Las familias campesinas que desde el martes último decidieron apostarse en la ruta nacional 81, con cortes de media calzada primero y total después, llegaron ayer a un acuerdo para conformar una Mesa de Gestión con funcionarios del gobierno provincial.
La secretaria de Asuntos Agrarios de la provincia, Milagros Patrón Costas, llegó ayer a la altura del acampe apostado en Fortín Dragones (en el departamento San Martín, al límite con Rivadavia), tras las gestiones que realizó la fiscalía federal de Tartagal, la Gendarmería Nacional y la policía de la provincia por el corte total que se había iniciado el martes y que hasta el miércoles se hizo cada cuatro horas y con liberación de la arteria nacional cada media hora.
La intervención de los agentes estatales del Ministerio Público Fiscal Federal y de Seguridad fue ante el corte de ruta y el pedido de liberar la media calzada. A cambio, se comprometieron a gestionar las reuniones que finalmente terminaron con la presencia de la funcionaria provincial en el lugar, según informó a Salta/12 una de las referentes del grupo de campesinos, Viviana Segovia.
Este grupo de campesinos es el que el 18 de octubre pasado salió en marcha desde el Chaco salteño hasta la capital de la provincia en un reclamo general de una solución a sus problemas y la suspensión de las sentencias de desalojo en particular. La movilización tuvo como causa visible la situación de René Segovia (padre de Viviana), a quien le llegó una notificación de la jueza Civil y Comercial de Tartagal, Griselda Nieto, para desocupar las tierras que habitaron al menos tres generaciones de su familia. La causa fue impulsada por Gianfranco Macri, quien compró en 2006 las tierras con familias viviendo adentro.
Ayer, luego de un debate con la funcionaria, se accedió a que las organizaciones de base de la Federación Nacional Campesina (FNC), se reúnan el próximo 3 de diciembre en Fortín Dragones en el marco de la denominada Mesa de Gestión. Este encuentro será un día después de la pactada con las organizaciones de la Coordinadora de la Ruta Nacional 81, que también plantean reclamos similares a los del FNC. Sin embargo, Segovia consideró que ante la falta de entendimientos entre ambos grupos (que, sostuvo, tienen las mismas razones para luchar por sus tierras) solicitaron contar con una mesa separada.
El miércoles, en tanto, salió publicada la promulgación de la prórroga del artículo 9 de la Ley 7658, por dos años más a contar desde el próximo 31 de diciembre, fecha en la que vence la prórroga anterior. Además, la normativa cuenta con el agregado de incluir una partida especial en el presupuesto provincial 2022 para “el registro, relevamiento y asesoramiento de los pequeños productores agropecuarios y familias que habitan en zonas rurales de la provincia de Salta contemplados en la mencionada norma”. En principio se habla de un monto de 20 millones de pesos para llevar a cabo estos trabajos.
La norma establece además que hasta el 31 de julio próximo “la Autoridad de Aplicación deberá elaborar un informe con el resultado detallado de las acciones a las que se refiere el párrafo anterior. Se remitirá copia de dicho informe a ambas Cámaras Legislativas”.
Por el decreto reglamentario
Por ahora se desconoce cuál será la “autoridad de aplicación”, un dato no menor teniendo en cuenta que la indeterminación de esta figura fue la que terminó por desdibujar los objetivos perseguidos por la reglamentación anterior.
Uno de los puntos principales del debate es la elaboración del decreto reglamentario que permita la aplicación de la normativa. Las organizaciones campesinas solicitaron participar de la elaboración de este punteo, necesario para empezar a destrabar con acciones concretas la disputa por la tierra. Ante la posibilidad de que agentes de la provincia no puedan llegar a hacer los relevamientos a los lugares rurales más recónditos, Segovia aseguró que uno de los puntos que se propuso a Patrón Costas fue que quienes integran las asociaciones campesinas puedan acceder a una capacitación para ocuparse de estos trabajos.
