El Tribunal Oral Federal 2 de Salta, integrado por el juez Domingo Batule, Abel Fleming y Mario Marcelo Juárez Almaraz, declaró la nulidad de la elevación a juicio de la causa en la que se investiga el siniestro vial en el que fallecieron 43 gendarmes, en 2015. Los jueces consideraron que hubo falencias en los traslados de demandas que no fueron notificadas a los acusados. La causa fue remitida de nuevo al juez federal de primera instancia Julio Leonardo Bavio. El juicio se suspendió y podría retomarse recién en 2022. 

El Ministerio Público Fiscal Federal aclaró que el juicio no quedó nulo y solo se suspendió hasta que se concreten los traslados y contestación de las demandas a los acusados. Ante esta decisión anticipó que es probable que el debate pase para el próximo año.

Este juicio se inició el 1 de noviembre pasado con la lectura de la acusación fiscal contra el suboficial mayor Ricardo Ernesto Villasanti, encargado de la División Motorizada del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero; el comandante Juan Carlos German, responsable de Logística; el comandante principal Juan Carlos Bordón, jefe de Personal; el comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento; y el comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando.

Los cinco imputados son juzgados por la responsabilidad penal y civil en torno al siniestro vial ocurrido el 14 de noviembre de 2015, en la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 956, sobre el puente del arroyo Balboa, en la localidad de Rosario de la Frontera, a unos 180 kilómetros al sur de la capital salteña.

Ayer la segunda jornada de juicio comenzó sin retransmisión virtual por youtube y eso motivó una de las quejas de abogadxs querellantes y de los familiares, ya que pocos pudieron viajar a esta audiencia y había familias que esperaban poder seguirlo online desde otros puntos del país. 

El abogado defensor de Villasanti, Pablo del Pino, planteó la nulidad de la audiencia de juicio y que se retrotraiga a la etapa de instrucción. Dijo que en su momento se opuso a la separación de causas, porque entendía que debía juzgarse a todos los imputados juntos. En cuanto a las demandas civiles, afirmó q ue "debía haberse trabado la litis, contestado las demandas y las excepciones" antes de la elevación al juicio, pero "el juzgado y la Cámara de Apelaciones se negaron a realizar eso". Contó que hubo dos elevaciones a juicio pero se les notificó de una sola, y solo en esa ofrecieron pruebas.

"Había demandas que no se habían concretado, no se habían resuelto las excepciones y aún así nos encontramos acá", sostuvo Del Pino. Señaló que hubo desprolijidad en la elevación hecha por Bavio. La defensa de German, ejercida por el abogado Marcelo Arancibia, y la de Bordón, a cargo de Martín Tilli, adhirieron al planteo de Del Pino.

El juez Bavio había dispuesto que las causas penal y la civil se tramiten por separado. Sin embargo, el Tribunal informó que recién les estaban notificando de las demandas civiles. También el representante de un grupo de actores civiles, Ricardo Julián, solicitó que se suspenda el juicio.

"Advertimos que quienes pretenden la reparación civil, no fueron lo suficientemente diligentes para que las cuestiones sean tratadas por el Tribunal en tiempo oportuno. Paradójicamente han sido la defensa de Villasanti y la de German las que vienen cuestionando estas deficiencias, de no haberse corrido traslado de la demanda y no haber trabado adecuadamente la litis", sostuvo el juez Batule, responsabilizando a lxs abogadxs de las actorías civiles.

El magistrado explicó que el Tribunal esperó hasta último momento, "a los fines de que se pudieran completar estas deficiencias pero en la ampliación del auto de elevación a juicio se nos refiere quiénes son los actores y los demandados (...), no nos dicen cómo ha quedado trabada la litis, ni las contestaciones. Hay litis que no están aún trabadas y el Tribunal no puede avanzar en el juicio, porque si no estaremos ante un proceso irregular, llegaremos a una sentencia deficiente y seguramente ello significaría la nulidad de todo el juicio". 

Por su parte, Fleming explicó que el Tribunal interviene ante los delitos penales y excepcionalmente pueden tratar cuestiones civiles "para simplificar" y que en un solo juicio "se resuelva todo". Indicó que esto se da en los casos en que los damnificados pretenden un resarcimiento económico como consecuencia de un hecho delictivo, explicó que la relación procesal pasa a ser doble, "tiene que empezar el juicio con las demandas penales y civiles y la contestación de las demandas civiles porque la contestación de la demanda penal se va a dar durante el transcurso del juicio. El Tribunal hoy no tiene ninguna actoría civil". 

