P.L. (22) y F.B. (27) son nacidas y criadas en la ciudad de Orán, ambas fueron abandonadas de pequeñas y fueron institucionalizadas. El 16 de agosto último fueron detenidas en un control de Gendarmería en Las Lajitas, sobre la ruta provincial 5, cuando venían desde aquella ciudad a Salta Capital. En sus mochilas llevaban poco más de 4 kilos de cocaína. Ahora están siendo juzgadas por este hecho ante el Tribunal Oral en lo Federal 1 de Salta y enfrentan la posibilidad de recibir penas de hasta 4 años de prisión. 

Estos hechos, que pueden tener cierta importancia en la lucha contra el narcotráfico, se completan con otros, relevantes para un estado respetuoso de los derechos humanos. P.L., que no puede recordar la fecha de su nacimiento ("disculpe, no sé leer ni escribir, no me la sé a mi fecha de nacimiento", dijo en la identificación ante el Tribunal), iba a una escuela especial de chiquita, pero la enfermedad de la madre la dejó en situación de abandono. Junto con sus hermanos pedían comida a los vecinos hasta que alguien informó esta situación y los llevaron a un hogar.

Tiempo después volvió a la casa, donde su padre abusó de ella desde los 14 años y cuando tenía 15 quedó embarazada y tuvo una nena. Para ocultar los abusos, la obligó a convivir con un amigo suyo. Tiempo después P.L. denunció a su padre, quedó en la calle y luego escapó a Córdoba, donde hizo pareja con un trabajador bagayero, José Luis Colazo, con el que tuvo un hijo. Pero al poco tiempo comenzó a sufrir violencia física y verbal y nuevamente escapó. Regresó a Orán, donde ejerció la prostitución para poder pagar un lugar donde vivir con su hijito, que tiene autismo. 

F.B. también se crió en "el hogar del padre Diego". Su madre estaba a cargo de los cinco hermanos, pero no podía atenderlos por su trabajo, que era precario. En el debate surgió que la joven "vivía esta situación con mucha angustia", contó María Dolores Ezcurra, ex coordinadora de ese lugar. F.B. se hizo cargo de sus hermanos desde muy chica, "Siempre fue como la ganillinita de la familila que quería tener a todos sus polluelos con ella y hacerse cargo ella y esa situación la angustiaba mucho". 

También quedó embarazada siendo adolescente, a los 16 años. Tuvo tres hijos, la mayor no está con ella porque la entregó a familiares porque no podía mantenerla. En cambio, una nena de 3 años y un niño de un año están a su cuidado. La nena nació con labio leporino, lo que provoca que esté desnutrida y tenga problemas respiratorios frecuentes. También F.B. ejerció la prostitución, en el sur y en el límite con Bolivia. Ahí conoció un hombre que le ofreció transportar pasta base a la ciudad de Salta y, a cambio, iba a pagar una operación a la nena. 

Según declaró, ella le pidió a su amiga P.L. que la acompañara y, de paso, que aprovechara el viaje para tramitar el certificado de discapacidad de su hijo. Tras un primer momento de detención, ambas están con prisión domiciliaria, para que puedan atender a sus hijos. Al principio alquilaron juntas, para afrontar los gastos, pero las dificultades económicas fueron tan grandes que debieron separarse y P.L. volvió a su casa paterna, donde trata de revincularse con su hija. 

Primero la condena, después el delito 

Lo que se viene viendo en el juicio oral, que seguirá hoy, exhibe este caso como el típico en el que el Estado ignora a unas personas hasta que fija su mirada en ellas, para criminalizarlas. Es cierto que las detuvieron con más de 4 kilos de cocaína, pero también es cierto que sus historias de vida dan cuenta de tantas vulneraciones a sus derechos que parecen haber purgado sus condenas antes de haber cometido sus delitos. 

Sobre la ausencia (o presencia a medias) del Estado, por ejemplo, habla el hecho de que P.L. todavía no sabe qué pasó con la denuncia que hizo contra su padre, por el abuso sexual reiterado al que la sometió; tampoco sabe qué medidas se tomaron contra su ex pareja, a la que denunció por agresiones y amenazas. 

Los testimonios en el debate son elocuentes sobre el estado de vulnerabilidad de ambas jóvenes. La psicóloga Mónica Jarruz, que actuó a pedido de la Defensoría Oficial, que asiste a ambas mujeres, habló sobre las historias de vida de ambas. "Ella vivió en situación de calle tras una denuncia que efectúa contra su progenitor y estuvo en una situación de mucha vulnerabilidad”, sostuvo sobre P.L. En cuanto a F.B., contó que fue llevada a un hogar de niños “ya que ella describe haber sido producto de una violación”.

