"Hasta cuándo serán cómplices de la impunidad"

Desde Santa Fe

La Asociación de Fiscales de Santa Fe interpretó ayer como una “amenaza” y un “alarde de impunidad” y “cobertura política”, el operativo del senador Armando Traferri en la legislatura para castigar a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra porque -desde hace un año- “intentan llevarlo a juicio para que un Tribunal, en audiencia pública, determine si es o no culpable de recibir coimas, hacer tráfico ilegal de influencias, manipular a funcionarios judiciales y policiales para favorecer empresas ilegales de juego clandestino, entre otras probadas contribuciones al bienestar de la provincia”. Sobre Traferri “pesa la grave acusación de integrar una asociación ilícita en la que varios de sus cómplices están confesos y condenados”, mientras él se ampara en sus fueros para no dar explicaciones ante un juez, dijo la entidad. Y le preguntó a los políticos que lo protegen: “¿Hasta cuándo serán cómplices de la impunidad de Traferri? ¿Hasta cuándo seguirá el patoterismo contra los magistrados? ¿Hasta cuándo van a sostener el actual régimen disciplinario de los fiscales como herramienta de extorsión?”.

Esta semana, Traferri denunció en la legislatura a Edery y Schiappa Pietra por presuntas “faltas graves” y pidió a la comisión de Acuerdos que les inicie un proceso disciplinario para sacarlos de la causa en la que solicitaron su desafuero en diciembre de 2020 y el Senado lo rechazó. Ayer, la Asociación de Fiscales alertó sobre el operativo, la “impunidad” y la “cobertura política y corporativa” de Traferri. El pronunciamiento no tiene título, pero sí encabezado: “Si no fueran tan temibles, nos darían risa. Si no fueran tan dañinos, nos daría lástima”.

Traferri denunció a Edery y Schiappa Pietrra porque ellos "cometen la osadía de intentar llevarlo a juicio para que un Tribunal, en audiencia pública, determine si es o no culpable de recibir coimas, hacer tráfico ilegal de influencias, manipular a funcionarios judiciales y policiales para favorecer empresas ilegales de juego clandestino, entre otras contribuciones al bienestar de la provincia”.

El “cinismo” de Traferri no es “novedoso”, dijo la Asociación de Fiscales. Cuando Edery y Schiappa Pietra impulsaron la “inconstitucionalidad” de las normas que “lo protegen con fueros de impunidad”, el legislador los denunció. “Cuando la fiscala (Valeria) Haurigot desestimó esa denuncia, Traferri la denunció. Y cuando la jueza (Isabel) Más Varela condenó al ex fiscal (Gustavo) Ponce Asahad, cómplice confeso de Traferri, denunció a la magistrada”.

Esta “acción sistemática” contra magistrados que “intentan acusar y enjuiciar a Traferri comenzó en 2017”. Por entonces, los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack investigaban la “utilización indebida de subsidios” de los senadores. Entonces, Traferri y quince de sus colegas del PJ, la UCR y el socialismo los denunciaron ante la comisión de Acuerdos.

Cuando se dieron cuenta que “no tenían facultades” para disciplinar a los fiscales, cambiaron la ley para “ajustarla a sus necesidades políticas”. Así nació, “entre gallos y medianoche”, la ley 13.807 que asignó a legislatura el control disciplinario de los fiscales. La asociación le pidió a Miguel Lifschitz que la vetara, pero el ex gobernador “honró su alianza con los legisladores y la promulgó”. Ese es el origen del “debilitamiento institucional” del MPA.

“Desde entonces, pesan sobre los fiscales que se atreva a investigar casos que pongan en peligro los intereses del poder, espadas que no tienen nada que ver con Damocles”, dijo la entidad. “No es una, son muchas”. Y mencionó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, a Traferri y a los catorce senadores que rechazaron su desafuero: los siete radicales: Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Leonardo Diana, Lisandro Enrico, Germán Giacomino, Orfilio Marcón, y Hugo Rasetto. Y siete del PJ: José Baucero, Cristina Berra, Guillermo Cornaglia, Joaquín Gramajo, Ruben Pirola, Eduardo Rosconi, y Osvaldo Sosa, que responden a Traferri. Hoy, Berra y Rosconi están en el bloque cercano a la Casa Gris.

Las "espadas" –siguió la entidad- también pueden estar en “cualquier diputada o diputado” si algún fiscal investiga a “cualquier pariente de cualquiera” de los legisladores o “cualquier mecenas, acólito, esbirro, financista, aliado, favorecido, amigo, socio, amigo del socio, socio del amigo, financista del aliado del amigo del socio”.

La ley 13.807 anti fiscales (y su extensión la 14.016 anti Sain) tiene un “objetivo, que es disciplinar a cualquier fiscal” que investigue a “políticos y poderosos”. “Para sostener este manto de impunidad, la dirigencia política ha hecho gala de una enorme capacidad de construcción de consensos”. Y al mismo tiempo, “negociar y encolumnarse detrás del blindaje a Traferri”, aún cuando sobre él “pesa la grave acusación de integrar una asociación ilícita, en un caso en el que varios de sus cómplices se encuentran confesos y condenados”.

Traferri sólo puede ampararse en sus “privilegios” a partir de “la aquiescencia de la mayor parte del arco político santafesino, que desde hace tiempo protege al contumaz senador”, advirtió la Asociación de Fiscales.

“La cohesión política que cuida a un senador sospechado de corrupción y que amenaza a los fiscales que tratan de hacer su trabajo constituye, a la vez, una triste paradoja. En una provincia en la que las víctimas de homicidios y femicidios se cuentan por cientos, parece imposible construir un consenso político general en materia de seguridad y justicia. No obstante, desde 2017, la mayoría de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo construyen impunidad monolíticamente”.

“Para ensombrecer aún más este escenario, la mayoría de los grupos mediáticos de la provincia cubren con silencio y oscuridad el status quo. Mientras las crónicas sobre muertes, violencia y delincuentes de baja estofa pueblan los portales de noticias, la TV y las radios, los crímenes de los poderosos se pierden en el jubileo de las finanzas mediáticas”, agregó.

La última interpelación apuntó a los legisladores: “¿Hasta cuándo serán cómplices de la impunidad de Traferri? ¿Hasta cuándo seguirá el patoterismo contra los magistrados? ¿Hasta cuándo van a sostener el régimen disciplinario de los fiscales como herramienta de extorsión?"

El pronunciamiento lo firman la presidenta de la Asociación de Fiscales Gisela Paolicelli, el vice Mariano Ríos Artacho y sus colegas Karina Bartocci, Sebastián Narvaja, Viviana O'Connel, Georgina Pairola, Gabriel Bassagaisteguy, Rossana Tombetta, Mariana Vidal, Luciana Vallarella, César Cabrera Molino y Germán Mazzoni.