A cinco años del femicidio de Guadalupe Medina, la niña de 12 años que fue abusada, golpeada y ahorcada en una edificación abandonada de villa Banana, empieza el juicio oral contra Sergio Saravia, quien llega con pedido de pena de prisión perpetua. El imputado de 30 años fue acusado dos años después del hecho, mientras estaba preso y condenado por otro abuso sexual. En ese momento, la causa que tiene como víctima a la niña -y que tenía a otras personas imputadas- dio un giro cuando las pruebas de ADN arrojaron resultado positivo contra Saravia. "La situación de vulnerabilidad de una niña fue aprovechada por un varón con conducta misógina y abusiva", dijo Valentín Herenú, uno de los abogados querellante por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), en representación de la madre de Guadalupe.

En su acusación, la Fiscalía apuntó al delito de abuso sexual seguido de muerte; y la querella del CAJ planteó la figura de femicidio por entender que se trató de una "secuencia con innegable connotación sexista". En el planteo de disidencia de la querella, el año pasado, la fiscalía regional le dio la razón. 

En un primer momento hubo dos adultos y un adolescente acusados por el hecho. El caso generó conmoción y cuestionamientos al estado provincial, ya que los padres de la niña aseguraron que un año antes, en 2015, se acercaron a buscar contención para ella. Sumado a ello, en las primeras horas, la víctima fue confundida con otra chica. 

"En 2018 la investigación parecía agotada y vencía la prórroga extraordinaria de prisión de los acusados, que iban a quedar en libertad. La querellante por el CAJ era en ese entonces Martina Guirado, que un día estaba repasando la causa y hacía poco había cerrado un abreviado por abuso con el que detectó similitudes en la mecánica del hecho, la zona, y el apodo de Saravia que estaba mencionado. Ella pidió que se cotejaran muestras en esa causa con las extraídas del caso Guadalupe y dio positivo. Desde entonces, quedó Saravia como el único implicado", recordó Hereñú, querellante junto con Jorge Haurigot. 

En la audiencia imputativa de diciembre de 2018, el entonces fiscal Florentino Malaponte indicó que los resultados de ADN arrojaran resultado positivo con "margen de error casi nulo" sobre Saravia, quien ya estaba condenado a 9 años de prisión en una causa por abuso sexual a una comerciante, cometido seis meses después del crimen de Guadalupe y a 700 metros de donde encontraron el cuerpo de la niña. En aquel caso, la víctima volvía de bailar cuando el acusado la atacó y también la ahorcó, por lo que la mujer se desmayó. En la casa estaban su hijo y su sobrino, adolescentes, que fueron maniatados y encerrados.

Tras la imputación a Saravia, quedaron en libertad los dos jóvenes que habían sido imputados, señalados como miembros de la banda del Pandu.

En 2020 llegó el momento de presentar la acusación para elevar la causa a juicio. Los querellantes entendieron que la figura de femicidio debía imperar por entender que lo ocurrido con Guadalupe "es consecuencia de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de una sociedad patriarcal. Una expresión extrema de violencia resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres". 

El fiscal Alejandro Ferlazzo apuntó al abuso sexual seguido de muerte, figura que también contempla la pena a prisión perpetua. Ante esa diferencia, los querellantes presentaron un recurso a la fiscal regional María Eugenia Iribarren para que analice las figuras. En ese escrito consideraron que si bien lo planteado por el MPA "parecería ser abarcativo de los hechos, la situación requiere  de un litigio estratégico con perspectiva de género". Además, recordaron que la normativa expresa que "no es condición para configurar el contexto la violencia de género que exista una relación afectiva o de pareja, ni mucho menos una reiteración de hechos". Ese mismo año, la fiscal regional hizo lugar al planteo de la querella. 

Guadalupe era una de las seis hermanas Medina que tienen, además, un hermano más chico. El 25 de mayo de 2016 su cuerpo de fue encontrado en una construcción abandonada donde ladraban perros. Desde ese día, la familia no deja de exigir el esclarecimiento del hecho. "Estamos unidos como familia esperando justicia", dijo Rocío, unas de las hermanas mayores, a este diario.

Desde hoy, el tribunal integrado por Nicolás Vico Gimena, Rodolfo Zvala e Ismael Manfrín escucharán a una treintena de testigos, entre ellos a Lidia, la madre de la niña; además de analizar otros elementos de prueba para dar su veredicto.