Tres vendedores ambulantes senegaleses denunciaron por incumplimiento a los deberes de funcionario público y por falso testimonio a la subsecretaria de Defensa del Consumidor y a inspectores de la ciudad de Salta, luego de los incidentes por los que fueron detenidos la semana pasada.  

El hecho que desencadenó todo fue un intento de secuestro de los anteojos que tenía para la venta, el vendedor se resistió y lxs funcionarixs los denunciaron acusándolos por daños a un móvil y agresiones. Los migrantes aseguraron que esas acusaciones son falsas y que hay testigos de lo que pasó aquel día. Uno de los detenidos aseguró que ni siquiera estuvo durante los incidentes y lo privaron de la libertad tres días. 

El abogado Alvaro Arias, miembro de ALFA, centro comunitario para el acceso a la justicia, intervino en la defensa de los tres vendedores y consiguió que los liberen el jueves pasado. Señaló que "están imputados por daños calificados, aunque no se realizó la audiencia formal de imputación. Los acusan de haber roto el móvil de la municipalidad, la causa sigue. Es una maniobra política para disuadirlos de la venta". 

En la causa contra los senegaleses intervino la semana pasada la Fiscalía penal 5 cuya titular era Gabriela Buabse quien dejó ese cargo tras ser ascendida a directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Fue la misma funcionaria que intervino cuando detuvieron y reprimieron el mes pasado a más de 45 vendedorxs ambulantes. Ahora la causa contra los tres senegaleses pasó al fiscal Federico Jovanovics. La jueza de garantías que ordenó la detención y luego hizo lugar al pedido de libertad fue Claudia Puertas. 

"No había un daño calificado. El delito nunca existió, fue una causa armada", indicó Arias. Además señaló que no había dolo directo, es decir, la intención de dañar un bien, sino que "ellos estaban defendiendo su mercadería". El abogado señaló que en los incidentes los que se resistieron al secuestro de sus cosas, fueron dos varones y que luego las autoridades detuvieron a otro vendedor "sabiendo que era inocente". 

"(Los tres vendedores) hicieron la denuncia ayer (miércoles) por falso testimonio e incumplimiento a los deberes a los funcionarios que estuvieron cuando los detuvieron: un inspector, y a la funcionaria de la municipalidad que salió a decir que robaron, que rompieron el vehículo", explicó Arias.

La subsecretaria de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Salta, Emilia Calmejane dijo a Salta/12 que el incidente fue "la venta en un espacio público sin permiso" y señaló que hubo agresiones a dos de sus inspectores.

Mouhamed Khassim Mbacké senegalés de 31 años, manifestó a Salta/12 que él no había tenido problemas con lxs funcionarixs municipales y que lo detuvieron cuando se acercó a preguntar qué había pasado. "La policía me llevó tres días detenido, no pude trabajar. Mi esposa no pudo comer, mi bebé tampoco", expresó. 

"Nosotros no queremos mentir, ni robar", expresó por su parte Alla Seck. Es senegalés, tiene 32 años y se dedica a vender anteojos. "Yo salí a trabajar en San Martín y Alberdi como siempre. El martes a las 9 o 10, salgo con mi panel de lentes. Viene el inspector y me dice que tiene que retirar el panel. Intento ir a un local (de alguien cercano) para dejar el panel, el inspector me dice que no puedo pasar. Me deja consternado porque no me dejaba caminar". 

Seck explicó que después cuando pasaba por Ituzaingó había dos móviles de la municipalidad. "Me quisieron quitar mi panel, yo defiendo mi panel, eran 8 municipales. Algunos inspectores me quitaron mi mochila y la metieron en el móvil, después yo abrí para sacar mi mochila, me confundí y agarré la mochila de ella (sería Calmejane), yo le dije que me dé la mía y le daba la de ella. Después dice que le pegamos, nada que ver. Cómo me voy a pelear con al menos 10 inspectores, yo defendí mis cosas nomás. No quise pelear, ni pegar. Después yo pasé para hacer tramites y justo me crucé con el frutero (que intentó ayudarlo guardándole el panel). Vino de nuevo el móvil. Vino Khassim. El inspector habló con la policía, nos llevaron detenidos. (Los efectivos) Ni sabían cuál era el problema", relató.

"Macoumba Cisse, (también inmigrante senegalés) vino para ayudarme cuando pasó el problema. El martes 9 nos llevaron a Khassim y a mí. El miércoles Cisse fue a querer trabajar, pasó el inspector y lo hizo detener", contó Seck.

