La atención sanitaria a la población vulnerable que vive en las costas del Riachuelo se redujo en 2016 más de un 60 por ciento: mientras que en 2015 fueron asistidas casi 32 mil personas, el año pasado se atendió sólo a menos de 13 mil; las dosis de vacunas bajaron la mitad, de 14 mil a 7 mil; y las personas vacunadas bajaron de unas 2.638 a 726. Este recorte se realizó cuando el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de Acumar, mantuvo los mismos recursos en ambos años. De las 12 Unidades Sanitarias Móviles con las que cuenta el organismo, en 2016 cada operativo utilizó un máximo de cuatro. Algunas no fueron usadas en todo el año. Un informe titulado “Retroceder en el cuidado de la salud y el ambiente”, elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria, publicó estos datos luego de un relevamiento sobre la implementación del PISA. El estudio señala además un retroceso cualitativo en la implementación del Plan, y la reducción en el personal de médicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales que fueron desplazados o se los dejó sin funciones.

“Lo que se está viendo es la diferencia entre la concepción de salud como beneficencia que tiene el gobierno de Cambiemos, a la idea de salud como derecho que tenía el kirchnerismo”, opinó en diálogo con PáginaI12 el presidente de la Fundación, Nicolás Kreplak. El ex viceministro de Salud de la Nación se refirió a los barrios asentados a orillas del Riachuelo, tanto de Capital Federal como de la provincia de Buenos Aires, como “algunas de las zonas más vulnerables del país por cuestiones socioeconómicas y además por la contaminación y los problemas de sanidad que implica”. “Es un lugar en el que tiene que estar el Estado, porque sino la gente no tiene a dónde acudir para acceder a los servicios básicos de salud. Hoy están dejando desamparada a la población más necesitada, y teniendo los recursos para ayudarla”, agregó Kreplak.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó a la Acumar para que diera datos precisos sobre los indicadores del saneamiento de la cuenca y la atención de salud a los vecinos. No hubo mucho para mostrar. En ese momento, el presidente del organismo era Julio Torti, quien renunció días después de la audiencia. Torti había sido designado por el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín, que dejó el cargo en enero de este año. En ese mismo mes, para reemplazar a Torti asumió la presidencia de Acumar Gladys González, que venía de la intervención en el SOMU y ahora es mencionada como posible candidata de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

En el año 2008, el PISA puso en marcha el Plan Sanitario de Emergencia (PSE), para dar respuesta a la intimación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó sobre Acumar. La Corte estableció tres objetivos fundamentales: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo; lograr la recomposición del ambiente en la cuenca tanto en el aire, como en el agua y en los suelos; y prevenir los posibles daños con suficiente y razonable grado de predicción. En ese sentido, el PSE se creó para promover y proteger la salud, prevenir enfermedades, y trabajar de manera coordinada con instituciones y organizaciones locales de cada barrio.

Con la creación del PSE, se pusieron en funcionamiento 12 Unidades Sanitarias Móviles, de las cuales 6 son para atención primaria de salud, dos de odontología, una de “Evaluación del crecimiento y desarrollo”, una de diagnóstico por imágenes, una de oftalmología y una de zoonosis. Su tarea consistía en realizar intervenciones integrales de asistencia a las poblaciones vulnerables, que articulaban la atención médica y pediátrica, la salud de la mujer, campañas de vacunación, atención psicológica, evaluaciones oftalmológicas con entrega de lentes, estudios complementarios de imágenes como radiografías, ecografías y mamografías. “Se trataba de un trabajo continuo para garantizar los derechos elementales de salud. A partir de las primeras intervenciones se pensaba en cómo encarar los problemas que antes no contemplábamos, y en cómo articular el trabajo con las instituciones locales. Así, se fortalecía la relación entre el Estado y la sociedad”, explicó Kreplak.

“Los pacientes iban a atenderse por algo puntual, y cuando llegaban veían todas las Unidades y aprovechaban todas las posibilidades”, contó el presidente de la Fundación para describir la dinámica de las operaciones. Como ejemplo, contó que “muchas veces iban mujeres para llevar a los hijos al pediatra, pero cuando veían el camión de salud a la mujer se hacían mamografías o papanicolau, y se les daba asistencia en temas de sexualidad. A partir de esa atención surgían cuestiones más íntimas, relacionadas a violencia de género, a casos de abusos o adicciones. Después empezábamos a trabajar sobre esos problemas”. 

El informe que presentó la Fundación muestra cómo, con el cambio de gobierno, el Plan se empezó a desarticular durante el año pasado. Mientras en 2015 la cantidad de operativos que se realizaron con las Unidades Sanitarias Móviles fueron 145, en 2016 sólo se hicieron 44. El número de personas atendidas bajó a raíz de esto de 31.967 a 12.721; la cantidad de vacunados de 2.638 a 726; y las dosis aplicadas de 13.943 a 6.957. Los principales destinatarios de estas vacunas eran los chicos, por lo cual, según Kreplak, “las consecuencias se van a notar considerablemente en los índices de salud de los próximos años”. 

A su vez, el correlato de la disminución en las operaciones es la pérdida de trabajo por parte de los profesionales que forman, o formaban, parte del PSE. “Lo primero que hubo fue una tremenda parálisis del Plan. A muchos trabajadores los dejaron sin funciones; entre ellos a médicos, odontólogos, psicólogos, que terminaron renunciando porque son profesiones en las que no es difícil encontrar otro trabajo”, dijo Kreplak para detallar el modo en que se subejecutó el Plan. Luego agregó que “a muchos promotores de salud los reubicaron en otros programas que nada tienen que ver con la salud”, y que “no renovaron los contratos de los nutricionistas, psicólogos, y trabajadores sociales que hacía tres o cuatro años trabajaban en el Plan”. 

Mas allá de la disminución en la cantidad de operativos, el informe muestra cómo también cambió el desarrollo de las intervenciones. En 2015 los operativos se realizaban con distintas Unidades Sanitarias Móviles en conjunto; en 2016 la Unidades trabajaron de manera desarticulada, y algunas no fueron utilizadas en todo el año. Se usaron un máximo de 4 de las 12 Unidades con las que cuenta Plan, 2 o 3 de atención primaria y una de odontología. “Ya no se hacen intervenciones complementando las distintas Unidades. A muchas las tienen guardadas, totalmente echadas a perder. La de imágenes, por ejemplo, no se usó en 2016”, advirtió Kreplak. El estudio finaliza con la conclusión de que el uso de las Unidades pasó a responder a problemas puntuales, en lugar de tratar la situación sanitaria de los barrios de manera integral. Por este motivo, Kreplak se refirió a “un cambio en la concepción de salud, que pasó de ser considerada como un derecho, a ser tomada como beneficencia”. 

Informe: Juan Funes.