El abogado Mariano Fragueiro Frías estalló en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. Defiende a Héctor René Garro, que estuvo al frente de Vialidad provincial durante solo seis meses, de octubre de 2005 a marzo de 2006. Las obras viales que se mandaron a peritar son todas posteriores y está embargado por 22.500.000.000 (veintidós mil quinientos millones) de pesos, de los cuales no tiene ni un uno por mil. “Este juicio oral lleva dos años y medio --bramó Fragueiro-- y va a durar otros dos años y medio más. Este es un juicio oral que no es un juicio oral. No es justicia, viola cualquier tratado del plazo razonable al que tiene derecho un imputado. Por lo tanto, hago reserva constitucional para cuestionar todo esto”. 

El letrado reflejó lo que sienten muchos de los que son parte del juicio. Y más aún si se mira los que fueron anunciados como testigos para la semana que viene: el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; la exfuncionaria de Casa Rosada, Beatriz Quiroga, que intentó instalar que mantuvo una relación con Néstor Kirchner, es archienemiga de Cristina Kirchner y se desechó su denuncia de bolsos con dinero, por groseras contradicciones, y Roberto Lavagna, exministro de Economía, también enfrentado al kirchnerismo. “¿Qué pueden decir en concreto de, por ejemplo, la obra de la ruta 3, que es de lo que trata este juicio?", razonó Fragueiro.

La audiencia de este martes, como casi todas las anteriores, se centró en un solo testigo, el ingeniero Diego Cerdá, que estuvo en la inspección de obras en Santa Cruz. El exfuncionario declaró por segunda audiencia consecutiva desde la unidad de la Gendarmería en Río Gallegos y no aportó nada de nada a la acusación. Su testimonio --como casi todos-- es un ida y vuelta entre la fiscalía y los abogados, con permanente cuestionamiento a las preguntas, de manera que los integrantes del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso tienen que turnarse en la presidencia por lo empantanado del trámite. 

La sensación reinante es que pasan las audiencias y los fiscales --Diego Luciani y Sergio Mola-- no logran ninguna prueba sólida y el juicio se convierte entonces en una especie de tediosa búsqueda de algún elemento contra Lázaro Báez y en muy menor medida Cristina Fernández de Kirchner, que es la principal imputada, pero que casi no se la nombra. Todos los demás imputados --12 en total-- miran el juicio como si fuera un partido de tenis, con la pelota yendo de un lado al otro, con muy pocas concreciones, pero con la causa abierta, embargo de todos sus bienes y algunos de ellos, ya muy mayores, preguntándose si podrán ver en vida si son declarados culpables o inocentes.

“Pasaron dos años y medio --insistió Fragueiro-- y ni siquiera vinieron a declarar los denunciantes (principalmente el interventor de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel) y no vinieron a declarar los peritos que de verdad analizaron las obras”. Aunque el letrado no lo mencionó, tampoco prestaron todavía declaración los exjefes de Gabinete, que son los que redirigen partidas para pagar las obras que fueron votadas por el Congreso Nacional. Están previstos Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

La reserva constitucional que hizo Fragueiro apunta a que en algún momento cuestionará el juicio como violatorio de los derechos de defensa. El abogado considera que cinco años de audiencias --el estimativo actual de lo que puede durar el juicio-- van contra los tratados internacionales y contra las garantías más elementales. Queda la sospecha de que todo se está estirando para llegar a las elecciones presidenciales de 2023 y a un proceso de politización que, además, se evidencia en los testigos que se convocan, entre ellos los tres del lunes y martes que viene. En especial llama la atención la convocatoria de Beatriz Quiroga, que se presentaba como secretaria de Néstor Kirchner y escribió un libro sobre dinero y supuestos bolsos del fallecido presidente. La justicia dictaminó que “los hechos no existieron”. El fallo fue del juez Luis Rodríguez, pero el remate final, el cierre definitivo, lo hicieron dos jueces furiosamente antikirchneristas, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi. Pese a eso, Quiroga se sentaría a declarar como si fuera una autoridad respecto de las obras de ruta en Santa Cruz.