Los tres policías de la Ciudad que asesinaron a Lucas González, el pibe de 17 años que jugaba en Barracas Central, están finalmente detenidos. Pasaron tres días desde que Gabriel Isassi, José Nievas y Fabián López iniciaran una cacería por la zona sur de la Ciudad sobre un auto en el que se trasladaban Lucas y tres amigos, los cercaran y los balearan. Lucas murió el jueves último en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. La autopsia, que concluyó este sábado, determinó que lo impactaron dos balas: una en el cráneo y otra en el pómulo. Los tres efectivos se entregaron después de que el fiscal Leonel Gómez Barbella pidiera su detención junto con su colega Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Mientras esperan a que el juez Martín Del Viso determine cuándo serán indagados, los fiscales ampliaron la imputación contra los tres policías, según pudo saber Página/12: sostienen que se trató de un homicidio agravado con alevosía-- porque intervinieron integrantes de las fuerzas y porque Lucas estaba indefenso-- y también los acusan de haber intentado asesinar a los otros tres chicos, de haber privado de la libertad a uno y de haber fraguado el procedimiento para presentarlo como un enfrentamiento para intentar salir impunes.

Isassi, Nievas y López están detenidos en dependencias de la Policía Federal a la espera de que los indaguen. La indagatoria, se estima, podría ser el domingo o el lunes. “Van a declarar”, confirma a este diario Alfredo Oliván, el abogado que representa a los tres policías que ahora suman una larga lista de delitos por los cuales deberán responder. En Varela, mientras tanto la familia y les amigues velaban a Lucas.

Los tres policías que el miércoles último, a las 9.30 de la mañana, iban a bordo de un Nissan Tiida sin identificación, desde donde dispararon y causaron las heridas que mataron a Lucas, integran la Brigada 6 de la División de Brigadas y Sumarios de la Policía de la Ciudad. El responsable del grupo era Isassi, el policía que en junio de 2016 fue detenido junto a otros compañeros de armas en Santa Cruz después de un extraño operativo en la casa de los suegros de Cristina Fernández de Kirchner. Isassi es un exintegrante de la Policía Bonaerense que se sumó a la Metropolitana y luego pasó a la Policía de la Ciudad. Los otros dos, Nievas y López, venían de la Policía Federal. Todos llevan largos años en las fuerzas.

La investigación tomó impulso el viernes por la tarde, cuando la causa quedó formalmente delegada en Gómez Barbella, que convocó a la Procuvin para investigar el caso. Antes, había estado en la justicia de menores, siguiendo el guión inicial de la Policía de la Ciudad de que se había tratado de un enfrentamiento entre los chicos que iban en el Suran y los policías que nunca se identificaron como tales. El juez de menores Alejandro Cilleruelo sobreseyó a los chicos, dijo que fueron víctimas del accionar policial y envió la causa a la justicia ordinaria. El juez Martín Del Viso dispuso que sea el fiscal Gómez Barbella quien lleve adelante la investigación.

El viernes a última hora de la noche, los fiscales rechazaron la eximición de prisión de los policías, lo que derivó en que se entregaran en una comisaría. En simultáneo, se allanaron sus domicilios. Los investigadores quieren resguardar los teléfonos para ver si hay mensajes que sirvan a la investigación y que permitan seguir el rastro de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad. Entre otras medidas, pidieron secuestrar los libros de la comisaría que intervino tras la balacera sobre el auto. Quieren saber si Isassi, Nievas y López estaban cumpliendo funciones. Su abogado le dijo a la señal IP que estaban realizando tareas ordenadas por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Por ahora nada está acreditado y no se descarta que estuvieran, aprovechando su condición de policías, para “cobrar peajes” en la zona.

Las víctimas

En la mañana del sábado, el fiscal Gómez Barbella se comunicó con la mamá de Lucas para explicarle qué rumbo tomará la investigación. También hubo una comunicación con los padres de los otros tres chicos. La intención es que los amigos de Lucas declaren el lunes, si están en condiciones. Antes mantendrán contacto con la dirección de la Procuración que se encarga de acompañar a las víctimas.

Está claro que los tres chicos pasaron un calvario. Los persiguieron tres policías a los tiros. Ellos pensaban que los querían asaltar. El pibe que manejaba lo hizo con Lucas, desvanecido, en sus rodillas. Cuando pararon para pedirle socorro a dos policías femeninas, los demoraron. A dos de ellos los tuvieron más de doce horas en la intersección de Alvarado y Perdriel. El otro chico logró correr. Fue a la casa de su mamá y, con ella, se presentó en la comisaría. Terminó en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), como se conoce actualmente a los viejos institutos de menores.

Los tres chicos fueron tratados como imputados mientras los policías estaban en libertad. De las actuaciones policiales, se desprende que les plantaron una réplica de un arma. Una película de terror, pero real.

Gregorio Dalbón, que representa a la familia de Lucas, le confirmó a Página/12 que el martes presentará un pedido de juicio político contra el juez de menores Cilleruelo. Explicó que su planteo contemplará, al menos, dos cuestiones: por un lado, que hubo una privación ilegal de la libertad de las víctimas, lo que constituye un abuso de autoridad y, por otro, que, mientras la causa estuvo a su cargo, se mantuvo en libertad a los responsables y no se resguardó la evidencia.

Por estas horas, la fiscalía espera los resultados del dermotest (para saber quién o quiénes dispararon). La información preliminar de la autopsia indica que Lucas tenía una lesión por proyectil de arma de fuego en el cráneo que provocó una hemorragia meningoencefálica y que otro proyectil le dejó un surco en el pómulo. Están relevando las cámaras de la zona de Barracas y buscando posibles testigos. En una entrevista con la AM 1420, un joven que paseaba su perro por el parque Pereyra de Barracas relató lo que pudo observar el miércoles. Dijo que el copiloto se bajó del Tiida e hizo disparos contra el Suran en el que viajaban Lucas y sus amigos.

Ni excesos ni casos aislados

Después del silencio inicial y de calficar como “exceso” la cacería que terminó en asesinato, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, reclamó una respuesta rápida de los tribunales para los tres efectivos de la fuerza que están bajo su responsabilidad en una conferencia que brindó después de recibir al abogado Dalbón. “Son tres personas que estaban disfrazadas de policías, no son policías. Si se valieron de su condición, eso lo demostrará la justicia”, dijo el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, dejando claro que procurará que el escándalo por el asesinato de Lucas no escale para determinar si pudieron actuar solos con todo el encubrimiento posterior.

A última hora del sábado, D’Alessandro recibió un pedido de informes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que califica lo padecido por Lucas y sus amigos como una grave violación a los derechos humanos. El organismo que dirige Paula Litvachky quiere saber por qué los tres efectivos estaban sin identificación, qué tipo de operativo estaban realizando y qué versiones dieron ellos y el resto de los policías que intervinieron en los hechos.

“Cabe resaltar que éste no es un caso aislado, en tanto ha sido extensamente documentada la práctica de falsificar versiones y alterar la escena de los hechos, incluyendo el plantado de evidencia falsa para justificar el accionar policial letal y procurar su propia impunidad”, afirma en su comunicación el CELS.