El martes que pasó obtuvieron dictamen de mayoría en la Comisión de Agricultura Familiar y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación dos proyectos que apuntan a contener y arraigar al campesinado en las tierras que trabajaron por generaciones. La primera es la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar y la segunda propone prorrogar hasta 2023 la suspensión de cualquier ejecución de sentencia que involucre desalojos de quienes viven y producen en el campo.
El primer proyecto apunta a la posibilidad de crear un fondo para que las familias campesinas criollas que no cuentan con la titularidad de sus tierras puedan comprarlas, con la obligación de ocuparlas, como mínimo, por 20 años más. En estos casos los requisitos serán demuestrar que vivieron en las tierras por generaciones, esa información será evaluada por un comité ejecutivo. Además, se dispone que las familias estén registradas o hayan iniciado el trámite para registrarse en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF).
Para poder llevar adelante esta iniciativa se dispuso la necesidad de contar con las partidas presupuestarias pertinentes con el fin de poder aplicar la ley. Otro punto importante de la norma establece que se deberá hacer un relevamiento de las tierras estatales para poder incorporarlas como posibles lugares de desarrollo de la producción de la agricultura familiar.
Un proyecto que acompaña a la creación del fondo, es el impulsado por el diputado salteño Lucas Godoy, que propuso la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 de la vigencia de la suspensión dispuesta en el artículo 19 de la ley 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, artículo que se venció en 2018. Este punto de la ley sancionada en 2015 establecía la suspensión “por 3 años de toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares”. Además, el proyecto ncluye una incorporación de un objetivo más al artículo 4 de la iniciativa: “evitar desalojos de pequeños productores y familias rurales de las tierras en las que habitan y producen en base de documentos firmados con ardid, engaño o amenazas”.
“El 75% no es dueño de la tierra que trabaja”
Entre los fundamentos de la ley que crea el fondo fiduciario se indica la necesidad de democratizar el acceso a la tierra, dada la visible concentración en pocas manos. Se destacó que pese a que el mayor porcentaje de la producción de alimentos para consumo interno proviene de la agricultura familiar, “aproximadamente el 75 por ciento de los productores no son dueños de la tierra que trabajan”.
Esta situación genera incertidumbre en los pequeños productores que muchas veces son llevados a la Justicia por los titulares registrales para desalojarlos de las tierras en las que viven. Pese a que en Salta hay una ley provincial que suspende los desalojos, la ex jueza Ana María de Feudis primero y después la actual jueza Griselda Nieto, ambas de la Justicia Civil y Comercial de Tartagal, decidieron medidas contra lo dispuesto por esta normativa. La ley igual tuvo el efecto de evitar el desalojo de los campesinos.
Al momento de defender su proyecto en la Comisión de Agricultura y Ganadería, Godoy hizo referencia al caso emblemático que generó manifestaciones de organizaciones campesinas en estos últimos meses: el de la familia Segovia, encausada por Gianfranco Macri, quien en 2006 compró a 52 dólares la hectárea una extensión de tierra donde ya había habitantes. “Compraron miles de hectáreas en monedas”, señaló el legislador al referirse a la realidad salteña, en donde los casos de ventas de grandes extensiones a cifras casi irrisorias son comunes.
De hecho, en la última manifestación realizada por el campesinado en la capital salteña, algunas familias relataron su peregrinar a la Dirección General de Inmuebles de la provincia para conocer si las tierras que ocupaban se ponían en remate, con la intención de comprarlas. Pero la información nunca llegó a ellos pero sí a titulares registrales con aparente espalda financiera para llevar adelante los juicios.
El diputado por el PRO en Buenos Aires, Pablo Torello, se opuso a la prórroga propuesta y sin dar demasiado detalle afirmó que se estaba “invisibilizando” al pequeño productor del “interior profundo”. Aunque sostuvo que al “tema de los desalojos nadie los quiere”, dijo que hay que tener en cuenta a quienes producen alimentos que la “agricultura familiar no produce”.
En un punto, Torello defendió también a los grandes productores al sostener que hay actitudes “antiagro, antiproducción” y también contra “agrotóxicos”, que, afirmó, “es una palabra que no existe”. Se incluyó en ese grupo al sostener que “no destruimos el ambiente, eso es una gran mentira, una gran propaganda”. Su referencia permite recordar que, de hecho, Torello junto al ex presidente Mauricio Macri y su amigo, Nicolás Caputo, entre otras personas físicas y jurídicas, compraron en 2015 unas 10 mil hectáreas en el departamento Rivadavia, en el norte de la provincia de Salta, una de las zonas cuyos campesinos vienen sufriendo la presión del agronegocio.
