El abogado Pedro Vélez, quien defiende a dos de los 5 imputados junto al ex Juez de la Cámara de Apelaciones, Juan Pablo Morales, por el delito de “comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada”, pidió la libertad de uno de sus pupilos y acusó a la Justicia Federal de “beneficiar” al ex magistrado, a quien caracterizó como “narco de cuello blanco”.
El pedido fue presentado ayer en el Juzgado Federal de Catamarca, en él solicita la libertad de Pablo Andrés Frías, quien permanece detenido en el marco de la misma investigación que procesó a Morales. Menciona que carece de antecedentes judiciales y las pruebas contra él serían “menos graves” que las que pesan contra el ex magistrado quien sí está en libertad.
La particularidad del escrito, que consta de 26 páginas, es que realiza una comparación entre el trato que se le prodigó a su defendido y el que se le dio al ex Juez por parte de la Justicia Federal. Además, menciona otras razones por cuales el letrado comprende que se estaría beneficiando a Morales.
Para Vélez, mantener a P. Frías detenido viola el “principio de igualdad ante la Ley”. “Esto significa que no debe haber discriminación de una persona, como la hay en la presente causa en contra de mi asistido”, señala, y agrega que su pupilo es discriminado por “ser pobre, no contar o carecer de un título de abogado, o no ser amigo de funcionarios judiciales, o no haber sido anteriormente un magistrado”, dice.
En este contexto, Vélez va más lejos en sus conjeturas y explica; “en la presente causa claramente existió un trato discriminatorio en cuanto a la libertad de los imputados en virtud de a qué clase social pertenecen o con quién se encuentran ligados en las intervenciones telefónicas como presuntos cómplices directos, la cual incluso ha ido en claro desmedro de la investigación, y que hasta hace desconfiar de que se procura la impunidad de determinados imputados”.
De esta manera menciona que desde el Juzgado se emitió una orden de detención para los 6 acusados : Marco Antonio Rearte, Domingo Sebastián Frías y Pablo Andrés Frías, Gabriel Lazarte, su novia Emilse Aráoz, y también para Morales, pero “de manera llamativa, por demás sospechosa, discriminatoria, y fundamentalmente sin razón seria alguna que lo justifique, desoyendo los pedidos de la Fiscalía para que se ordene la detención del mismo y de la ciudadana Aráoz (ligada a Morales y a Lazarte), y actuando notoriamente de manera contraria a su proceder en otras causas similares o incluso de menor cuantía o con menor caudal probatorio, no ordena la detención de Morales, ni de Aráoz y mantiene la detención de mi cliente y la del resto de consortes procesales”.
Vale aclarar que la investigación habría determinado que los hermanos Frías y Rearte se dedicaban a la venta de estupefacientes como sociedad, mientras que Lazarte y Aráoz también lo hacían, pero vendían al por mayor. Morales, en este contexto, fue quien comunicó a Rearte con Lazarte (comprador y vendedor de la droga respectivamente) y a quien le pagarían una comisión por hacer la transacción (de dinero y droga) entre ambos. Aráoz era quien guardaba la droga, ya que su novio está detido en el Penal de Catamarca.
En este contexto, Vélez critica directamente la investigación y asegura que Aráoz, a quien no se la detuvo, y se sabía por las conversaciones telefónicas que la droga estaba en su poder, pudo “hacer desaparecer tranquilamente “la motito” (léase sustancia estupefaciente. Es decir que el Tribunal con el nuevo yerro judicial ha permitido seguramente que esa sustancia estupefaciente desaparezca. Es decir, más de dos kilogramos de cocaína no pudieron ser secuestrados, con el consiguiente daño social que implica que esa sustancia que podría estar secuestrada ingrese al circuito de tráfico”, resalta.
Posteriormente, es más duro con las actuaciones de la Justicia y acusa que tampoco le secuestraron el celular a Morales: “Es por demás llamativa y sugestiva la falta de secuestro del teléfono celular del letrado devenido en imputado, contra todos los precedentes, y lleva a pensar que mínimamente de manera involuntaria y por negligencia, se está facilitando la impunidad y el borrado de rastros del presunto delito investigado”.
“Parece ser que no es peligroso un presunto narco de cuello blanco. No es peligroso para el proceso si el imputado es un abogado amigo de los funcionarios judiciales. No es peligroso para la sociedad que se venda drogas en las narices del Juzgado Federal, que las operaciones narcos se concierten a 15 metros de la sede del juzgado federal con reclusos del Penal y con personas de otras provincias, con total desparpajo”, señala Vèlez.
Por última, manifiesta: “El Juzgado Federal claramente atento al cuadro fáctico descripto ha considerado que la investigación estaría a buen resguardo pese a la libertad de los imputados Morales y Araoz, por lo cual no hay razón valedera alguna para que ello no sea aplicable a mi asistido”, concluye.
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