Los tiempos parlamentarios no fueron lo suficientemente veloces para aprobar la prórroga de la Ley 26.160 que ordena el relevamiento territorial de las comunidades indígenas y suspende los actos administrativos y judiciales de desalojo de las comunidades preexistentes a la República Argentina. Es por eso que el Gobierno anunció que la continuidad de esa norma será establecida por decreto de necesidad y urgencia (DNU) dado que la misma vence el 23 de noviembre. "En los próximos días el Presidente va a firmar el DNU que prorroga la ley vinculada con el censo indígena, que tiene media sanción del Senado, pero no hay tiempo porque se vence el 23 y no llegamos a votarla", explicó la vocera presidencial Gabriel Cerruti. Antes del anuncio, adentro del Congreso, con el tratamiento en la comisión de Presupuesto de Diputados, como afuera, con el acampe de organizaciones indígenas, se preparaban para dar la batalla. 

"Que salga por decreto muestra la debilidad de esta norma de emergencia territorial que fue dictada en 2006, y la situación se ha agudizado porque los pueblos naciones son reservorio de biodiversidad para todes, en cambio para el capital y el mercado son bienes estratégicos, el agua, el litio, los minerales, y las corporaciones locales y extranjeras que los disputan crecieron exponencialmente", dijo a PáginaI12 Claudia Gotta, secretaria de Pueblos Originarios de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). "Esta ley es la única respuesta que dio el Estado argentino, desde la sanción de la reforma constitucional que reconoció la preexistencia de los pueblos naciones al Estado nacional, y una amplia gama de derechos, reconocimiento reforzado por pactos y convenios internacionales", agregó.

Gotta recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri costó mucho la prórroga de la norma porque la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) le exigía que se cayera la ley. "Vienen por los territorios que reclaman su restitución, y ahora se movió de nuevo la criminalización y la estigmatización de los pueblos originarios. Todo lo que está pasando en Cuesta del Ternero está vinculado a Papel Prensa, acá el unico terrorista es el Estado en complicidad con el colonialismo residual de los poderes locales, judiciales, policiales y empresariales. No viene fácil, están haciendo lobby para que no haya sesión", comentó la dirigente. Será por eso que el Gobierno prefirió sacarla por DNU.

Acampe y vigilia

"Está en riesgo la vida de toda la humanidad, los poderes vienen por los bienes naturales y necesitan que esa ley no siga vigente porque el primer obstáculo que encuentran en el territorio somos las comunidades indígenas que estamos ahí desde siempre frenando el avance del saqueo del negocio inmobiliario, maderero, minero, del litio y turístico que causa serios daños a la madre tierra y desequilibrios como el cambio climático y el calentamiento global". Néstor Jerez habla con este diario sentado en un cajón de verduras sobre las piedritas rojas de Plaza Congreso, bajo el toldo de plástico del acampe surgido hace tres semanas en reclamo de la aprobación de la prórroga de la Ley 26.160. Él es cacique del pueblo ocloya, y acampa junto a referentes de varios pueblos: kolla, mapuche, huarpe, mbya guaraní, tonokote llutki, guaraní, tolombón nación diaguita, diaguita calchaquí, tehuelche, qom, wichí y pilagá. "Como es una ley de emergencia vence este 23, si se cayera habría desalojos masivos, hay 2 mil comunidades indígenas expuestas que quedarían desprotegidas ante los permanentes atropellos y amenazas, intentos de despojo, hechos de violencia extrema, intentos de homicidio, y judicialización con orden de desalojo. Ante la Corte Suprema somos caratulados de usurpadores cuando en realidad somos poseedores ancestrales y así lo contempla todo el marco jurídico que el Estado ha reconocido", agrega Jerez. 

La comisión de Presupuesto, que preside el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, se reunirá hoy y la prórroga de la 26.160 figura en el temario de la reunión que comienza a las 13. Verónica Caliva, diputada por Salta del Partido del Trabajo y el Pueblo en el Frente de Todos, confirmó a PáginaI12 que hoy iba a salir el dictamen por mayoría. "En el Día de la Militancia tendremos como consigna la prórroga de la 26.160, pero si no llegamos al 23 para poder sacarla habrá un decreto, que ya está listo", comentó.

Más tarde, mientras el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibía el documento elaborado por las organizaciones indígenas y las entidades sociales, de derechos humanos y universitarias solidarias con ellos, Cerruti hacía su anuncio en Casa Rosada. "Esa historia se repite, igual que en 2017 días previos al tratamiento de la ley buscan estigmatizar usando la figura del pueblo mapuche calificándolos de violentos y agresivos, para que la sociedad no acompañe. Pero estamos convencidos de que hay una sociedad con conciencia que acompaña en su gran mayoría la causa indígena, porque el planeta está en peligro y la madre tierra nos necesita", apuntó el cacique ocloya.

Walter Bosisio es director del programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, integrante Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígenas y responsable de la Comisión de Territorio de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional). "Junto con la OPINOA (Organización de los Pueblos Indígenas del NOA), desde Jujuy con los pueblos humahuacas y kollas, guaraníes en Salta, diaguitas en Tucumán y comechingones en Córdoba, por citar algunos, y diferentes universidades estamos trabajando para visibilizar este problema", dijo a este diario. Al igual que en 2017, el acampe en Congreso y la campaña por la prórroga de la ley fueron motorizados por ellos.

"Hay desesperación en las comunidades, que temen el regreso de los desmontes, la entrada de grupos terratenientes y empresarios, conflictos de titulación de propiedades; hay una deuda histórica que fue anunciada por el Presidente, la ley de propiedad indígena, pero no ha llegado, lo dice la Constitución: es un deber del Estado garantizar el hábitat y la identidad cultural de estos pueblos, de las 1800 comunidades sólo la mitad han sido relevadas pero muchas menos han obtenido su reconocimiento legal". Bosisio fue claro sobre la urgencia: "Las topadoras ya están a las puertas de las comunidades".

También la agrupación H.I.J.O.S La Matanza se pronunció a favor de la prórroga de la Ley de Emergencia de los Territorios indígenas que "frena los desalojos y permite dejar en condiciones jurídicas a las comunidades de recibir el título de propiedad comunitaria". En una carta dirigida a los diputados expresó: "De ustedes dependerá que los pueblos originarios conserven sus territorios y no puedan ser expulsados y sigan haciendo un aporte muy importante a toda la humanidad".