Hace unos días, casi 300 trabajadores de la Pyme argentina, Tabacalera Sarandí S.A., han presentado una denuncia contra la República Argentina, en función de hechos que —según se desprende de los términos de la presentación— resultan constitutivos de diversas violaciones a los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, a saber: acceso a la justicia, derecho al recurso, derecho al trabajo y ejercer industria lícita, derecho a la propiedad, principio de igualdad y no discriminación.

La denuncia expone la existencia de un nuevo sistema normativo que establece una ecuación tributaria, que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas que previo a la promulgación de la ley de impuesto mínimo (llamada ley Massalin) practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco. 

Esto generaría un beneficio a los elaboradores de producto de mayor precio, reservando mercado a las Grandes Tabacaleras Multinacionales. La situación expuesta somete a las pequeñas tabacaleras locales a una carga tributaria que impone que, de cumplir con la ley, se llegaría a un estado de cesación de pagos que impediría la continuidad de las actividades. 

Por eso los trabajadores directamente tomaron la iniciativa para la formulación de la denuncia ante el organismo internacional.

La presentación realizada busca que la Comisión someta el caso a la Corte IDH, a fin de que eventualmente condene al Estado y, a modo de reparación, el Estado deje sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en virtud del precedente en este sentido “Fontevecchia”). 

Maximiliano Rusconi, profesional que acompaña la presentación, sostuvo que “…la denuncia ya fue recibida por la Comisión y, como consecuencia de ello, se generaron dos trámites ante el mencionado organismo; uno por la cuestión de fondo planteada y, el otro, por la medida cautelar que se solicitó. La situación de los trabajadores es verdaderamente desesperante, genera mucha angustia y dolor no solo en ellos, sino también en sus familias a causa de la violación de diversas garantías constitucionales generadas por la sanción de una reforma tributaria realizada “a medida” de las Grandes Tabacaleras para obtener aún mayores beneficios, y perjudicar a la competencia, las pequeñas tabacaleras locales”.