Ciudadanos y ciudadanas porteñas reiteraron este martes, durante una audiencia pública en la Legislatura, el rechazo a un paquete de convenios urbanísticos firmados entre el gobierno porteño y constructoras para levantar once nuevas torres, al considerar que incumplen con la Constitución local, y afirmaron que en el distrito "el problema no es la falta de vivienda" ya que existen 138 mil inmuebles vacíos.

El pronunciamiento vecinal se dio en la segunda jornada de la audiencia pública que se extendió por ocho horas en el Parlamento porteño y que siguió a la del viernes pasado, cuando también se escucharon voces en contra de los acuerdos urbanísticos que habilitan a ampliar la capacidad constructiva y la altura de futuras edificaciones en once terrenos de propiedad privada distribuidos en la Ciudad.

Los convenios contemplan que por el cambio en la normativa urbana, los empresarios paguen al Estado porteño una compensación económica que podría rondar los 30 millones de dólares, los que irán a un Fondo de Desarrollo Urbano Sustentable que financiará la reconversión de la zona de oficinas del microcentro porteño, afectada por la pandemia de coronavirus.

María Fukelman, vecina del barrio de Almagro, expresó la oposición a "la construcción de torres porque el problema en la Ciudad no es la falta de vivienda, sino la falta de acceso a la vivienda igualitaria" y recordó un "informe elaborado por el Gobierno porteño que muestra que en hay más de 138 mil casas ociosas".

Por su parte, la arquitecta Alicia Gerscovich manifestó su rechazo a los acuerdos y pidió "que se archive este megaproyecto de convenios urbanísticos financieros que incumplen con el contrato que ustedes, los legisladores, firmaron con la ciudadanía de defender el interés colectivo".

Gabriela Muzio, integrante del Colectivo de Arquitectas en defensa de las tierras públicas, también se opuso a "la utilización que pretende hacerse de esta herramienta que son los convenios urbanísticos", al tiempo que sostuvo que "en la Ciudad funciona un modelo de acumulación económica basado en la renta inmobiliaria".

La arquitecta Magdalena Eggers, experta en normativa, calificó de "vergonzosos" a los once acuerdos dado que "no respetan el entorno construido y superan ampliamente la altura permitida para el distrito", por lo que dijo que "espero que (Horacio) Rodríguez Larreta se dé cuenta que perdió el 10% de los votos por manejar a la Ciudad como una inmobiliaria"

A su turno, el ex director de Planeamiento Urbano porteño entre 2015 y 2019, Mariano Orlando, se refirió a "un proceso a la corporativización del suelo" que puede surgir en torno a los once proyectos de nuevas construcciones en altura. "Escindir la utilidad pública de la propuesta para el predio convierte a toda norma en objeto de negociación y, si toda norma es negociable, en suelo se puede corporativizar y quedar en manos de unos pocos", advirtió.

En tanto, Matías Amica, del colectivo barrial Vecinos Unidos de Núñez, sumó su repudio al paquete de convenios "por ser inconstitucionales"; al tiempo que Cecilia Carrillo Pinto, otra de las oradoras de la audiencia, sostuvo que "incumplen en proteger la identidad barrial".

Juan Carlos Arguero, en tanto, advirtió que "no cumplen con lo que establece el Plan Urbano Ambiental que indica que los convenios urbanísticos deben atender al interés público, ya que son de interés privado", así como también observó que "tampoco se pusieron a nuestra disposición los estudios de diagnóstico previo y de impacto ambiental" de cada una de las once torres.

Al respecto, días atrás un grupo de asociaciones sociales y barriales presentaron un amparo judicial para declarar la nulidad de los convenios y solicitar la cancelación de la audiencia pública que comenzó el viernes en el Parlamento porteño y continúa este martes.

En el escrito, los amparistas evaluaron que la administración porteña incumplió con el proceso establecido en el Plan Urbano Ambiental que rige en el distrito, que dispone que antes de girar los convenios a la Legislatura se deben cumplir unos pasos previos, como la presentación de un Estudio de Diagnóstico y una Evaluación de Impacto Ambiental de cada una de las torres proyectadas.

También, advirtieron que este paquete de acuerdos tampoco se ajustó al uso original para el que fueron creados los convenios urbanísticos, el que alude a que debe "estar restringido a casos en los cuales resulte evidente que su objeto y las correspondientes contraprestaciones puedan considerarse de nítido interés público".