El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri presentó ayer una denuncia ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por realizar "espionaje clandestino" en la causa de juego clandestino donde está siendo investigado. Según el senador, los fiscales requirieron de manera "ilegal" los datos de tráfico, en un período de al menos dos años, de una línea de telefonía celular que el Senado le asignó al legislador. En la misma jornada su abogado defensor Oscar Romera se refirió a si Traferri comparecerá ante la justicia el proximo lunes: “Mientras estén estos fiscales que no garantizan objetividad en el tratamiento de la cuestión, él no se va a presentar. Si apartan a estos fiscales, le digo a Traferri que renuncie a sus fueros y se presente mañana”. La mejor defensa parece, sigue siendo un buen ataque. Los fiscales no demoraron en responderle a Traferri: "Desprecia la justicia", dijo Edery calificaron de "falacia" a la denuncia presentada en su contra.

"(Traferri) Es una persona que sabe que está muy complicada en cuanto a su situación procesal y que le queda poco tiempo para que tenga que rendir cuentas ante la justicia por todos los delitos de los cuales se lo investiga, que son todos delitos de corrupción”, dijo Edery en declaraciones a RosarioPlus.

Traferri denunció que los fiscales accedieron a información ilegal desde antes de solicitar el desafuero, que fue rechazada por el Senado ante la falta de pruebas, e incluso después, cuando las actuaciones deberían haberse cerrado. “Antes, durante y después del fallido pedido de desafuero realizaron directamente pesquisas indiscriminadas sobre datos de tráfico de mi celular”, planteó. Y subrayó: “No solamente no lo tenían permitido hacer en razón de mis fueros, lo cual no es poca cosa; sino que ese tipo de información recolectada –con fuero o sin él, por sus características y extensión, requiere necesariamente de la orden de un juez, de la cual carecieron absolutamente. Eso es ilegal sin vueltas”.

A lo largo de las 40 carillas de la denuncia Traferri intenta mostrar evidencias de que las acusaciones en su contra son parte de una "operación política", y destacó que su enfrentamiento con el gobernador Omar Perotti lo convirtió en “una persona molesta para algunos”. En ese marco, el senador aseguró que la declaración del ex fiscal Ponce Asahad fue direccionada con este objetivo. Al respecto transcribió partes de los dichos del ex funcionario del MPA donde mencionaba a otras personas que los fiscales obviaron investigar. “Si el señor Ponce Asahad es creíble, los fiscales no pueden ser selectivos ante la gravedad de situaciones y personas que involucra. Si no lo es –lo cual parece ser lo más lógico, nada de lo dicho por este sujeto es relevante”, argumentó.

El senador reafirmó que el ideólogo de esta operación es el ya destituido titular de la Oficina de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, quien también está envuelto en un escándalo por el manejo ilegal de escuchas en el que también está implicada la jefa de Inteligencia de la zona sur, Débora Coticchini, quien respondía al ex ministro.

Traferri fue citado para el próximo lunes, pero su defensa ni siquiera tiene claro si se presentará. "La lectura de este tema está más en el terreno político, no en lo jurídico”, sostuvo su abogado.

La ley 13.013, que creó el MPA, explicita en su artículo 52 que se sancionará “actuar con negligencia en la búsqueda de las pruebas que fueren necesarias para la presentación de una acusación o para su fundamentación ante los tribunales”, “hacer peticiones, presentaciones o dictámenes que tengan como base hechos manifiestamente erróneos, o que invoquen fundamentos legales manifiesta e indudablemente improcedentes” y “causar un grave daño a la persecución penal con motivo de no haber cumplido debidamente las actuaciones procesales bajo su responsabilidad”.

Traferri aseguró en su denuncia que las acciones de los cuestionados Edery y Schiappa Pietra “responden ya a una matriz de ilegalidad funcional en el desempeño de un sector del MPA que, incluso desborda al control de su jerarquía natural y su organismo de vigilancia de gestión y auditoría”. Y agregó que hay un “MPA corporativamente militante, con relación a los supuestos hechos delictivos que se me pretenden adjudicar” y que “es el organismo fiscal en su conjunto, el que está condicionado en su objetividad para atender en esta denuncia, cuyo avocamiento solicito”.

El legislador concluyó su denuncia señalando que la de los fiscales es “una ilegal forma de investigar, propia de recursos de espionaje clandestino”. Y finalizó: “Al mismo tiempo, forma parte de una investigación sesgada y dirigida malintencionadamente hacia mi persona, como lo puso de manifiesto el insólito procedimiento abreviado, que benefició a un coimero confeso, con el acceso a una libertad condicional y unas rupias en el bolsillo”.