El presidente de la empresa estatal Teleférico Salta, Sociedad del Estado, Martín Miranda, presentó ante la municipalidad el proyecto de Nueva Traza y Provisión de un Sistema de Transporte por Cable que consiste en la ampliación de cobertura del teleférico, que incorporaría a su trazado actual la cima del cerro Ala Delta, uniéndolo desde el San Bernardo con la intención de expandir el mercado turístico hacia deportes que se practican desde ese lugar, y para evitar el uso de automóviles y preservar la reserva natural.

Miranda dijo a Salta/12 que la presentación en el municipio es un paso administrativo más en un camino que ya vienen recorriendo “hace casi tres años”. El titular de la sociedad del Estado que administra el Teleférico Salta contó que la intención es extender el atractivo turístico “con dos góndolas que van desde el cerro San Bernardo hasta el Ala Delta” y que tendrían una capacidad de 15 personas cada uno.

Desde ese pico, ya se practican diversos deportes alternativos, por lo que se busca prestar un nuevo servicio de transporte aéreo “de manera de minimizar la posibilidad de que ingresen vehículos en esa serranía, para que no termine pasando lo que ya le sucedió al San Bernardo y de esa manera respetar esa reserva”. “Podrán llegar a la cima a pie, en bicicletas o en el teleférico, pero no en vehículos”, agregó.

“Buscamos generar un servicio turístico en armonía con la naturaleza, en el marco de una nueva política de turismo orientada a la calidad, la innovación y la especialización, con el compromiso de modificar el entorno natural en la menor expresión”, detalló. A la vez que resaltó que buscan “que el destino Salta sea el principal y más elegido a nivel nacional e internacional, duplicando los visitantes, haciendo además reinversión de los recursos, todo lo que se recauda poder reinvertirlo”.

Por último, consideró como detalle no menor, que generará más mano de obra, no solamente en la construcción, sino también porque a los 50 empleados fijos que tiene actualmente, más la mano de obra tercerizada y otros empleos indirectos que genera el rubro, se agregará este nuevo servicio que podría duplicar la cantidad de trabajadores.

Una vez aprobado el proyecto por el municipio y los ediles capitalinos “hay que volver a reordenar los cronogramas de trabajo” y a partir de allí, el tiempo de ejecución puede llevar entre 6 y 8 meses. Por lo que, si todo avanza con normalidad, entre 2022 y 2023 se podría concretar la obra.

Miranda añadió que la pandemia y algunos estudios específicos de terreno y otros detalles fueron ralentizando su avance. Y si bien no quiso adelantar cuáles podrían ser sus costos, aclaró que la sociedad estatal Teleférico Salta afrontaría todos los gastos, ya que aseguró que “tiene la capacidad de hacerlo gracias a sus ingresos”, y se ejecutaría a través de financiamiento internacional o estatal, a devolver a través de esta empresa.

Como estipula la normativa, el ejecutivo municipal convocó a una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Ambiental (CoMDUA), conformado por 26 instituciones intermedias, universidades, el Colegio de Arquitectos de Salta (CAS); el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (COPAIPA), la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta, la Sociedad Argentina de Planificación Territorial (SAPLAT) y la Comisión de Preservación Arquitectónico Urbanístico (COPAUPS).

La titular del Consejo y secretaria de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, María Eugenia Angulo, fue quien expuso el proyecto ante los presentes, y explicó que estará localizado en el área especial de interés ambiental “Reserva Natural de uso múltiple”, y que por ese motivo tuvo un proceso de análisis y evaluación ambiental para determinar la aptitud de las propuestas de intervención en áreas de valor natural y paisajístico del municipio.

La subsecretaria de Planeamiento, Natalia Vorano, recordó que “el procedimiento de análisis de la propuesta impone el cumplimiento de los lineamientos del PIDUA II (Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental), del CPUA (Código de Planeamiento Urbano Ambiental), conteniendo un capítulo de viabilidad urbanística, el estudio de impacto ambiental y social, según lo estipula la ordenanza 12.745. Y su aprobación es por medio de una ordenanza municipal, con un dictamen previo del organismo técnico de aplicación y el CoMDUA.