Mauricio Macri consiguió un gesto del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, en su cruzada para llevar hacia los tribunales de Comodoro Py la causa en la que se lo investiga por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Irurzun le ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si el expediente debe tramitarse en Retiro, como dice Macri, o si debe seguir en Dolores en manos de su colega Martín Bava. Por estas horas, el juez que subroga en Dolores analiza si procesa al expresidente.

Macri empezó a maniobrar para llevar la investigación hacia los tribunales de Retiro después de que Bava lo llamara a indagatoria el 1 de octubre. El 18 de octubre pasado, Macri --a través de su abogado Pablo Lanusse-- le pidió a Lijo que reclamara la causa. Tanto el juez como el fiscal Franco Picardi opinaron que había que esperar que resolviera la Cámara Federal de Mar del Plata. 

Lanusse apeló la decisión de Lijo y ahora Irurzun le reclama a Lijo que se expida. Por eso, anuló la resolución que dictó el 2 de noviembre pasado y le ordena que emita un nuevo pronunciamiento --sin ahorrarse críticas a Bava y a la Cámara Federal de Mar del Plata por haber omitido "obrar con la diligencia debida"--.

La maniobra

Macri se subió a una compleja estrategia que armó su amigo Gustavo Arribas, el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el año pasado cuando lo empezaron a investigar en Dolores. Por entonces, la causa estaba en manos de Alejo Ramos Padilla, que llamó a indagatoria al exSeñor Cinco --y luego procesó-- por las tareas de espionaje que se realizaron en el marco de lo que se conoció como el Proyecto AMBA, una iniciativa de la AFI para multiplicar las sedes de la exSIDE en territorio bonaerense entre 2016 y 2017.

Cuando Arribas quería evitar un procesamiento de Ramos Padilla, fue a Comodoro Py a plantear una inhibitoria. Es decir, a pedirle a los tribunales de Retiro que reclamaran el expediente. El argumento de Arribas es el siguiente: si él ordenó esas tareas de inteligencia ilegal, esa orden la dio desde su lugar de trabajo que estaba ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. El planteo le tocó al juez Lijo, quien no estuvo de acuerdo con el argumento de Arribas. 

Sin embargo, el 30 de diciembre pasado, Irurzun le ordenó a Lijo que le reclamara el expediente al juzgado federal de Dolores. Lijo lo pidió, pero Bava le respondió que debía esperar a que se pronunciara la Cámara Federal de Mar del Plata en el expediente del Proyecto AMBA, que es la causa madre de la investigación sobre el ARA San Juan.

En cuanto lo llamaron a indagatoria, Macri activó dos jugadas: por un lado, intentar correr a Bava, movida con la que ya fracasó en dos oportunidades; por otro lado, buscar llevar la causa hacia Comodoro Py, un territorio conocido y amigable para el macrismo. Allí fue cuando aprovechó el camino que había abierto Arribas y activó nuevamente el reclamo para atraer hacia los tribunales federales porteños la investigación.

Un imputado itinerante

Macri acaba de regresar este martes al país después de viajar a Arabia Saudita y Qatar. La abogada Valeria Carreras denuncia que Macri mintió para alterar su itinerario y conseguir dos noches en Doha y le pidió al juez Bava que informe de su presentación a la Cámara Federal de Mar del Plata. Ese tribunal aún debe resolver si mantiene en pie la prohibición de salida del país que dictó Bava cuando lo llamó a indagatoria.

Lo curioso es que, en simultáneo con la vuelta, se presentó un nuevo pedido de Macri para volver a viajar. Según informó al juzgado de Dolores, una multinacional llamada UPL Limited --con sede central en India-- lo invitó como orador central a una conferencia sobre cambio climático que se hará en Chile entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. El expresidente, rápido de reflejos, ya acompañó los pasajes y las reservas del hotel en Santiago. Bava le pidió que opine al fiscal Juan Pablo Curi --que hasta ahora no se opuso-- y a las querellas.

Bava está en tiempo de descuento para resolver si procesa a Macri, después de haberlo indagado el 3 de noviembre pasado. El viernes último, el juez fue confirmado al frente de la causa por la Cámara Federal marplatense. Por estas horas, aguarda las tres declaraciones de testigos que pidió Macri y que pueden declarar por escrito: la interventora Cristina Caamaño, el diputado macrista Cristian Ritondo y Alejandro Guglielmi, jefe de la Casa Militar. 

El juez entiende que Macri ordenó y posibilitó las tareas de inteligencia ilegal que desde la delegación Mar del Plata se hicieron sobre los familiares de los submarinistas. Para Bava, el objetivo de los seguimientos era adelantarle al entonces presidente cuáles serían los reclamos del colectivo de parientes.