Mientras su amigo Mauricio Macri está en Arabia Saudita, el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas pidió autorización para viajar a los Emiratos Árabes Unidos para hacer negocios como representante de futbolistas. El juez Martín Bava, que subroga en Dolores, ya autorizó su partida, pero la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras reclama que el exSeñor Cinco aporte información para disipar el temor al riesgo de fuga.

En octubre pasado, Arribas pidió permiso para viajar a Brasil, donde vive su hija menor, y a Uruguay, donde viven los mayores. El juez Bava no lo autorizó porque entendía que había riesgo de fuga, sobre todo porque entonces aún no había logrado indagar a Macri. Sin embargo, Arribas consiguió que la Cámara Federal de Mar del Plata lo dejara salir del país entre el 7 de noviembre y el 8 de diciembre. 

En las últimas horas, su abogado Jorge Sourigues pidió autorización para que Arribas le sume una escala --bastante alejada-- a su travesía. Quiere ir a la lujosa Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, a una reunión por sus negocios en el fútbol entre el 27 y 30 de este mes. Bava, que ya no tiene muchas alternativas después del temperamento adoptado por la Cámara, lo autorizó.

El pedido del abogado de Arribas fue acompañado con una invitación que cursó el jueves último el CEO de un grupo llamado Sapphire Sport Management, supuestamente interesado en hacer negocios con la empresa de Arribas, Soccer Agenciamiento Esportivo. Lo curioso es que, si bien la nota tiene firma, no lleva el nombre del firmante. Tampoco hay membrete ni teléfono ni otros datos de la compañía, apuntó la abogada Carreras en una presentación que hizo el viernes por la tarde. Por el contrario, la única empresa que halló la letrada con ese nombre estaba radicada en el Reino Unido e inactiva desde hace años. En ese sentido, Carreras resaltó el temor al riesgo de fuga y pidió que la defensa de Arribas aporte mayor información.

Arribas acumula cuatro procesamientos por la inteligencia ilegal que desplegó la AFI durante el macrismo: dos en Dolores (ARA San Juan y Proyecto AMBA) y dos en Lomas de Zamora (la vigilancia sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y las andanzas de los Súper Mario Bros, incluido el espionaje penitenciario).

Para no privarse de viajar

La tendencia de sumar escalas a los viajes la inauguró la semana pasada Macri, cuando avisó que pasaría dos noches en Doha, Qatar, antes de emprender la vuelta desde Riad. El abogado de Macri, Pablo Lanusse, sostuvo que no se estaba alterando el itinerario sino que se trataba de una cuestión de escalas, que, además, posibilitaba que el expresidente llegara antes de lo previsto.

Desde la querella que lidera Carreras, denunciaron que no era cierta la información. El fiscal Juan Pablo Curi pidió al juez Bava verificar lo que estaba denunciando la abogada. El lunes, Bava le dio la razón a Carreras pero dijo que Macri ya estaba autorizado.

Cómo sigue la investigación

Después de que el jueves la Cámara Federal de Mar del Plata lo confirmara al frente del expediente sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan, Bava ahora debe resolver si procesa a Macri por las tareas ilegales que se hicieron desde la delegación Mar del Plata de la AFI sobre los parientes de los submarinistas. El juez ya estaría en plazo para hacerlo, aunque en las últimas horas pidió el listado de ingresos de Arribas y de quien fue su segunda, Silvia Majdalani, a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. Con esa medida, se entiende que Bava busca ver si la documentación hallada en la exSIDE --que da cuenta de los seguimientos-- coincide con las reuniones de los jerarcas de la AFI con Macri, ya que la principal hipótesis del juez es que los espías seguían a los parientes para anticiparle a Macri cuáles serían sus movimientos en un tema que suscitaba la atención nacional e internacional.

Bava, además, espera las declaraciones por escrito de tres testigos que solicitó el líder del PRO: la interventora de la AFI, Cristina Caamaño (que lo denunció en septiembre del año pasado), el titular de la Casa Militar Alejandro Guglielmi y el diputado macrista Cristian Ritondo. El legislador ya pidió prórroga, lo que podría contribuir a estirar los tiempos antes de que el juez defina la situación procesal de Macri.