El Archivo Provincial de la Memoria, que desde 2012 funciona en la Biblioteca Provincial, se inundó ayer por la rotura de un caño que lleva agua al tanque del edificio, lo que provocó que se mojen cajas que contienen documentos clave para los juicios por delitos de lesa humanidad, como los datos de todos los presos políticos desde la década del 50.

Los organismos de derechos humanos como HIJOS y la Asociación Lucrecia Barquet pusieron en alerta a la sociedad, difundiendo fotos y videos de cómo se inundó la sala donde se acumulan los documentos en cajas en el suelo debido a la falta de condiciones e infraestructura que vienen reclamando desde hace años. El Archivo de la Memoria pertenece al Ministerio de Gobierno de la provincia, sin embargo, la Coordinación de Bibliotecas le presta un espacio en el segundo piso para funcionar.

Su encargado, Federico Vuistaz, la única persona que hoy trabaja en el Archivo y que ni siquiera consiguió aún su designación como director, sino que lo hace como encargado, se encontró ayer por la mañana con ese triste escenario. “Ya habíamos tenido algunas filtraciones con las lluvias fuertes que mojaban algunos archivos porque no tenemos estantería”, contó a Salta/12.

Vuistaz afirmó que venían solicitando mejorar las condiciones del lugar desde el gobierno anterior, “la documentación está en cajas en el piso, por lo que cuando entra agua se mojan”, acotó. “Esta vez lo que sucedió fue que se rompió un caño del edificio, y la cantidad de agua que cayó fue como un diluvio”.

El encargado detalló que con la colaboración del personal de la Biblioteca retiraron las cajas y estaban intentando salvar todo el material mojado. Pero reconoció que la situación no da para más, “las cosas no pueden seguir así en el piso”, y relató que no es lo único que falta, “tenemos que hacer expedientes y no tenemos ni siquiera una impresora”. Tampoco cuentan con un scanner para digitalizar los documentos que allí se encuentran, y lo más grave de todo es que él es el único personal para todo el Archivo, cuando “para ordenar los archivos es necesario una estantería y gente que lo pueda mantener y controlar”.

Desde que su antecesora, Cristina Cobos, se jubiló en 2019, Vuistaz quedó al frente pero sin una designación oficial, y también perdió la colaboración de una persona que hacía restauración debido a que la trasladaron nuevamente al archivo de la Biblioteca, “quedé solo como coordinador de hecho, aunque no de derecho, y soy el único que se encarga de todo acá”.

Aclaró que hay una persona que pertenece al Ministerio de Educación que ya solicitó el pase, “para no generar gastos porque no se quiere tomar personal”, pero no logran que eso suceda aún, a pesar de sus reiterados pedidos.

“Este es material importante, con todos los ingresos de presos políticos desde la década del 50, y que la Justicia pide documentación en cada juicio”, explicó. El decreto de creación del Archivo fue firmado por Juan Manuel Urtubey en abril del 2008, pero recién consiguió lugar y comenzó a funcionar en septiembre de 2012. Desde ese momento los organismos de derechos humanos reclaman mejores condiciones y más presupuesto.

Federico Vuistaz es hermano menor del dirigente de la JP y militante montonero Luis “Lucho” Vuistaz, asesinado en septiembre de 1976 en Santa Fe, y sobrino de Silvia Sáez de Vuistaz, detenida y desaparecida unos días antes de su casa de Embarcación.

Quien fuera directora del área durante siete años, la referenta de la Asociación Lucrecia Barquet, Cristina Cobos, confirmó el relato de Vuistaz, “él está solo y con una documentación que no está bien resguardada a pesar de que tanto en mi gestión como en esta nos cansamos de hacer pedidos”.

Cobos agregó que esos documentos, de alto valor histórico, no están bien resguardados debido a que el personal de seguridad de la Biblioteca tiene acceso a todas las oficinas, “no sabemos quién entra o sale de ahí”. Y recordó que les habían prometido conseguir un edificio exclusivo para guardar y cuidar esa documentación histórica.

La organización HIJOS denunció lo sucedido a través de sus redes sociales: “Repudiamos el abandono total del Archivo Provincial de la Memoria por parte del gobierno provincial. Este Archivo guarda los datos de todos los presos políticos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante”, escribió en su cuenta de Twitter, y acompañó con un video que muestra la cantidad de agua que había y el estado en que se encuentran los documentos.

Además, la Mesa de Derechos Humanos de Salta (integrada por organizaciones de DDHH) convocó a un abrazo simbólico en la Biblioteca Provincial (Belgrano 1002) hoy a las 10.30, bajo la consigna "exigimos inmediata recuperación y puesta en valor del espacio".

Comité contra la Tortura

Otra de las deudas del Estado provincial, a la que se comprometió desde hace años, es la de poner en funcionamiento el Comité contra la Tortura provincial, creado por la Ley 8024 en 2017 y reglamentado un año más tarde. En 2019 se realizó el llamado a concurso para designar a sus integrantes.

Tanto el abogado y representante de Naciones Unidas para la región, Rodrigo Sola, como Cristina Cobos, ganaron sus respectivos lugares como comisionados de las organizaciones de derechos humanos. Por el Ejecutivo se designó al abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, mientras que la Cámara de Diputados nombró a su ex secretario y preso político Ramón Corregidor, y el Senado, a Marcelo Robles, de forma provisoria.

“En el primer año nos dijeron que no estaba incluido en el presupuesto, y ahora, en el 2021, ya con el presupuesto asignado, esperábamos que el gobierno saque el decreto de designación de cada uno de los miembros, pero nunca sucedió”, declaró Cobos. “El gobierno nos ignora, esa es la verdad, porque ya reuniones y promesas hemos tenido un montón”, agregó.

Aunque confió que la llegada de Abel Cornejo al Ministerio de Seguridad y Justicia les abre una nueva esperanza, ya que él, cuando era Procurador General, envió una nota al ministro Ricardo Villada solicitando que ese Comité comience a funcionar y controle la situación carcelaria y el accionar policial. “Ahora no debería tener ningún inconveniente de avalarnos y recordarle al gobernador su antiguo pedido”, concluyó.