"Un mecanismo que no existe en otro lugar"

Desde Santa Fe

El fiscal Sebastián Narvaja –que junto a su colega Adrián Mac Cormack- fue el primer blanco cuando investigaba el manejo de los subsidios de los senadores, en 2017, recordó el pacto político que le asignó a la legislatura el poder de disciplinar a los fiscales que tenían bajo la lupa a los legisladores. “Un mecanismo que no existe en ninguna provincia de la Argentina”, dijo. “Hemos intervenido en procesos amañados para destituir a un fiscal, pero lo que se hizo en Santa Fe, donde se cambió directamente una ley para controlar a los fiscales, no lo he visto en ningún lugar del país”. Narvaja ubicó al senador Armando Traferri en ese operativo, que sancionó la ley antifiscales 13.695, en 2017 y luego su melliza, la 13.807, en 2018. Hasta llegar a la situación actual. Esta semana, Traferri denunció ante la comisión de Acuerdos a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra para sacarlos de la causa en la que intentan llevarlo a juicio por supuesta corrupción. El problema no es Traferri, ni las pruebas y evidencias en su contra, sino la mayoría del Senado que lo protege y rechazó su desafuero en diciembre de 2020. “No escuché a nadie decir: ‘No queremos compartir el recinto con un jefe de una asociación ilícita’”, expresó.

En un diálogo con el colega Leo Ricciardino, por la emisora Sí 98.9, Narvaja dijo que el acuerdo político para tomar el control disciplinario de los fiscales hizo “volar por el aire la institucionalidad” en la provincia y “la posibilidad de construir un modelo de Ministerio Público fuerte”. Así, se garantizaron “mantener bajo el pie a los fiscales por el temor de ser llamados ante la legislatura y eventualmente, removidos del cargo”.

-¿Esto fue en 2017, cuando investigaban a los senadores por los subsidios?

-Claro, hasta ese momento, la ley del MPA que se sancionó en 2009 establecía un sistema de investigación (a los fiscales) a través de la Auditoría y el juzgamiento ante un tribunal de disciplina que garantizaba independencia porque estaba integrado por legisladores, pero había otros actores que lo hacían más equilibrado -explicó.

“En ese momento (agosto de 2017), los senadores pidieron en bloque que a los fiscales (Narvaja y Mac Cormack) que teníamos asignado el caso (de los subsidios) nos investigara la legislatura”, dijo. La denuncia la firmaron 16 senadores. Diez del PJ: Traferri, Rubén Pirola, Joaquín Gramajo, Osvaldo Sosa, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Cristina Berra, Eduardo Rosconi, Danilo Capitani y Alcides Calvo. Cuatro radicales: Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Orfilio Marcón, y Germán Giaccomino. Y dos socialistas: Emilio Jatón y Miguel Cappiello. “Un solo senador no firmó esa nota”, dijo Narvaja, en referencia a Ricardo Kaufmann. Después, se dieron cuenta que la legislatura no tenía facultades para investigar a los fiscales. “Entonces lo que hicieron fue en una medianoche aprobar una ley (13.695 en noviembre de 2017) que ponía a los fiscales bajo control de la comisión de Acuerdos de la legislatura”.

-Es un poder que se inmiscuye sobre otro: el Legislativo sobre el Judicial. Claramente, alteró la división de poderes.

-Claro, la ley (13.695) fue declarada inconstitucional. Pero sacaron otra ley (13.807, en noviembre de 2018), que es una versión desteñida, pero en esencia es la misma que la anterior. Lo que sucedió es que la primera ley fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial y eso forzó a que tuvieran que hacer alguna modificación, pero en esencia es la misma.

-¿Qué papel jugó la Corte Suprema de la provincia?

-En ese entonces, la Corte no llegó a decir nada. El tribunal que declaró inconstitucional la primera ley (13.695) fue la Cámara Laboral de Rosario. Y antes de que la Corte resolviera, la legislatura cambió la ley, entonces la cuestión quedó abstracta. Ahora, con la ley actual (13.807), la Corte jugó un rol muy dañino porque la mayoría avaló el mecanismo (con los votos de Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi).

-¿Ahora la Corte tiene que expedirse sobre los fueros de Traferri?

-Está en trámite. El juez de Cámara (José Luis) Mascali) resolvió que es inconstitucional que los fueros de Traferri lo protejan a tal punto que no se lo pueda investigar. El juez dice que está bien que se requiera una autorización de la legislatura para un encarcelamiento, un allanamiento o una intervención telefónica, pero no para investigarlo. Es lo que ocurre a nivel nacional, donde ex presidentes en ejercicio de sus funciones han sido investigados.

-Tuvieron que declarar y presentarse ante la justicia.

-La vicepresidenta Cristina Fernández fue a juicio estando en el cargo.

-¿Y acá son intocables?.

-No es lógico. Mientras que el presidente y la vicepresidenta de la República pueden ser juzgados, en Santa Fe, a un senador provincial no se lo puede investigar.