F.B. salió del hogar a los 16 años, vivió en pareja hasta que fue abandonada con una hijita. Se fue al sur, donde ejerció la prostitución durante nueve meses al cabo de los cuales volvió a Orán, intentó restablecer el vínculo con su hija, pero no pudo. También se hizo cargo de sus hermanos y trabajó como bagayera. En ese trabajo conoció a su segunda pareja, con la que tuvo a la nena de 3 años, y de la que se separó porque era violento. Entonces volvió a la prostitución, en la ciudad de Bermejo, que limita con Argentina, donde cuidaba a sus hermanos y a su hija durante el día y trabajaba de noche. Ahí conoció a su tercera pareja y ambos fueron a trabajar en el bagayeo.

Cuando les dieron la prisión domiciliara, fueron a vivir juntas en Orán, pero para pagar el alquiler y otros gastos tuvieron que empeñar sus beneficios sociales en una situación que se volvió insostenible. "F.B. problematizaba la situación económica que atravesaba porque no estaba pudiendo cobrar la Asignación Universal ni la tarjeta alimentaria porque había otorgado a modo de préstamo ambas tarjetas a un prestamista informal", contó en el juicio el trabajador social Marcelo Corona, que en septiembre hizo informes sobre las mujeres. Añadió que para poder subsistir F.B. vendió sus muebles y electrodomésticos.

Sobre P.L. dijo que su trayectoria de vida es de "extrema vulnerabilidad social y económica atravesada por fuertes indicadores de violencia de género". Y tras reseñar las otras situaciones de violación de derechos que sufrió esta joven, destacó que considera necesario que haya "un acompañamiento por el acoso que está teniendo en los últimos tiempos por parte del padre del niño".

La psiquiatra Libertad Castro Bonzano, del Hospital Pisquiátrico Miguel Ragone, recordó que P.L. dijo que no sabía que traía una carga de pasta base (un paquete, los otros iban en la mochila de F.B., que desde el primer día dijo que era la única que sabía que traían la droga). "Notamos que (P.L.) sí es una persona influenciable y que puede tener eso que ver con el retraso mental que suponemos es leve", agregó en respuesta a una pregunta del fiscal Ricardo Toranzos.

Y si bien dijo que la joven podía comprender si algo está bien o mal, explicó que las personas con retraso mental moderado "tienen mayor lentitud en la comprensión y también en el uso del lenguaje que es como más limitado, le cuesta más el aprendizaje, aprenden lo más elemental en la lectoescritura y el cálculo" y pueden tener "ciertas dificultades en su cuidado personal". "La compresión esta disminuida en el retraso metal, hay una lentitud en el desarrollo de la comprensión" y eso puede provocar que en ciertos momentos no comprenda lo que está haciendo ni sus consecuencias. "Les cuesta distinguir entre si algo es bueno malo", añadió luego.

La condición de mujer  

María Emilia López Abramóvich, una de las psicólogas que examinó a las mujeres junto a la psiquiatra Castro Bonzano, dijo que también observaron en F.B. "tendencia a la influenciabilidad", y su relato dio cuenta "de la vulnerabilidad a la que ella esta expuesta por estas características así como también por los antecedentes que había relatado de haber estado muchos años en hogares, no haber podido terminar sus estudios secundarios por quedar embarazada, trabajo en un burdel". 

En detalle, mencionó los indicadores de vulnerabilidad de esta joven: su crianza institucionalizada, su precariedad económica, "ella en muchas situaciones actuaba influenciada por situaciones económicas", que la llevó a ejercer la prostitución como modo de subsistir; también sufría presiones familiares para actos delictivos, los embarazos fueron precoces, y ahora, la angustia por el temor a ser separada de sus hijos. "Creemos que estaba muy condicionada por la precariedad, que tampoco tenía relación con familiares y que no había referentes para ella a quienes acudir como apoyo", concluyó la psicóloga.

-En esta conclusión de vulnerabilidad, ¿tiene incidencia su condición de mujer? -preguntó la defensa pública. 

-Sí, es probable que sí porque me parece que en el medio que ella se movía la condición de género podría ser un factor que hubiera agravado la condición vulnerabilidad -respondió la psicóloga. 

Los profesionales que las evaluaron también dieron cuenta de la diligencia de ambas jóvenes para atender a sus hijos, a pesar de que no reciben ayuda de los padres de esos chicos. Verónica Argüello, trabajadora social de la delegación Orán de la Secretaría de Niñez de la provincia, fue comisionada en agosto para hacer un informe sobre la situación de los niños. “En este caso los derechos de los niños no estaban siendo vulnerados”, estaban en "buena situación de salud y escolarizados", señaló. Argüello recomendó que el estado debía "asegurar la segunda cirugía de la niña" de F.B.

Hoy se producirán los alegatos en el juicio. Resta saber cuál será la postura de la Fiscalía, y la decisión del Tribunal. Quizás se pueda esperar una mirada piadosa, como la que tuvo el remisero que las traía cuando fueron detenidas. Al declarar, Sebastián Oliva contó que no le pagaron el viaje: "Los chicos me dieron pena, por eso no quise hacer problema con la plata, que les voy a cobrar".