Luego de una lucha que comenzó en 2019, por trabajadores despedidos en la planta rosarina de Electrolux, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes los fallos en primera y segunda instancia que ordenan la reincorporación. La abogada Celina Tedoni subrayó que todavía no se cumplió la orden, aunque las partes tomaron conocimiento de la decisión semanas atrás. Hoy habrá una nueva audiencia en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, donde exigirán "que se cumpla". Si bien la resolución es por siete trabajadores, hoy por hoy alcanza a Lucas Tondo, quien mantuvo el reclamo.
Según explicó la abogada, el fallo de la Corte nacional deja firme lo resuelto en instancias anteriores a favor de los trabajadores, y Tondo "tiene que ser reincorporado" a su puesto de trabajo. "La primera resolución en este sentido fue la del Laboral 74, en junio de 2019, y fue confirmado por la Sala 6 de la Justicia Laboral, en octubre de ese año", detalló sobre el expediente que luego llegó a la Corte con un recurso de la empresa que fue rechazado, pero todavía "no se cumple", por lo que la patronal se encuentra pagando una multa.
En tanto, Lucas Tondo, trabajador despedido, afirmó: “Recientemente la Corte Suprema de la Nación nos dio la razón, como ya venían diciendo los jueces de primera y segunda instancia: tengo que volver a trabajar. Como desde el primer momento, referentes de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas nos acompañan hoy exigiendo que la empresa me reincorpore".
La lucha comenzó a inicios de 2019. “En abril de ese año la empresa nos despidió, dejando a decenas de familias en la calle, lo que motivó una lucha por nuestra reincorporación que tuvo mucho apoyo. La justicia falló a favor nuestro al considerar los despidos como discriminatorios y ordenó la reinstalación, pero desde entonces la empresa desconoció el fallo judicial”.
En un comunicado, organizaciones firmantes plantearon: "Solicitamos a la justicia que tome las medidas necesarias para que Electrolux cumpla con el fallo de la Corte y Lucas Tondo vuelva a trabajar. (...) Deben tomarse medidas urgentes desde el Estado en todos sus niveles, para que cese el accionar ilegal de la empresa. Desde la justicia y el Ministerio de Trabajo se deben arbitrar las herramientas necesarias para garantizar el derecho a trabajar luego de este despido arbitrario ocurrido en abril de 2019. No se puede permitir que las empresas incumplan la ley: esta multinacional que paga salarios por debajo de los índices de pobreza, no solo despidió ilegal y de forma discriminatoria, sino que además continuó contratando personal precarizado, demostrando que jamás tuvo alguna crisis económica como pretendieron argumentar. Ya van más de dos años que no respetan una orden judicial, tratándose de puestos de trabajo en juego y considerando la crisis económica y social que atravesamos".
