1. El Episcopado debe reconocer que es más parte del “problema” que de la “solución” de la violación de los Derechos Humanos en Argentina.

Hay suficientes evidencias de su:

Complicidad y participación por “acción y/u omisión” de sectores significativos de los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos con la actividad de las FF.AA.:

Razones de fondo:

  • Coincidencias político-ideológicas con las Fuerzas Armadas: Para esos sectores de la Iglesia se trataba de una “cruzada” contra el comunismo y la subversión para salvar a la Patria y a la religión (Defender a la “civilización occidental y cristiana”) aplicando la “Doctrina de la Seguridad Nacional” (Consenso de Washington).
  • Cuestiones de conveniencia: Era el modo de defenderse y apoyarse mutuamente.

Por lo tanto:

2. El Episcopado debe dejar su supuesta “neutralidad” que lo lleva a querer “reconciliar” a las “partes” desde una instancia superior y sin mancha y “reconciliarse previamente” con las víctimas, sus familiares y los organismos de derechos humanos a quienes durante muchísimos años no quiso recibir ni escuchar, ni miraba con buenos ojos (excepto algunos obispos).

De lo contrario, la reconciliación encubriría la impunidad.

3. Para ello, entre otras cosas, debería dar a conocer las Actas de las reuniones de la Conferencia Episcopal y de la Comisión Permanente desde 1974 a 1984 donde constan las denuncias, reclamos y debates promovidos por varios obispos (De Nevares, Hesayne, Devoto, Angelelli, Ponce de León, Brasca…) y las denuncias y pedidos de ayuda de organismos de DD.HH.

El episcopado sabía bien lo que pasaba.

4. También deberían dar a conocer las Actas de las reuniones entre la Comisión designada “ad hoc” (Laguna, Espósito, Galán) y la Comunidad Informativa de las FF.AA. (una por cada arma) en las cuales se hacía un seguimiento de los conflictos que se producían por el accionar de las FF.AA. sobre miembros y actividades de la Iglesia.

5. El Episcopado debería explicar públicamente por qué en su momento no se presentó como querellante en el asesinato de Carlos Mugica y otros sacerdotes; de religiosos/as, de laicos/as; del asesinato del obispo Angelelli (La Rioja) y los presuntos asesinatos de los obispos Ponce de León (San Nicolás) y Sueldo (Santiago del Estero).

Según la fe cristiana “hijos de la madre Iglesia” y “hermanos en el Señor”.

6. Como signo de credibilidad y posicionamiento frente a la Sociedad Argentina –en tiempos en que se ha intensificado el debate– debería afirmar explícita y públicamente:

a) Que en Argentina existió “terrorismo de estado” (se subordinó la Constitución al Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional).

b) Que hubo un plan sistemático de persecución, tortura, encarcelamiento, desapariciones y asesinatos, que constituyó un genocidio donde hubo víctimas y victimarios. 

c Que las FF.AA. y de Seguridad actuaron al margen y en contra de la Justicia Argentina y de los postulados de los Organismos jurídicos regionales e internacionales, según los cuales, las violaciones a los derechos humanos configuraron crímenes de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptibles.

No hubo “dos demonios”.

d) El Episcopado debería reforzar el reclamo de los organismos de DD.HH. a las FF.AA. y de Seguridad de las listas de los desaparecidos para que los familiares –según nuestra fe cristiana– puedan ejercer sus derechos de saber ¿Quién se los llevó? ¿De dónde? ¿A dónde? y unirse a ellos en su corazón.

e) El Episcopado debería reclamar públicamente a las FF.AA. y de Seguridad, las listas y destino de los casi 400 niños/as apropiados y entregados por ellos y que nunca se ubicaron. El Episcopado sabe que donde esos niños/as nacieron hubo complicidad de religiosas, capellanes y movimientos de Iglesia que –en conciencia– deberían aportar los datos que tengan.

Esta actitud es indispensable para que la sociedad considere creíble y coherente el pedido permanente del episcopado por la valoración de la vida.

f) El Episcopado debe “reconocer” públicamente (primer paso de una auténtica reconciliación) la complicidad y participación del Obispado militar y capellanes al servicio de las FF.AA. y de Seguridad, (como consta en sus mismas declaraciones y escritos y en el testimonio de las víctimas y de los mismos militares) que daban “consuelo y apoyo espiritual” a los que violaban –de múltiples formas– los derechos humanos de los secuestrados y más grave aún, justificaban “moralmente” su accionar, inclusive las torturas.

El Dios de los justos hace justicia.

* Sacerdote católico, ex secretario del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, integrante del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.