“Son impunes, y hay cierta impunidad institucional que los ampara. En este caso se produjo una tragedia, otros quedan invisibilizados, pero son generados por la misma fuerza, la Policía de la Ciudad, y por falta de control político sobre sus actos”, reflexionó la legisladora Victoria Montenegro sobre el homicidio de Lucas Gonzalez. Montenegro, referente de los legisladores porteños de la oposición en Seguridad y DDHH, adelantó que el Frente de Todos presentará “un pedido de informes y un repudio por el accionar de la fuerza”. Junto a los diputados de su bloque, se busca además reactivar un proyecto destinado a la formación de la policía de la ciudad, que “duerme el sueño de los justos, ya que lo presentamos después de la muerte de Matías Moyano –ocurrida hace un año-- y todavía no tuvo tratamiento”.

Por su parte, Matías Barroetaveña señaló que “una vez más vemos que cuando crecen los discursos de odio y de mano dura en diversos sectores de la política y algunos medios de comunicación, la consecuencia es un aumento de la violencia institucional”. “Hoy el ministro de seguridad –señaló Montenegro en la tarde del jueves-- desafectó a los agentes que participaron del hecho”. Sin embargo, “lo que preocupa es la forma en que se desempeñaron”, añadió, porque los disparos se sienten cuando el coche de los jóvenes sale de la bocacalle “y salen de ese vehículo color crema, y uno termina impactando en la cabeza de Lucas”.“Las primeras horas después del hecho –dice Barroetaveña--demuestran un intento burdo de los miembros de la fuerza de seguridad de la Ciudad, por esconder lo sucedido y la realidad que igualmente aflora es contada por testigos”. Para Barroetaveña se impone pedir en la Legislatura el rápido esclarecimiento del hecho para promover un cambio de actitud institucional.

Paradójicamente, se trata de una fuerza nueva, señala Montenegro. “Cumplió cinco años el miércoles, y en el momento en que estaba ocurriendo este desastre, la Ciudad festejaba desde los carteles gigantes ese quinto cumpleaños”. Un festejo alejado del episodio de violencia que terminó con la vida de “un chiquito de 17 años, Lucas, que en principio tuvo muerte cerebral –refiere la legisladora--, y deja a una familia devastada”.

Coincidentemente el sábado se cumple un año de la muerte de Matías Moyano. “Otro caso que aún no tiene resolución en la justicia --aunque ya se imputó al agente involucrado--, porque las noticias de ese día hablaron de un enfrentamiento donde la policía abatió a un delincuente” recuerda Montenegro. En verdad, el hecho refiere a un chico con autismo que fue “con un arma de juguete al banco donde siempre cobrara el sueldo su mamá”. La situación estaba controlada cuando llega un móvil y se baja un policía de ese auto. Para la legisladora es clave que “el chico no se movió”, pero el policía le dispara tres veces. “Los dos últimos disparos impactan en el chico. Y a partir de ese caso, pedimos en la Legislatura porteña que se active un proyecto de formación”.

Entre los casos de impericia, mal desempeño, impunidad o gatillo fácil, se inscribe “el suceso del miércoles cuando los agentes dispararon once veces en una plaza pública, para detener a un hombre con un cuchillo” puntualiza Montenegro. Esto evidencia la falta de formación de la fuerza de seguridad porteña. “Y el proyecto busca capacitarlos para abordar casos de discapacidad, o de padecimientos mentales como éste, al ver el video se nota que los agentes no están preparados para ese momento” aporta.

La falta de formación provoca estas tragedias. Mientras “el proyecto que presentamos duerme el sueño de los justos porque esa comisión en lo que va del año solo se reunió dos veces –reclama Montenegro--, y a pesar de trabajar la propuesta con el Ejecutivo, con diputados y con Nación que tiene los medios para la capacitación, no definen una reunión para tratarlo”. Montenegro es categórica: “la capacitación sirve para evitar estos desastres”. Lo demás, implica al control político de las fuerzas. Allí el nudo del problema.

Aun cuando Marcelo D’Alessandro, ministerio de Seguridad de CABA, desafectó a los implicados mientras dura este proceso, la legisladora puntualiza: “El policía que mató a Matías ya está imputado por la justicia, por sigue el debate por las grabaciones donde se comprobó que no hubo voz de alto y fue a quemarropa, lo fusiló, parecido a lo que ha pasado con Lucas”. Sin embargo, ese proceso no concluye. Y la historia sigue hablando de un enfrentamiento, no de “un arma de juguete en manos de un chico autista”.

“El coche sin identificación, en el caso de Lucas, es una prácticas que nos preocupa –agrega Montenegro--, no debe existir pero pasa, y dependen del control político de la fuerza”. Claramente hay que erradicar estos actos que sostienen la violencia contra la población. “Contra los jóvenes en general y contra los que habitan barrios populares en particular” apunta Barroetaveña. “Esto trascendió por que lamentablemente la situación de Lucas fue critica desde el primer momento” agrega Montenegro. Y evidencia lo que ocurre con esta policía en forma recurrente: “están preparados para reprimir”, sostiene.

Contra la comunidad senegalesa, contra los ambulantes, contra las enfermeras en la puerta de la legislatura, contra los docentes: reprimen. "Lo ejecuta la fuerza policial, pero es puesto en valor desde el Ejecutivo” indica Montenegro. “Les tocó a estos chicos porque se asustaron y ahí empiezan los disparos, pero cualquier persona cuando le para un auto y bajan tres hombres, piensa en huir” reflexiona. Para eso la policía tiene vehículo oficial y debe tener sus nombres y grado a la vista: lo dice la Ley, añade.

“Hay una clara responsabilidad de quienes llevaron adelante estos actos criminales y la responsabilidad política de quienes los habilitan” sentencia. Por eso la legisladora plantea activar el proyecto de formación, dado que es “nuestra responsabilidad” --dice--, controlar al Ejecutivo y aportar las herramientas que necesiten los agentes de la fuerza. “Sobre el control político, deberán explicar porque salen con vehículos sin identificación. Y ojalá aparezcan las cámaras, pero la experiencia me dice que cuando hay hechos así, esas cámaras nunca aparecen” concluye. Aun así, se espera que el oficialismo de la ciudad en la Legislatura active los proyectos que doten de herramientas de capacitación a la policía, y pongan freno a las prácticas recurrente de violencia institucional.