Este juez dijo que "la gente que está reclamando justicia en su actuación profesional no está haciendo lo necesario para administrar un juicio válido". Aseguró que con los otros jueces discutieron "cómo enderezar" el proceso, pero el juicio viene "mutilado", "segmentado". "Un querellante que no concreta demanda penal, está queriendo sostener una acusación de tipo particular o privada ¿o no?", cuestionó. 

Fleming responsabilizó de esta suspensión a las querellas y actorías civiles, sostuvo que la Justicia es "un trabajo colectivo" pero que el Poder Judicial obra como "gerente de quejas" cuando aquel "es malo, desidioso". También reprochó las acciones “dilatorias” y de “obstaculización” de las defensas.

"De mi parte espero, declarada esta nulidad, que se finiquiten las cuestiones civiles por las dos vías, ya sea asumiendo el Juzgado (de instrucción) la tarea que falta a los litigantes civiles, (o) imponiéndoles la carga bajo apercibimiento de tener por desistidas las pretensiones civiles y que vuelva de nuevo a este Tribunal", dijo Fleming. El magistrado explicó que el Tribunal no quedará inhabilitado para poder tratar esta causa porque no llegaron a abrir el debate.

Prosiguió lamentando que hace 6 años que murieron los 43 gendarmes y "todavía no puede abrirse un debate". Añadió que este es un proceso con varios imputados, muchas víctimas, y también representantes letrados. Indicó que en algunas de las querellas está demandado el Estado nacional y no se ha corrido traslado de la demanda. "Cuando se van sumando actores dentro de un juicio se va complejizando", afirmó.  

La querella de Mauricio Adarriaga y Nuria Monserratt dijo a Salta/12 que en la primera audiencia plantearon que la instrucción no estaba completa. "Es una buena oportunidad para que completen la instrucción, el juez (Bavio), no las partes. La responsabilidad es del juez Bavio por no haber completado la instrucción. Ellos decretaron que (las causas penal y civil vayan) por cuerdas separadas y de repente quieren unir todo", dijo Adarriaga.

"Se cerró la investigación cuando hay elementos para seguir imputando a más gente que tiene que dar explicaciones", agregó. "Me parece una agresión innecesaria de parte de las autoridades judiciales echarle la culpa a los querellantes y a los actores civiles. Acá se necesita que se investigue todo, no una parte", añadió.

Adarriaga dijo que también se tiene que investigar una asociación ilícita, recordó que ellos hicieron una demanda al respecto en Santiago del Estero para que esa causa se tramite en esa provincia pero dijo que "Bavio y el Tribunal Oral Federal no entregaron la documentación, no les dieron el expediente". "El fiscal (federal Eduardo) Villalba dijo que sí era necesario que se investigue y no en Salta, sino en Santiago del Estero como lo venimos denunciando porque si hubo asociación ilícita, donde desfalcaron la plata fue ahí", aseguró.

Los hechos

En 2015, un colectivo Mercedes Benz, que era conducido por el sargento primero Orlando Díaz, con el cabo primero Oscar Manrique de acompañante, transportaba en total a 50 gendarmes, quienes habían salido del Destacamento Móvil 5 de Santiago del Estero y se dirigían a Jujuy para "dar apoyo en conflictos de orden social desatados en esa provincia", por decisión de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Al micro, que era parte de un convoy de tres unidades, se le reventó el neumático derecho y cayó al fondo del arroyo. Debido a ello, 43 gendarmes perdieron la vida, lo que marcó la peor tragedia de esa fuerza en cumplimiento del deber.

La investigación del caso, tras la declaración de incompetencia de la justicia provincial, fue llevada adelante por el fiscal federal Ricardo Toranzos con intervención del juez federal Julio Bavio, quien dictó el procesamiento y elevó la causa a juicio a fines de 2016.

Tras una serie de planteos, tanto de las defensas como de distintas querellas y actores civiles que se presentaron por las familias de las víctimas, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el auto de elevación a juicio el 21 de septiembre de 2017.

La acusación, ahora dirigida por el fiscal general Carlos Amad, del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, estableció que hubo graves irregularidades en el mantenimiento del colectivo, las que habían sido informadas a los superiores.