El Gobierno promulgó esta mañana la Ley Nacional de Electrodependientes, sancionada el mes pasado por el Congreso, que garantiza el servicio eléctrico gratuito a quienes por cuestiones de salud necesitan estar conectados a distintos artefactos eléctricos para sobrevivir. También obliga a las empresas de energía eléctrica a entregar un grupo electrógeno a los usuarios inscriptos como electrodependientes y tener una línea telefónica gratuita las 24 horas para asistir a las familias. La norma fue impulsada por padres de chicos electrodependientes bajo la consigna “Luz para ellos”.
“El titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente” y “gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito”, ordena la ley 27.351 promulgada mediante el decreto 339/2017.
La norma estipula que el beneficio “consistirá en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica que se encuentre bajo jurisdicción nacional”. También contempla la eximición “del pago de los derechos de conexión, si los hubiere”.
La nueva ley también obliga a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a proveer a los usuarios electrodependientes un grupo electrógeno sin cargo, incluyendo los costos de funcionamiento. Otro deber de las distribuidoras será habilitar una línea telefónica gratuita de atención personalizada las 24 horas para responder a las urgencias y consultas de los usuarios con esas necesidades.
Para las familias que lucharon para conseguir la ley, ver la norma promulgada en el Boletín Oficial significó “una alegría enorme que nos inunda el alma”. Aunque ahora, dijeron, seguirán trabajando para que las provincias adhieran a la legislación y su aplicación se haga efectiva en todo el país.
Desde el Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, se anticiparon a la sanción de la ley e impusieron por decreto un consumo máximo gratuito de 600 kilovatios por hora, por encima del cual estos usuarios deberán pagar el supuesto excedente, entre 300 y 600 pesos por megavatio/hora. Los topes máximos y las tarifas por consumo excesivos contradicen lo dispuesto en la ley que establece la gratuidad de la totalidad de la facturación del servicio y la provisión de luz sin interrupciones.
