En la provincia de Salta comenzó a dictarse la Diplomatura en Interpretación y Traducción Intercultural Wichí Castellano para el Acceso a la Justicia, que surgió como respuesta a las demandas y necesidades planteadas por miembros de comunidades del Pueblo Wichí. El Consejo Wichí Lhämtes (CWLh) impulsó el espacio de formación que durará 18 meses y funciona desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.

El representante del Consejo, Demóstenes Toribio, contó a Salta/12 que el pedido de intérpretes bilingües no es algo nuevo cuando se habla de pueblos originarios. Si bien dijo que la mayor visibilización sobre esta demanda se da en el ámbito educativo, lo cierto es que atañe a cada aspecto de la vida. En este caso, en el acceso a la salud pública o la Justicia. Esto se hizo más evidente con la formación del Consejo, en 1998, que habilitó un espacio para socializar las diferentes problemáticas.

"Una de las cosas que surgió es que haya intérpretes en todos los lugares donde vamos", manifestó Toribio, asegurando que contar con una persona que traduzca al castellano es una "necesidad urgente" puesto que los wichís se convierten en "traductores por la fuerza". "Tenemos que traducir todo lo que pensamos y ahí recién podemos exponer nuestras ideas y pareceres", expresó. 

El Pueblo Wichí está asentado en las provincias de Salta, Formosa, el Chaco, y en el sur de Bolivia. Se sabe que el 85% de su población usa su lengua indígena como primera lengua para socializar, y con el ingreso al sistema educativo se aprende el castellano. En ese sentido, Toribio dijo que representa una dificultad tener que aprender obligatoriamente la segunda lengua, pues "es una adaptación que nos afecta como Pueblo". 

Por eso, la diplomatura tiene como uno de sus tres ejes abordar la linguística del wichí-castellano, por lo que se estableció como requisito indispensable que las personas que cursen, sepan hablar la lengua materna. Mientras que los ejes restantes tienen que ver con la formación integral en el sistema jurídico, y los conceptos básicos que involucran a la cosmovisión wichí. 

Para Toribio, el trabajo de enseñanza que se inició no es sólo es para que los procesos judiciales sean realmente respetuosos de las personas de las comunidades, sino para que también se evidencie que en determinadas circunstancias y casos se da una condena dentro del Pueblo Wichí que es distinta de la Justicia ordinaria occidental. 

"Hay muchos casos que son iniciados (en la Justicia ordinaria) y luego no se siguen, como así también hay muchas cosas que no se presentan en la Justicia ordinaria, y en las comunidades causaron revuelo", manifestó.

Aclaró que en el Pueblo Wichí se tiene claro que en casos paradigmáticos se deben establecer condenas, pero "no de la forma en que condena la Justicia no indígena". "Ahí están los problemas", expresó. En ese sentido, apuntó a la formación de los magistrados, que, bajo su consideración, "no tienen interés en saber cuáles son nuestras posturas cuando vamos a buscar justicia".

Por eso, destacó que uno de los ejes es hablar sobre la cosmovisión wichí. "No sólo para que podamos exponer nuestra visión sobre lo que pueda suceder, sino para que los magistrados sepan cómo nos comportamos en determinadas circunstancias", aseguró.

Además, señaló que es un paso importante para acortar las dificultades que existen "entre un pueblo que aún mantiene sus costumbres sus creencias y su cosmovisión", cuyas "prácticas que no se contemplan en una Justicia que desconoce el modo de vivir, y por ende, el modo de receptar las determinaciones que dictan". 

También contó que pensar en la formación de la diplomatura llevó a definir cuál sería la modalidad para garantizar una mayor inclusión y, en paralelo, que las mismas personas del Pueblo Wichí acepten sus lineamientos generales y con ello tomen consciencia de que no se trata de un beneficio personal para quien será elegido como intérprete, sino que es una herramienta más para el mejor funcionamiento de las comunidades. 

Quien dirige la diplomatura es la abogada María Cecilia Jezieniecki, defensora del derecho indígena. La letrada dijo a Salta/12 que el objetivo general es que el intérprete "pueda moverse con facilidad y sepa con qué herramientas jurídicas se cuentan". Pero aún así, señaló que es necesario que se traduzcan al wichí los documentos judiciales que se emiten, como por ejemplo, los actos jurídicos o las sentencias.

Jezieniecki contó que otra de las urgencias para que este proceso de formación se lleve a cabo es el aumento de causas judiciales que se dan contra los integrantes de los pueblos indígenas. "Son criminalizados y es muy habitual que sean sometidos a causas penales", en las que las instancias son orales. "La persona que no habla el castellano, no puede comprender, en ocasiones, cuál es el proceso que se está llevando a cabo", manifestó.

Alegría pública 

Si bien se reconoce el derecho de contar con una persona que pueda traducir el proceso judicial, muchas veces resulta que quien ejerce de traductor no cuenta con una formación en materia judicial. Por eso, para Jezieniecki, es una alegría iniciar finalmente el dictado de esta diplomatura, por la importancia de la formación, pero, sobre todo, por la respuesta que se da a una demanda histórica.

En la misma línea habló Macarena Osola, integrante del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH), de doble dependencia UNSa-Conicet. Osola relató que es una gran novedad para la educación superior de Argentina, porque además se mantuvo un diálogo intercultural desde sus inicios. Incluso, el Conicet destinó fondos para el proyecto.

Osola contó que la decisión de dictar la diplomatura surgió con mayor fuerza en 2017, en Morillo (Coronel Juan Solá), sede del Consejo. Allí se trabajaron las problemáticas del acceso a la Justicia que se presentan en las comunidades, como los casos de violencia de género o conflictos socio ambientales. 

En ese sentido, los integrantes del Consejo buscaron darle una formalidad a esta demanda y se llevó el pedido a la Universidad Nacional de Salta. Fue entonces que la Facultad de Humanidades dio luz verde, a través de la resolución 2156/19. 

Si bien, el visto bueno se dio en 2019, la llegada de la pandemia el año pasado impidió su inicio. Incluso, sabiendo que aún nos encontramos en emergencia sanitaria, el equipo de trabajo decidió lanzar las capacitaciones este año de manera virtual para no seguir retrasando su comienzo. Durante el llamado de inscripción, hubo 180 solicitudes, pero finalmente se elaboró un cupo de 41 estudiantes. 

La diplomatura es la primera que se dicta en una Universidad Pública del país. En cambio, la formación para el acceso a la Justicia ya se planteó por primera vez en el Chaco, por parte del Poder Judicial de esa provincia.