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Desde Lima
Los militares se metieron a la guerra política contra el gobierno de Pedro Castillo. La intervención de dos generales hizo rodar las cabezas del secretario general de la Presidencia de la República y del ministro de Defensa, y le dio munición a la extrema derecha para promover un golpe parlamentario. Los comandantes generales del ejército y la fuerza aérea José Vizcarra y Jorge Chaparro, separados sorpresivamente de sus cargos y pasados a retiro hace dos semanas, respondieron a esa decisión disparando contra el gobierno. Salieron a denunciar que desde lo más alto del Ejecutivo se les presionó para el ascenso de coroneles y generales que no habían sido seleccionados para subir de grado, a lo que dicen que se negaron. Apuntaron directamente contra el secretario del presidente Castillo Bruno Pacheco y el titular de Defensa Walter Ayala. Ambos coincidieron en poner al secretario del presidente en un rol protagónico en esas supuestas presiones, que los acusados niegan. El saliente jefe del ejército fue más allá e involucró directamente al presidente Castillo, pero no pudo sostener esa acusación.
La fiscalía le abrió una investigación por tráfico de influencias a los renunciantes Pacheco y Ayala. Minutos después de conocida su renuncia este viernes, la fiscalía intervino las oficinas del secretario de la Presidencia, ubicadas en Palacio de Gobierno. Decomisaron documentos y computadoras. Además de la acusación lanzada por los generales, Pacheco también ha sido denunciado por haber gestionado ante la Superintendencia de Administración Tributaria favores para empresas vinculadas a personas de su entorno. La caída de su secretario es un duro golpe para el presidente. Pacheco, maestro como Castillo, forma parte del círculo de más confianza del mandatario.
La renuncia del ahora exministro de Defensa ha sido una historia de indefiniciones, marchas y contramarchas. Ayala había renunciado hace dos semanas cuando estalló el escándalo de los ascensos castrenses y la remoción de los jefes militares, pero Castillo guardó silencio y el ministro continuó en el cargo cuando todos esperaban su cambio. Ayala retiró su renuncia, pero días después volvió a presentarla cuando el Congreso aprobó su interpelación y se descontaba que había los votos necesarios para censurarlo y así obligarlo a dimitir. El miércoles asumió como nuevo ministro de Defensa el exfiscal anticorrupción Juan Carrasco, que vuelve al gabinete después de haber sido ministro del Interior.
El general Vizcarra acusó a Castillo de haberlo presionado personalmente para conseguir determinados ascensos. Era lo que la oposición de derecha quería escuchar. Pero cuando el militar hizo un relato de los hechos, esa acusación se diluyó. Dijo que el mandatario le había preguntado por el ascenso de dos oficiales y que cuando le respondió que no podían ascender porque había otros oficiales con mayor puntaje, Castillo se limitó a decirle “qué vamos a hacer” y le aseguró que se respetarían los ascensos propuestos por el ejército. Y así fue. Castillo firmó los ascensos propuestos por el ejército, y también los de la fuerza aérea, sin cambiar un nombre.
El Congreso opositor ha recogido con entusiasmo los ataques de los generales contra el gobierno. Caídos el secretario del presidente y el ministro de Defensa, ahora apuntan contra Castillo, al que acusan de tráfico de influencias y de haber “ofendido” a las fuerzas armadas al destituir intempestivamente a los dos jefes militares. La legisladora del partido ultraconservador Avanza País, Patricia Chirinos, acostumbrada al ataque fácil y la poca argumentación, presentó el jueves una moción para pedir la destitución del presidente por “incapacidad moral”, una ambigua figura que da para aprobarla sin mayor argumentación en un proceso sumario de unas dos semanas. Se necesitan 87 votos, dos tercios del total de 130, para aprobar la destitución. Chirinos ha encontrado, hasta ahora, el respaldo de su propia agrupación, del fujimorismo y del partido fascista Renovación Popular, que suman 43 votos. La extrema derecha golpista no tiene ahora los votos para aprobar la destitución de Castillo, pero maniobra para sumar respaldo y ve en este pedido de destitución, aunque termine siendo rechazado, un gesto de amenaza al gobierno, un episodio para llevar a Castillo al Congreso como acusado de “incapaz moral” y golpearlo todo lo posible, y como una forma de abonar a la desestabilización.
