La primera jornada de la audiencia pública en la Legislatura porteña por los convenios urbanísticos, firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres, reunió a vecinos y vecinas que se manifestaron en contra de la iniciativa al considerar que “alimentan la especulación inmobiliaria” e impactan negativamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

La audiencia se desarrolló en el Salón San Martín del Palacio Legislativo con una modalidad que combinó la presencialidad de los diputados con la participación remota de los ciudadanos, de acuerdo a los protocolos sanitarios por el coronavirus, y en la cual se escuchó a la mitad de las 400 personas que se inscribieron, por lo cual continuará el martes próximo.

La reunión tiene como finalidad debatir sobre la ley que ya cuenta con una primera sanción de la Legislatura que avala once convenios urbanísticos alcanzados por el gobierno local con desarrolladoras inmobiliarias para ampliar la capacidad constructiva y la altura de futuras edificaciones en los terrenos comprendidos, los cuales están distribuidos --en su mayoría-- en el corredor norte de la Ciudad.

Los acuerdos, en tanto, contemplan que por el cambio en la normativa urbana, los empresarios paguen al Estado porteño una compensación económica que podría rondar los 30 millones de dólares, los que irán a un Fondo de Desarrollo Urbano Sustentable que financiará la reconversión de la zona de oficinas del microcentro porteño, afectada por la pandemia.

El primer expositor de la audiencia fue Aníbal Del Olmo, director de Antropología Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña, quien señaló que "un convenio urbanístico es una propuesta que trae un privado al Gobierno de la Ciudad, en función de la posibilidad que tiene para construir en su parcela, plantea una alternativa diferente que modifica lo que puede hacer y trae una propuesta como contraprestación".

Según explicó, cada una de las once propuestas fue analizada en base a “sus atributos” entre los cuales mencionó “la relación del volumen propuesto y el entorno, la permeabilidad, los equilibrios de usos, la forestación y la sustentabilidad urbana”, tras lo cual se estableció un “puntaje urbanístico” que, sumado a la zona de implantación del proyecto, definió el valor de la contraprestación que aportará el privado.

A su turno, Andrés Borthagaray, presidente de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, consideró que "cada uno de estos once convenios urbanísticos merece un tratamiento caso por caso, con una opinión registrada de cada comunidad y entorno barrial afectado".

Por su parte, la legisladora del FIT Amanda Martín aseguró que “se trata de proyectos inmobiliarios de lujo que no tienen nada que ver con la necesidad de la población” y afirmó que “van a afectar a barrios tradicionales frente a una crisis habitacional donde un 40% de la población alquila su vivienda”.

María Paz Carreira Griot, miembro de la Junta Comunal 14, del barrio de Palermo, consideró que “estas excepciones a la norma nunca benefician a los vecinos de la ciudad, al contrario, dan mayor constructividad para beneficiar a los grandes desarrolladores inmobiliarios”.

Por su parte, Gabriel Sánchez, de la Junta Comunal 1, consideró que “los convenios se parecen más a un blanqueo de excepciones inmobiliarias que a una política pública pensada para los vecinos y las vecinas”; al tiempo que Diego Achile, de la Junta Comunal 13, indicó que “tienen un agravante que es la mercantilización de la norma urbana”.

La vecina de Núñez Marina Tallarico, en tanto, calificó a los acuerdos como “un atropello que permite construcciones de torres inmensas, no sólo en avenidas, sino también sobre los corazones barriales”.

Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de la Ciudad y de la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, atribuyó la proliferación de los convenios urbanísticos a una “política de desplanificar la Ciudad de Buenos Aires a través de la acumulación de excepciones urbanísticas para continuar alimentando la especulación inmobiliaria y la caja política”.

“Estamos frente a la compra de leyes de parte de desarrolladoras inmobiliarias”, agregó y sostuvo que “estos convenios urbanísticos son nulos porque no tienen el norte de garantizar el bien común, sino el de favorecer los intereses privados”.

Por su parte, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, advirtió que, de sancionarse los convenios, “van a favorecer el negocio de empresas constructoras ya que son aproximadamente 200 mil nuevos metros cuadrados construidos” en el distrito.

“No vienen a mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, sino que ofrecen una compensación económica, entonces se compran leyes de excepción en la Legislatura”, destacó.

El paquete de convenios, no obstante, requiere de una segunda sanción legislativa dado que se encuadran en las normas denominadas "de doble lectura", las que contemplan un proceso que, a su vez, incluye la realización de la audiencia pública antes del nuevo debate en el recinto.

Entre las torres que se prevén construir está una de 53 metros en Amenábar 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliú, en el barrio de Colegiales, sobre una parcela de casi 600 metros cuadrados; otra de 60 metros en Lafinur 3126, en Palermo; y también en avenida Del Libertador 5723, esquina La Pampa, del barrio de Belgrano.