La primera razón es que no tenemos la carne suficiente para satisfacer la demanda del consumo interno y la de la exportación. Un kilo de entrecot vale en Paris 33 euros (3.743 pesos); y un kilo de lomo 40 euros (4.537 pesos). Ante la opción de exportar con esos valores de referencia, quedan pocas dudas acerca de hacia dónde orientan sus ventas frigoríficos y supermercados. Empujada además por la “aspiradora” China, la exportación se lleva todo lo que le pongan arriba del mostrador.

El economista Jorge Fonseca -catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Internacional Progresista- señala que según los índices FAO, hoy el precio de la carne es un 22,1 por ciento más alto que en octubre de 2020. En EE.UU., la carne aumentó un 14 por ciento entre enero y septiembre; en España, un 20 por ciento.

Los supermercados, que no agregan valor sino solo precio, tienen una posición dominante en el mercado local: están en toda la línea de la cadena. Coto o La Anónima suman frigoríficos exportadores a su logística integrada verticalmente. Esto les permite elegir dónde vender: si a la exportación o al consumo local. Hay que prohibir a los supermercados vender carne fresca en las góndolas. Todo debe pasar por las carnicerías, que están orientadas sólo al abasto interno. También debería prohibirse la venta directa de los productores a los frigoríficos: todo debe pasar por mercados públicos de referencia. No puede haber un único Mercado de Liniers, hay que crear nuevos mercados en Córdoba, el NEA, el NOA y la Patagonia.

Precios internacionales por las nubes, falta de producción, monopolios con un pie en el mercado interno y otro en la exportación, aumento de la demanda interna por estacionalidad -a pesar de los salarios deprimidos- un Estado sin capacidad de administrar el conflicto por ausencia de instrumentos reguladores (qué falta nos hubiera hecho Vicentin con su frigorífico Friar). Todo eso es un combo perfecto para que los monopolios cárnicos se desentiendan del mercado interno, se llenen de plata exportando y que el Gobierno pague el costo político de los aumentos.

La carne es un “bien cultural” como muy bien lo definió el ministro Domínguez; por eso, la mesa de los argentinos debe estar correctamente provista y a precios accesibles. Todo precio es político.

A ojo de buen cubero, hoy estarían faltando alrededor de 2.300.000 terneros para llegar a las 5.000.000 de toneladas necesarias a fin de cubrir ambos frentes. Esto significa que tenemos que mejorar un 10 por ciento nuestros índices de destete ¿Se puede lograr? Sin duda, pero no es mágico: hace falta elaborar un plan y sostenerlo en el tiempo. La ganadería no es una cuestión ideológica: es biológica. No hay una vaca del FdT que alumbre terneros listos para faenar, ni una vaca de derecha que dé cuatro crías al año: todas tienen uno. Y se necesitan 290 días de gestación, un año de recría y otro de engorde. El ciclo ganadero es de 4 años, gobierne Fidel o Milei. Y las vacas deben estar correctamente alimentadas para que se preñen. Acá la responsabilidad del sector privado es indubitable e indelegable.

El Gobierno tendrá la tarea de hacer un inventario preciso de la cantidad de vacas madres, posibilidad de destete, capacidad de engorde y, a partir de esos números, trazar un plan de cuánta carne se necesita para el consumo interno. Lo que sobre se podrá exportar. En La Pampa, el ministro Domínguez expresó la hoja de ruta oficial: armonizar consumo interno, exportación y precio. Es menester que lo vuelva a refrendar en los próximos días. Cuando en el 2020 la exportación tocó el 30 por ciento de la producción, comenzó una disparada de precios que sigue de alguna manera hasta hoy. Si no se aumenta la oferta, no se pueden liberar totalmente las ventas externas. Sería políticamente suicida y sin duda afectaría la gobernabilidad.

¿Cuánto tiene que ver el aumento del precio de la carne con la pérdida de votos del FdT? Mucho. El propio Gobierno tiene su cuota de responsabilidad por la falta de tino a la hora de asumir el conflicto por el valor de los alimentos. Reaccionó tarde: de octubre a octubre la carne aumentó 20 puntos más que la inflación. Se embarulló en un debate con la Mesa de Enlace, que para lo único que sirvió fue para perder tiempo y votos. El Gobierno deberá entender que el camino para mejorar el acceso del pueblo a los alimentos no es pactando con los monopolios. Y que la agricultura familiar debe ser protagonista.

La Ley de Promoción de la Agroindustria, que se acaba de mandar al Congreso, es lo inverso de lo que debe hacerse para abaratar los alimentos. Significa concentrar aún más la exportación de materias primas industrializadas, en las cercanías de los puertos. Ninguna empresa va a radicarse en el interior profundo. Una pregunta elemental: con los precios internacionales que vimos ¿quién le va a vender al mercado interno y a qué precio? La Argentina no tiene posibilidad de controlar eficientemente a las grandes transnacionales, ni siquiera pesamos lo que exportan! Esa ley es un tiro en el pie a la gobernabilidad. El precio de los alimentos es un instrumento fundamental y conocido en la desestabilización de los gobiernos populares. Encima les concedemos prerrogativas impositivas. Es con menos concentración, no con más. Es pesando y midiendo monopolios y latifundios. Fácil pero difícil.