Mouhamed Khassim Mbacké dijo que la comunidad de senegaleses en Salta es gente pacífica, que vino al país a trabajar. Él contó que llegó en 2015 a Argentina, desde 2016 está en Salta y dijo que jamás había tenido problemas de este tipo. También relató que integraba un grupo de taekwondo y que ya no entrena porque ahora tiene pareja y un bebé, y es por ello que se dedica a la venta ambulante, ante la falta de otras oportunidades laborales. 

Explicó que durante la detención, la policía los obligaba a firmar papeles que no entendían por las dificultades idiomáticas y tampoco les dijeron que podían llamar a un abogado, ni les pusieron al tanto de que debían estar representados por un defensor oficial en caso de no contar con un letrado particular. Dijo que la suya "fue una detención ilegal" porque no había formado parte de ningún conflicto con lxs inspectores. "Somos gente que trabaja nada más, no hacemos nada malo, trabajamos y volvemos a casa, todos lo saben", expresó. 

"Un municipal (inspector de nombre Lucas) siempre que llega al centro al lugar de nosotros, nos dice 'negro sucio', 'anteojos de mierda', todas las palabras que no podés pensar nos dice a nosotros, eso es violencia. Nos dice andá a tu país. Siempre nos discrimina a nosotros, la policía es testigo pero no le dicen nada. Nosotros sufrimos mucho. Otros inspectores nos tratan bien. Lucas nunca nos trata bien a nosotros" manifestó Mouhamed Khassim Mbacké. 

"El migrante encuentra siempre gente que le dice andá a tu país (...) tampoco la policía nos respeta, no nos escucha. Hay gente que pasa y nos saca fotos, no nos pide permiso, no sabemos quien nos saca fotos, las suben a facebook o whatsapp para hablar mal de nosotros. Hay muchas cosas, hay que aguantar pero no es normal", sostuvo Mouhamed Khassim Mbacké

Arias dijo que se cometieron errores groseros en la detención de senegaleses y con "actitud discriminatoria", a raíz de "una supuesta contravención determinaron la detención solo con el testimonio del inspector. Hubo un montón de testigos que dan fe de que nunca pasó lo que dijeron. Es un doble estigma porque son migrantes y vendedores ambulantes", aseveró.

Preocupa la estigmatización

"Nuestra preocupación es el hecho de que se fomente o fortalezca el estigma que sobre las personas migrantes cuando se las asocia a lo ilegal y al comercio ilegal. Sabemos bien que el comercio ilegal no es responsabilidad absoluta de las personas migrantes que son el eslabón más débil de una cadena de comercio irregular", expresó a Salta/12 el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Gustavo Farqhuarson. 

El funcionario dijo que tenía conocimiento de la situación y que se reunió por este tema con la jefa de gobierno municipal Frida Fonseca, con el director de migraciones Jorge Ovejero y un referente de la comunidad senegalesa.

"Mas allá de que la Justicia esté investigando, la comunidad senegalesa forma parte de un colectivo históricamente vulnerado. Los migrantes cargan con estereotipos. La facultad de un municipio es poder regular la situación y reacomodar la vía pública, pero el accionar no debe caer sobre el eslabón más débil. El comercio ilegal no es culpa de los senegaleses, ni de las personas pobres. Si hay una mafia como dicen, les pongamos nombres. Si la decisión es combatir las mafias, que sea de forma sincera. En este caos las personas migrantes no son las responsables. El trato vejatorio, humillante, debe acabarse…", señaló el titular del INADI. Añadió que las políticas públicas deben impartirse con respeto a los derechos humanos.

Farqhuarson dijo que la violencia institucional es algo que "debemos tratar de prevenir y erradicar". En este sentido, solicitó a Fonseca que se capacite a todo el personal municipal en perspectiva antidiscriminatoria. 

"Desde Migraciones se pusieron a disposición para regularizar papeles. Más allá de que haya migrantes que tengan una situación irregular. Hay una ley de migraciones. El Estado argentino les da derecho a acceder a la salud, a la educación (...)", indicó Farqhuarson. 

El titular del INADI dijo que el problema no son los vendedores ambulantes sino la pobreza que es la principal causa de discriminación en la ciudad de Salta y en el país. Por ello consideró que el interrogante, debe ser por qué la gente no accede a un trabajo formal, por qué están en situación de calle. También señaló que es el Estado el que más discrimina y violenta a las personas, por ello en Salta esperan presentar un proyecto el año próximo en la Legislatura para que se obligue a los tres poderes del Estado a formarse en perspectiva antidiscriminatoria.