-La Asociación de Fiscales le pidió al gobernador Miguel Lifschitz que vetara la ley de 2018, pero no lo hizo.

-Tuvimos una audiencia formal, le pedimos que nos reciba, éramos un grupo grande de fiscales, le dijimos que era muy importante que vetara esa ley (13.807). Me acuerdo que junto con esa ley, en una noche se aprobaron sobre tablas como 50 leyes. La respuesta de Lifschitz es que no podía vetarla porque había sido aprobada por unanimidad por la legislatura y que eso significaba abrir un frente político entre el Ejecutivo y el Legislativo.

-¿Lifschitz privilegió el acuerdo político con los legisladores?

-Lo paradójico es que de las 50 leyes, vetó como 25, leyes que eran la declaración de interés provincial de la Fiesta de la Tranquera y cosas por el estilo, pero esta ley no. No parecía tan cierto que no podía vetar leyes aprobadas por unanimidad porque vetó como 25.

-La Asociación de Fiscales expresó una situación de hartazgo. Hace poco, el Colegio de Magistrados también denunció presiones a los jueces. Por ejemplo, el senador Lisandro Enrico, apuntó en las redes sociales a una jueza laboral (Paula Calace Vigo) que tenía que expedirse en el caso de Marcelo Sain. Esto es una actitud permanente.

-En el caso de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, cuando deciden avanzar en la investigación sobre la base de información que tenían sobre (Leonardo) Peiti, el senador Traferri los denunció. El motivo de la denuncia es por que investigaban. Denuncia que fue rechazada por la propia legislatura. La denuncia penal que les hace, se la asignan a la fiscala (Valeria) Haurigot, que la desestima por infundada. Entonces, Traferri denunció a la doctora Haurigot. A las semanas, la vicegobernadora (Alejandra Rodenas) le dice al juez (Carlos) Leiva que tenía que darle participación como presidenta del Senado en la causa de Traferri. El juez lo rechazó. Tiempo después, se condenó en un proceso abreviado al ex fiscal (Gustavo) Ponce Asahad, la resolución la dictó la jueza (Isabel) Más Varela y Traferri denunció a Más Varela por haber hecho eso. Y ahora, esta nueva denuncia (contra Edery y Schiappa Pietra).

-Es una seguidilla que está muy clara.

-Esta es una preocupación que compartimos con el Colegio de Magistrados.

-¿Lo sorprende el silencio político? El concejal Roy López Molina avaló el trabajo de los fiscales. Conocemos la posición de la diputada Matilde Bruera y del diputado Carlos del Frade. Pero de los 69 miembros de la legislatura, la mayoría está bastante callada.

-No nos sorprende, es algo que ocurre en forma sistemática. Hay excepciones como las que mencionó. Cuando se pidió el desafuero de Traferri hubo cuatro senadores que sí votaron a favor (Alcides Calvo, Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló y Ricardo Kaufmann). Cuando se aprobó la primera ley (13.695), hubo un grupo de diputados que se levantó de la sesión y no votó, pero hasta ahí llegan las iniciativas –remarcó Narvaja. Los diputados que no votaron esa ley fueron 13. Cuatro del PJ: Roberto Mirabella, Leandro Busatto, Patricia Chialvo y Federico Reutemann. Cuatro del PRO: Demetrio Álvarez, Federico Angelini, Germán Mastrocola y Sergio Más Varela. Su colega Cesira Arcando del partido FE y cuatro radicales: Jorge Henn, María Victoria Tejeda, Estela Yaccuzzi y Edgardo Martino.

-¿Que pretenden ustedes?

-Con relación al desafuero de Traferri que hubiera una masiva reacción de los propios legisladores, que le digan: ‘Señor usted no puede integrar más este cuerpo porque nos desprestigia, nos ensucia’. En cambio, en el MPA, ha sido la propia Fiscalía la que inició las investigaciones que terminaron con imputaciones y detenciones (del ex fiscal regional de Rosario, Patrico Serjal y Ponce Asahad). Ya hay condenados cuatro o cinco ex fiscales, lamentablemente.

-El MPA demostró que se pudo autodepurar.

-En todos los casos, la investigación y las detenciones fueron impulsadas por la Fiscalía. Cuando se hace pública la evidencia de conductas criminales de Serjal, los fiscales de Rosario hicimos una asamblea, nos reunimos alrededor de 70 u 80 y ahí salió el pedido público al doctor Serjal para que renunciara a su cargo. Es un contraste muy grande. En la legislatura muchos se quejan porque se los iguala a todos, pero la verdad es que como cuerpo el resultado es que protegen a Traferri. No salen como cuerpo ni como bloque. No escuché a nadie decir: ‘No queremos compartir el recinto con un jefe de una asociación ilícita’. Nadie tomó la iniciativa en bloque de decir: ‘Deroguemos esta ley (13.807) que se aprobó con el claro objetivo de ponerle una soga al cuello a los fiscales. Vamos a derogarla porque daña nuestra institucionalidad’. No dicen eso –concluyó Narvaja.