Tres represores que actuaron en la inteligencia del Ejército sobre la ciudad bonaerense de San Nicolás y sus alrededores quedaron a un paso del juicio oral por secuestros, torturas y asesinatos de referentes y militantes del Partido Comunista y el Partido Justicialista de esa zona durante el primer año de la última dictadura cívico militar eclesiástica. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo deberá decidir sobre los requerimientos de elevación a juicio que presentaron la Fiscalía y las querellas días atrás contra Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada, militares retirados que purgan ya condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad recibidas tras otros debates.

Entre diciembre de 1973 y diciembre de 1976, Bossie fue oficial de Operaciones y oficial de Inteligencia del Batallón de Ingenieros de Combate de San Nicolás. Para esa misma época, Piccione era oficial de Logística y de Personal e integraba la plana mayor del Batallón de Ingenieron de Combate 101. Andrada, por último, fue jefe del Destacamento de Inteligencia 101. En febrero pasado quedó fuera de juicio por “incapacidad” un cuarto imputado, Luis Américo Muñoz. Todes cumplieron funciones en la denominada Área Militar 132, cuya cabecera fue San Nicolás.

Los tres son responsables, según la conclusión del fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, de secuestrar y torturar a una veintena de personas, todas militantes políticas del Partido Comunista y el Partido Justicialista, muchas de ellas adolescentes, y de asesinar a dos de ellas, hechos por los cuales solicitó sean sometidos a juicio oral y público.

El representante del MPF consideró que “queda claro que el Área Militar 132 constituyó el segmento del aparato terrorista estatal planificado que tenía su sede en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás siendo esta la estructura estatal que tuvo a su cargo la ‘lucha antisubversiva’ en la mencionada jurisdicción territorial y de la cual los imputados formaban parte”. Por tal motivo, los imputados “deben responder en calidad de coautores” ya que debido a sus posiciones en la cadena de mando y por los cargos asignados dentro del Área Militar 132 y el Destacamento de Inteligencia 101 “cumplieron un rol central en la estructura de la unidad militar que ejercía el control jurisdiccional del Área referida, y en consecuencia han tenido la capacidad de dirigir parte de la estructura para la consecución de los hechos ilícitos investigados”.

El mismo pedido recibió Villafuerte Ruzo semanas atrás, de parte de la querella que sostiene en la misma causa la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Los hechos están incluidos en la “Causa Berg” y comprenden diversos episodios violatorios de los derechos humanos sucedidos entre mayo y diciembre de 1976 en las ciudades de San Nicolás, Pergamino y Ramallo. Se cuentan entre ellos los secuestros y asesinatos de José María Pellita y Julio Omar Di Gangi, secretario del Partido Comunista de Pergamino y delegado en la empresa metalúrgica Lucini S.A el primero; militante del Partido Justicialista el segundo. Pellita fue secuestrado en septiembre de 1976 por personal del Ejército y de la policía federal que lo fueron a buscar a la casa de sus padres y desde entonces no se supo más de él. Di Gangi fue secuestrado en la calle en octubre, mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo. Su cuerpo fue hallado en una fosa común en el cementerio de Avellaneda y recientemente identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Los otros delitos que cuenta la causa por la que se solicitó juicio oral incluyen secuestros y torturas de 18 militantes, además del allanamiento ilegal de sus casas. “Todas (las víctimas eran) militantes del Partido Comunista y de la Federación Juvenil Comunista, sufriendo persecuciones, feroces tormentos, encarcelamientos y desapariciones”, sostuvo en su requerimiento el fiscal Di Lello. “Varios de ellos, eran apenas adolescentes”, aclaró. Las víctimas son Juan Berg Frank y María Mayer de Berg y sus hijos Jorge Alberto, Carlos Enrique y José Luis Berg; Gabriela Flores y sus hijos Jorge Rubén Moreyra, Hugo César Moreyra y Félix Moreyra; los hermanos Daniel Jomich y Jorge Alberto Jomich; Anabel Longinotti, Liliana Sofía Longinotti y Roberto Longinotti, Omar Cortez, Ramón Miguel Valor, Daniel Laredo y Natalia María Ratcheff.

Las víctimas permanecieron secuestradas en el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás, el Destacamento de Somisa y la Delegación Local de la Policía Federal.

Para Di Lello, los hechos endilgados a Bossie, Piccione y Andrada “fueron perpetrados en el marco del plan sistemático de represión y exterminio llevado a cabo por el último gobierno de facto que asumió el poder en nuestro país, a partir del golpe de Estado cívico militar acontecido el 24 de marzo del año 1976”.