Tras casi un mes de haber iniciado una marcha a pie desde Dragones (en el departamento San Martín, al límite con Rivadavia) a Salta Capital, campesinos agrupados en el Frente Nacional Campesino (FNC) decidieron retomar la protesta con un acampe sobre la ruta nacional 81.
La decisión se tomó en asamblea y fue motivada por la falta de respuestas a un petitorio cuyo punto principal apunta a la protección frente a las órdenes de la Justicia para que algunas familias desocupen las tierras que trabajan desde hace dos generaciones al menos.
Para dar un resguardo frente a los desalojos la Legislatura de Salta ya aprobó la prórroga hasta 2023 del artículo 9 de la Ley provincial 7658. También se incorporó un apartado para contar con un presupuesto que permita el relevamiento de las tierras ocupadas por el campesinado y su posterior regularización dominial.
Por ahora, la promulgación de la sanción no fue publicada en el Boletín Oficial y este fue uno de los motivos que llevó a retomar las medidas de fuerza. Sin embargo, la secretaria de Asuntos Agrarios de la provincia, Milagros Patrón Costas, dijo a Salta/12 que el gobernador Gustavo Sáenz ya firmó el instrumento legal y la promulgación estaría próxima a ser oficializada.
Los referentes del grupo liderado por el FNC insisten con ser recibidos por el gobernador, algo que hasta el momento no ocurrió. Si bien tras la marcha quedaron en la ciudad de Salta solo 11 referentes para participar de reuniones, mientras que el resto volvió a sus lugares de origen, no hubo acuerdos que permitan darles seguridad sobre la situación de las tierras que se disputan judicialmente con titulares registrales.
Débora Taboada, campesina del paraje Los Leones en Los Blancos (Rivadavia Banda Norte), contó a este medio que si bien se realizaron gestiones en los distintos ministerios, la respuesta al pedido principal de un encuentro directo con Sáenz no tuvo acogida. “Nos queríamos sentar a hablar directamente con él”, sostuvo al añadir que esperan la promulgación de la ley y una reglamentación definitiva. Es que si bien la normativa que data de 2010 ya tenía un decreto reglamentario, la falta de especificaciones respecto de quién debía realizar cuál acción terminó por desvirtuar el objetivo del relevamiento y regularización de las tierras.
En la espera de esas acciones a principios de octubre se conocieron al menos cuatro decisiones de la jueza Civil y Comercial de Tartagal, Griselda Nieto, por las que intimó a familias campesinas a desocupar el lugar donde vivían. La directiva surgía de la resolución de distintos juicios de reivindicación en los que se reconoció la propiedad de las tierras a los titulares registrales.
El hecho más resonante fue el de René Segovia, cuya familia ocupa desde hace un siglo las tierras que compró Gianfranco Macri en 2006. En el marco de la disputa se inició el juicio de reivindicación y se ordenó desocupar las tierras. Para algunos especialistas, la decisión involucra una estrategia para que la “desocupación” de las tierras no sea alcanzada por el artículo 9 de la Ley 7658 que suspende los desalojos. Tras los reclamos y la publicidad de los hechos, la jueza Nieto suspendió el efecto de su sentencia, al menos por ahora.
Los campesinos decidieron acampar desde el lunes último a la vera de la ruta nacional 81, en inmediaciones de Fortín Dragones, y empezar a cortar media calzada de la arteria que atraviesa al Chaco Salteño. “Acá vamos a acampar hasta que tengamos respuestas”, dijo Taboada.
Presupuesto y reglamentación
Patrón Costas, por su parte, afirmó que aunque trabaja con el grupo de la Coordinadora Zonal de la Ruta 81, espera que quienes están con el FNC logren integrarse a la mesa de trabajo que tendrá su próxima reunión el 2 de diciembre. “Las problemáticas son similares”, aseguró al hacer referencia a los reclamos del grupo de la Coordinadora, que respaldó sobre todo a Antolín Soraire, otro campesino notificado para desocupar su vivienda por orden de Nieto. En este caso, la misma jueza frenó por ahora los efectos de su sentencia.
La funcionaria afirmó que ya se solicitó el presupuesto necesario para poder trabajar con la ley y sostuvo que al momento de la reglamentación “la idea es hacer un trabajo interministerial porque son varias las problemáticas que atraviesan al sector”.
