La autopsia al cuerpo del ciclista Ramiro Sagasta, de 44 años determinó que el deceso se produjo como consecuencia de las graves quemaduras sufridas en el 90% de su cuerpo y se descartaron lesiones de otro tipo. Completado este trámite se hizo entrega del cuerpo a los familiares para su inhumación, que se realizó en Cafayate.
Aunque ante el notorio deterioro sufrido por la acción del fuego, se solicitaron estudios complementarios a la autopsia, que permitirán tener mayores detalles en relación a la causa del deceso.
La fiscala resaltó que se realizan intensas tareas interdisciplinarias en procura de esclarecer el hecho.
Sagasta que falleció este martes, fue encontrado quemado por que pasaban por el lugar en la ruta 28 kilómetro 14, cercana a localidad de San Lorenzo. Si bien aún se encontraba con vida cuando lo hallaron logró ser trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció luego de una hora. En ese lapso pudo referirle al personal sanitario que había sufrido un ataque de una tercera persona. La fiscala señaló en conferencia de prensa el miércoles que la víctima tuvo una "muerte violenta", y en caso de tratarse de un crimen expresó que es una modalidad "poco común" en la Provincia.
La fiscala participó este jueves de una inspección ocular en la casa de Sagasta en la que se secuestraron algunos elementos que serán peritados. Además el Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó tareas en la ruta 28, en el lugar en que fue encontrado sagasta. El foco igneo es de un diámetro de cuatro metros cuadrados. Allí se encontraron la bicicleta y el casco "intactos", según precisó Simesen de Bielke.
Sagasta solía hacer un recorrido habitual en bicicleta por la ruta 28 camino a San Lorenzo los martes en la mañana. Era un exempleado de Telecom y trabajaba en la empresa de cámaras de vigilancia Xibei.
El ciclista fue velado en Capital y luego inhumado en Cafayate, sus allegados manifestaron que él le gustaba ese lugar y su pareja era oriunda de la localidad.
Protocolo para la investigación de muertes violentas
En las últimas horas del jueves, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer que el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, dictó la Resolución N° 1.284/21 estableciendo una serie de nuevas instrucciones generales a los Fiscales para la investigación de muertes violentas que ocurran en la provincia, ante el "sostenido incremento de diversas modalidades de criminalidad con características violentas y advirtiendo en ellas peculiaridades distintivas de tal entidad que no deben pasar desapercibidas en la dirección de las investigaciones".
En primer lugar, García Castiella dispuso que ante el inicio de cualquier investigación o prevención fiscal en la que se investiga la muerte violenta de una persona, aún cuando sea un supuesto suicidio o muerte accidental, deberá aplicarse desde el momento inicial de la investigación y de la disposición de cualquier medida o instancia, una regla inversa, que presuma primeramente la comisión de los delitos de femicidio u homicidio dolosos según corresponda, cumpliendo con las pautas, protocolos y medidas previstas para tales tipos delictivos, desde las primeras diligencias y hasta tanto se pueda descartar la comisión dolosa con un debido razonamiento probatorio e indiciario.
Con esto se busca evitar omisiones o desatenciones irreparables en el tratamiento y preservación de la escena del hecho, la prueba a reunir y todo otro indicio de relevancia criminalística.
También, el procurador general estableció que los fiscales deberán efectuar un atento seguimiento y control de las autopsias que se realicen, e inclusive la presencia de los mismos en el momento en que se hace ante casos de autorizada complejidad o necesidad, debiendo prestar específica atención a los aparentes suicidios, y más aún si se encuentran relacionados directa o indirectamente con hechos de narcocriminalidad.
En tercer lugar, y revalorizando el rol del Fiscal como director de la investigación, el procurador reiteró y reactualizó la obligatoriedad de concurrir personalmente a la escena de los hechos.
La Procuración General de la Provincia estableció estas medidas prioritarias respondiendo "a un alerta" ante modalidades delictivas. Aclararon que si bien algunas de estas disposiciones se encontraban ya previstas exclusivamente para los casos de femicidio, se extendieron para el resto de muertes violentas, aun cuando apareciere inicialmente como suicidio.
