El director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa, y la directora nacional del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), Gisela Bustos, ambos organismos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, visitaron Salta para promover la Ley de Empresas Recuperadas que espera su tratamiento en el Congreso de la Nación.

En su recorrida visitaron cooperativas, gremios y comercios, así como mantuvieron reuniones con integrantes de la Cámara de Diputados, sindicatos, y con el Foro de intendentes.

En diálogo con Salta/12 los funcionarios explicaron que la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, creada apenas asumió el gobierno de Alberto Fernández, presentó en 2020 un proyecto de ley que recoge 20 años de experiencia y busca facilitar la tarea de aquellos trabajadores que se animan a autogestionar las fábricas que sus patrones abandonan.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación a través de Leonardo Grosso, y es acompañada por otros legisladores, propone declarar de utilidad pública la recuperación de empresas por sus trabajadores, impulsa su reconocimiento institucional y propone herramientas estratégicas de protección y desarrollo.

“Toda Unidad Productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento por parte de los empleadores, disolución de la sociedad, y sin perjuicio de los procesos judiciales que pueda o no tener iniciados, podrá ser expropiada y cedida en favor de sus trabajadores”, siempre que “se hallen conformados en cooperativas de trabajo o en trámite de constitución y que deseen continuar con la actividad productiva”, propone el proyecto.

En el proceso de expropiación el monto de la indemnización será determinado por un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el juez o la jueza de la quiebra o concurso preventivo. Y se creará un Fondo Fiduciario a efectos de pagar el monto de la indemnización. Para ello, también se conformará un fondo con partidas previstas en la Ley de Presupuesto Nacional de cada año, y el proyecto propone que el monto no sea inferior al 5% del presupuesto anual del Ministerio de Economía.

El inmueble y sus maquinarias serán cedidas en comodato a la cooperativa, con la condición de que ésta ceda parte de sus instalaciones, no utilizadas para la producción, para el desarrollo de actividades sociales, educativas, culturales, tareas de cuidados o de formación profesional.

La ley propone además una serie de exenciones tributarias, asistencia técnica y líneas de crédito para las empresas recuperadas y crea el Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER).

“Es una ley que viene a modernizar la situación y sacar lo traumático que significa recuperar una empresa para hacerlo más fácil”, manifestó Eduardo Murúa, “y que el Estado no tenga que poner recursos porque en realidad lo que se plantea es compensación de los créditos que tienen los trabajadores y los estados municipales y provinciales, así como la AFIP para poder quedarnos con la empresa, porque lo importante es que ese bien social no se destruya”.

El director nacional de Empresas Recuperadas relató que cuando una empresa quiebra “se terminan liquidando las maquinarias por precio de remate, de chatarra, y el bien queda ahí sin liquidar a veces”, por lo que la normativa busca aprovechar y agilizar el proceso a favor de los trabajadores para que no pierdan sus puestos y esa maquinaria siga produciendo.

A su vez, otro de sus objetivos es asegurar la situación jurídica de todas las empresas recuperadas, hoy hay 400 de ese tipo, de las cuales 180 tienen una situación jurídica “muy endeble”. Esos 400 emprendimientos generan más de 18.000 puestos laborales en todo el territorio nacional. “Y la pandemia dejó serias consecuencias, con concursos preventivos y otras situaciones que necesitan del Estado para contener el empleo y los trabajadores”, expresó Gisela Bustos. En Salta, el restaurante San José es manejado por sus trabajadores, pero según los funcionarios podría haber algunas más que aún no se registraron en el (RENACER).

“Hoy les explicábamos a los legisladores que no se trata de cuántas hay, sino de tener una legislación acorde para que no suceda lo que sucede en otros lados”, acotó Murúa, quien se mostró preocupado porque el proyecto de ley “todavía no tomó estado parlamentario” a pesar de tener el visto bueno del presidente de la Nación. Aunque se mostró esperanzado de que sea sancionada en los primeros meses de 2022, “porque nadie dice que no, o que no está bien lo que estamos planteando, pasa que a veces se priorizan cuestiones urgentes como los del Fondo, o lo que fue la pandemia”.

Una ley local

“Queríamos discutir con los legisladores provinciales la posibilidad de tener una ley que acompañe la recuperación de las empresas recuperadas y así no perder un puesto de trabajo más”, contó Murúa en cuanto a los objetivos de su viaje a Salta. Y en su encuentro con un grupo de diputados les informaron que en Salta ya existe un proyecto, presentado por el presidente de la Cámara, Esteban Amat Lacroix, que aún se encuentra en comisión para ser evaluada.

“Sentaría un precedente local que ayudaría a traccionar a otras provincia y a la Nación también”, mencionó la directora nacional del INAES sobre la posibilidad de que el proyecto local avance y sea sancionado.

La letra de la ley provincial tiene por objeto “contribuir al mantenimiento y/o creación de puestos de trabajo generados por empresas recuperadas por sus trabajadores organizados en Cooperativas de Trabajo, con el propósito de conservar las fuentes de producción y de trabajo”.

En su artículo 2 declara de interés social el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, “como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en proceso de quiebra privilegiando los bienes necesarios para tal fin”. Y define como Empresa Recuperada por los trabajadores tal y como lo hace el proyecto nacional.

Aunque no incluye la posibilidad de expropiación por parte del Estado, sí prevé un registro provincial y beneficios fiscales para las cooperativas de trabajo, así como asistencia técnica, jurídica y contable, líneas de créditos y programas de fomento y desarrollo tecnológico.

También estipula que durante los dos primeros años de continuidad de la empresa recuperada, se difundirán los productos elaborados por ella a través de los espacios que el Poder Ejecutivo cuente en los medios de comunicación, y tendrá acompañamiento en los trámites correspondientes para la exportación de productos, además de tarifas subsidiadas de agua y energía eléctrica.