El asesinato de Lucas González generó numerosas manifestaciones de repudio y pedidos de justicia por parte de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones vinculadas a la niñez, referentes sociales, políticos y religiosos. En una declaración conjunta, los organismos afirmaron sumarse "al repudio popular por el asesinato”, responsabilizaron por el hecho a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y exigieron “una rápida y eficaz investigación que determine las responsabilidades de quienes lo ejecutaron y a los responsables jerárquicos y políticos del accionar criminal de sus agentes”. En el mismo documento reclamaron “la inmediata detención de los responsables de este fusilamiento, que aún continúan en libertad”.

Quienes suscriben la declaración afirman que “el asesinato de Lucas González se inscribe en prácticas de extrema violencia de la policía porteña, que en su corta historia acumula episodios de abuso de la fuerza y represión en el espacio público”. Y recuerdan que “distintos dirigentes políticos han incentivado el uso de la violencia, pidiendo mano dura, avalando y felicitando el abuso, la desmesura y la desproporción en el uso del poder letal”, señalando además que “estas políticas hartamente probadas siempre han fracasado en relación con los objetivos que declaman”.

El texto lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los derechos Humanos La Matanza, Movimiento Ecuménico por los derechos humanos y Asociación Buena Memoria.

Asimismo, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, publicó una carta en la que reclamó salir a las calles para "exigir la condena" de los responsables del crimen y criticó que "el pueblo no se moviliza" cuando las víctimas provienen de sectores vulerables. "¿Cuándo despertarán algunos argentinos y saldremos a la calle para exigir la condena rápida de los asesinos de nuestros hijos que, como bestias hambrientas, están en las comisarías de nuestro país?", preguntó. "Los asesinos no se equivocan jamás y nunca asesinan a uno de Barrio Norte", agregó. Tras recordar casos como el de Rafael Nahuel, Facundo Ferreira en Tucumán, o el de Lautaro Rosé en Corrientes, Bonafini indicó que "como son pobres y algunos son indígenas de piel oscura, el pueblo no se moviliza". Por último, remarcó que "no alcanza con el Presidente le haga llegar condolencia a la familia".

En otra declaración la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se expresó en términos similares subrayando que “policías sin uniforme, identificación ni placa, pero con armas letales disparan a mansalva y matan a un joven, cuyo único delito era su origen humilde y su deseo de jugar a la pelota. Y por si fuera poco –dice-, el intento una vez más, de acusar a las víctimas, ‘plantando’ un arma para tratar de justificar la injustificable”. Luego de criticar a los dirigentes políticos que “nos quieren hacer creer que la inseguridad se combate con más muerte” y “a una sarta de malos periodistas que alientan e insuflan odio” la Asamblea señala que “el estado de la Ciudad de Buenos Aires, que ha albergado, instruido y dado las armas a estos homicidas, debería ser el primero en reaccionar y aplicar todo el rigor de la ley”. Y agrega que “quienes tienen la conducción política del mismo deben asumir la parte que les toca en este horrendo e injustificable asesinato, cometido por agentes bajo su mando”.

Por otra parte un conjunto organizaciones y personas referentes de entidades abocadas al cuidado de los derechos de las niñeces y defensoras de los derechos humanos se manifestaron también para denunciar que “que en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires las políticas estatales para las adolescencias llegan siempre igual: como gatillo fácil, hostigamiento policial, negación de justicia, privaciones, discriminación y vidas perdidas en ‘enfrentamientos’ de zonas liberadas por las propias fuerzas de seguridad”. Y junto al reclamo de justicia agregan que “El Estado es responsable porque en los barrios populares se sobrevigila para reprimir adolescentes por ‘portación de rostro’ o por cómo visten, se les sub protege frente a los problemas que les aquejan y se ‘liberan zonas’ para dejarles en la más absoluta desprotección. Como si eso no bastara, el Estado está ausente para proteger sus derechos”, agregan.

En este documento, que entre otros firman Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Nora Aspen, organizaciones dedicadas a las niñeces, entidades sociales y académicas, se exhorta “al Gobierno Nacional a afianzar, en todas las jurisdicciones, el cumplimiento de un acuerdo de seguridad democrático, con especial mención a la protección de derechos de infancias y adolescencias” y a “los medios de comunicación a no ser cómplices de la muerte de adolescentes de los barrios populares, difundiendo y dando micrófono a versiones criminalizantes y discursos de odio que no hacen otra cosa que envalentonar asesinos cobardes que salen de cacería con armas reglamentarias”.

Al repudio también se sumaron los sacerdotes católicos que trabajan en villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y Provincia, quienes pidieron que “el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires replantee sustancialmente los criterios de formación de la policía a su cargo”. Porque “si no se cambia, seguirá habiendo abusos de autoridad y violencia en el accionar de estas fuerzas de seguridad”, dicen.

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