos en el acceso a la documentación, a la Asignación Universal por Hijo (AUH), a las pensiones por discapacidad, así como problemas de índole territorial, fallas estructurales en el sistema de salud, riesgo nutricional en niñas y niños, entre otras vulneraciones de derechos”, afirmó. 

Asimismo, sostuvo que “todas estas problemáticas se profundizan estructuralmente al estar atravesadas por un grave contexto de discriminación hacia los pueblos originarios de la zona”.

Señaló también su preocupación por la falta de acceso al agua potable y a la alimentación que “ocasionan un alto riesgo nutricional y de salud en niñas y niños”. Ello sin contar “la ausencia de un sistema sanitario adecuado, que en sus limitadas intervenciones resulta discriminatorio con las comunidades”.

En la evaluación que ACIJ realizó junto a las comunidades en una serie de talleres de empoderamiento jurídico comunitario, se focalizó que la Ley Provincial 7856, de Salud Intercultural, sigue sin aplicación en el territorio pese a la posibilidad que la normativa plantea para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y la comunidad.

Sin participación, bosques y agua

“Pensamos de manera conjunta acciones para hacer efectivos los derechos mencionados en la continuidad de nuestro trabajo los próximos meses, así como de otras problemáticas que afectan a los pueblos originarios como es la ausencia de cumplimiento al derecho a la participación y consulta indígena, la tala ilegal de bosques y la falta de pozos de agua”, expresa el documento de la ACIJ.

En este punto, el integrante de la ACIJ en la provincia, Martín Plaza, indicó a Salta/12 que hay comunidades que atraviesan diversas situaciones. Entre ellas, destacó el problema de desmontes que denunciaron los integrantes de Misión La Loma, en Embarcación. Esta comunidad está conformada por integrantes de los pueblos Guaraní, Wichí y Toba (Qom). “Se vienen realizando desmontes ilegales por parte de un empresario de apellido Ortega y aunque eso se denunció, se sigue deforestando”, afirmó. A ello sumó que los estudios sobre las condiciones del agua, realizados por la Cruz Roja advierten sobre los altos valores de arsénico.

“Si bien hay proyecciones del Estado nacional y provincial con perforación de pozos muchas comunidades están esperando todavía”, manifestó Plaza. Agregó como otro de los obstáculos al acceso de derechos la falta la entrega de los títulos comunitarios sobre las tierras, que tiene como antecedente inmediato la Ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160. La falta de los títulos impide el acceso al recurso hídrico, requisito que se solicita desde la provincia para dar acceso a las redes domiciliarias. “Es incorrecto que (desde el Ejecutivo salteño) se haga esto cuando se conoce la realidad que atraviesan las comunidades”, afirmó el abogado.

Por último, ratificó que la falta de participación de los pueblos originarios en las decisiones que se toman sobre ellos es una constante. “Por ejemplo, hacen los barridos sanitarios y no se convoca a ninguno de los referentes para poder considerar las acciones en el territorio”.