El capitalista de juego ilegal Leonardo Peiti deberá sentarse el próximo miércoles 24 de noviembre frente a un juez , que analiza la legalidad del acuerdo abreviado que ya firmó hace unos meses. En el texto acepta su responsabilidad en el control de varios emprendimientos de juego clandestino en la provincia que será la base de una condena efectiva, siempre en caso de homologarse ese documento. Lo novedoso es que en esta declaración acepta que para desarrollar su actividad participaba sus ingresos con actores de la política.
La declaración de Peiti se hizo delante de la jueza Eleonora Verón el 10 de septiembre pasado y fue filmada y registrada en audio. En ella complica al senador por San Lorenzo Armando Traferri. El objetivo, según dijo, fue que a través de las influencias políticas de su cargo gestionara la aprobación de un emprendimiento de juego online legal, que lo tendría a Peiti como beneficiario del negocio.
El testimonio de Peiti fue vertido en una larga exposición a puertas cerradas ante la jueza Verón. Participaron los fiscales que llevan la causa de juego ilegal en Rosario, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren, y el fiscal general de la provincia Jorge Baclini. Por zoom asistieron los fiscales de Melincué Matías Merlo, Guillermo Loyola y Gabriela Lema de Rafaela, y el fiscal regional Diego Vigo de esta última circunscripción. Por la defensa de Peiti acudieron los abogados Luis y Angelo Rossini.
La novedad del testimonio de Peiti es aceptar lo que había dicho en una audiencia el fiscal Gustavo Ponce Asahad, que está imputado y preso por participar de esta asociación ilícita del juego ilegal, el 4 de diciembre del año pasado: que la política provincial tenía una pata también en este esquema.
El preacuerdo que dio lugar a esta declaración acepta a Peiti en la condición de imputado colaborador. El punto 10 del texto impone a Peiti el pago de una multa de 536 mil dólares. Son 236 mil dólares en efectivo y 300 mil en inmuebles que son terrenos. Se menciona una pena de seis años de prisión que en virtud de la colaboración ofrecida se puede reducir. La defensa aspira que la reducción sea a tres años de prisión efectiva que es el máximo. Pero eso será motivo de discusión porque la reducción la define el juez encargado de homologar el acuerdo que puede acortar la pena desde un tercio a la mitad. Hay fallos de la Cámara Penal que obliga a quienes firman trámites de juicio abreviado a transitar todos los pasos debidos para la libertad condicional. Peiti está sometido a proceso en tres jurisdicciones diferentes por reiteración del mismo delito.
Su abogad defensor Luis Rossini se negó a brindar detalles del acuerdo abreviado, pero reconoció que " es muy importante lo que va a salir a la luz". Y finalmente destacó que el documento está firmado por todos los fiscales que investigaron a su cliente.
