Por primera vez se investigarán las violencias ejercidas por personal médico en la atención de un aborto espontáneo. Después de 9 años de litigio, la Corte tucumana ordenó que la denuncia de una joven pobre, identificada como María Magdalena, "debe investigarse con debida diligencia reforzada ya que describe con precisión hechos de violencia dirigidos contra una mujer en situación de vulnerabilidad". Hasta ahora todas las instancias judiciales de Tucumán se habían negado a investigar el caso, revelado por Página/12, naturalizando así el maltrato que tuvo que soportar la paciente en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, la más importante de la capital tucumana, cuando llegó con un aborto en curso. En lugar de ocuparse de su salud, las médicas que la atendieron la denunciaron a la policía ante la sospecha de que se había sometido a un aborto provocado, permitieron que uniformados ingresaran a la sala de parturientas para tomarle declaración, le hicieron un legrado sin anestesia, y hasta le mostraron el feto a su pareja.

“Es un caso paradigmático por muchas razones. Primero porque en el año 2012 se hablaba poco de estos casos y era muy difícil lograr empatía con maltratos médicos en atención de aborto. Por otro lado, los obstáculos judiciales para buscar la verdad fueron casi tan violentos como los que recibió en la Maternidad. Una complicidad silenciosa inusitada que necesitó de alianzas periodísticas y miradas de afuera como es la de amicus curiae, para revertir tanto racismo y machismo judicial”, dijo a Página/12 la abogada feminista Soledad Deza, de Mujeres X Mujeres, quien representa legalmente a María Magdalena y llegó con su reclamo de Justicia hasta la Corte Suprema de la Nación para que el caso no quede impune.

La Corte de Tucumán se pronunció la semana pasada. Con el voto de Daniel Leiva, Eleonora Rodríguez Campos y Fernanda Bahaler recogió la voz de la víctima. María Magdalena –el nombre es ficticio para proteger su identidad--estuvo tres años imputada, acusada de haberse provocado el aborto, hasta que fue sobreseída en el año 2015.

La mujer llegó en la madrugada del 14 de enero del 2012 a la guardia de la Maternidad, que depende del gobierno provincial, con fuertes dolores abdominales. Tenía 26 años y tres hijos. Fue acompañada de su pareja y su madre.

Pero en lugar de ocuparse de su estado de salud, las ginecólogas Claudia Callejas y Alejandra Berenguer llamaron a la policía para denunciarla ante la sospecha de que se había provocado el aborto, y dejaron ingresar a la madrugada a la sala de partos comunitaria –donde había parturientas y sus familiares– a dos uniformados para tomarle declaración. Pero antes la sometieron a un interrogatorio cargado de maltrato, le practicaron un legrado sin anestesia, de acuerdo con el testimonio de la paciente, y a continuación hicieron entrar nuevamente a su pareja con el objeto de mostrarle al feto que se la acusaba de haber abortado.

La causa lleva en la justicia nueve años. Vergonzosamente, todas las instancias judiciales de Tucumán se negaron a investigar la violación de secreto médico y las violencias denunciadas por María Magdalena. Es probable que si el caso se hubiera investigado y se hubiera sancionado a las médicas responsables, no se habría repetido la situación unos años después, en 2014, con la denuncia contra Belén ante la sospecha de que se había practicado una interrupción voluntaria de embarazo: otro caso paradigmático, de una joven que tras sufrir un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda, de Tucumán, terminó con una condena arbitraria por homicidio doblemente agravado y encarcelada casi 900 días. Luego, en 2017, la misma Corte tucumana la absolvió.

Cinco organizaciones que defienden los derechos humanos se presentaron como amicus curiae en el expediente para acompañar el planteo de la querella y señalar que se deben investigar las violencias denunciadas por María Magdalena: Amnistía Internacional, el CELS, la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y el Instituto O´Neill for National and Global Health Law en la Universidad de Georgetown.

¿Qué pasó con la denuncia de María Magdalena?

El primero que ordenó el archivo de la denuncia contra las médicas fue el fiscal Arnoldo Suasnabar con el argumento de que cuando hay sospechas de maniobras abortivas, los médicos tienen obligación de denunciar. Entonces, no había nada que investigar. En esa resolución –que ninguna instancia judicial quiso revisar en Tucumán–, el fiscal sostuvo que la relación médico paciente en el ámbito público es “no formal”, creando así una diferencia jurídica, restándole derechos. Es decir, las personas que se atienden en hospitales públicos no gozan, a su criterio, del derecho a la confidencialidad en la relación médico paciente. 

La abogada de María Magdalena apeló la decisión del fiscal, pero su planteo no tuvo eco ni en el juzgado de Instrucción a cargo del juez Carlos Pisa, ni en la Cámara de Apelaciones en lo Penal ni en la Corte provincial, donde sucesivamente se fue archivando la causa. Hasta que el 27 de febrero de 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la orden de archivo de la causa del tribunal superior de Tucumán y le indicó que reabra la investigación. La sentencia del máximo tribunal argentino se fundamenta en el artículo 7º de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, conocida como Convención de Belén do Pará, que establece la obligación de los Estados de investigar con debida diligencia las violencias. 

Ahora la corte tucumana acató la orden, dispuso que se reabra el caso y se remitan “las actuaciones a la Fiscalía en lo Penal de Instrucción Conclusional de Homicidios y Delitos Complejos (Secretaría de Delitos Complejos) a efectos de que arbitre los medios que sean necesarios para proseguir la investigación”. Este martes, la abogada Deza hizo una presentación para que la causa vaya a la Fiscalía especializada en Violencia de Género. María Magdalena espera que finalmente se haga justicia.